Texto:
Ilustración: Laura Alderete


Recientemente se tuvo conocimiento de la decisión de la Fiscalía Nº 9 de nuestra ciudad, a cargo de la Fiscal Daniela Meiriño, de archivar dos denuncias por abuso sexual (EXPTE Nº 21453/2016-1 y EXPTE Nº 306331/2016-1).

Se trata de Rosalía Alvarado y María Belén Duet, dos mujeres adultas que fueron abusadas sexualmente en su infancia y que durante años tuvieron que lidiar cada una a su modo con esa tortura.

Una vez adultas, lograron la confianza necesaria para superar la angustia y el manto de silencio que envuelve a este tipo de crímenes y quisieron denunciar lo padecido.

Tras la reforma de la Ley N° 27206 conocida como de “Respeto a los Tiempos de las Víctimas”, se esperanzaron en tener acceso a la justicia.

La citada ley, promulgada en noviembre de 2015, recoge todas aquellas elaboraciones normativas, doctrinarias y jurisprudenciales de los últimos tiempos, y las normas internacionales en materia de Derechos Humanos a las cuales nuestro país ha adherido, como por ejemplo la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (1989); que reconoce el ejercicio de derechos como el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y fundamentalmente el interés superior del niño como principio rector.

Lo hace al introducir una modificación sustancial en el Código Penal al ampliar los plazos de prescripción para estos delitos, independientemente del tiempo transcurrido entre la concreción del mismo y su denuncia.

La iniciativa legislativa promovida por la Senadora Nacional Sigrid Kunath fue presentada a raíz del caso de Justo José Illaraz, Prefecto de Disciplina del Instituto Secundario Seminario Arquidiocesano de Paraná, acusado de abuso sexual por hechos acaecidos entre los años ochenta y noventa contra ex seminaristas que se encontraban bajo su tutela.

En este caso emblemático, la justicia entrerriana se inclinó por garantizar el acceso a la justicia de esos niños, que hoy adultos pudieron denunciar, es decir, veinte o más años después de los hechos ocurridos.

Es justamente este camino de verdad y justicia por el que optaron los jueces entrerrianos que inspira la ley 27. 206.

Desde Al Fin Justicia, junto a otras instituciones y organizaciones celebramos y difundimos la ley al considerar que la misma constituye una herramienta contra la impunidad de la que gozan los perpetradores de uno de los peores crímenes cometidos contra la infancia, como lo es el delito de abuso sexual; como así también promueve nuevos debates al interior del sistema jurídico.

Consideramos que el derecho no puede estar al servicio de la desprotección de las víctimas y legitimar la violencia que implican estos delitos.

El debido proceso hacia el acusado es absolutamente idéntico que el debido proceso hacia la víctima,  garantizar los derechos de las víctimas no tiene absolutamente nada que ver con violar los derechos del acusado.

La mejor ley es aquella que marca un camino de acceso a la justicia para las víctimas y la sociedad toda, que se construye desde la humanidad.

La perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Virginia Berlinerblau con respecto a la ley sostiene: “Para entender los efectos de esta ley, es preciso partir de las graves derivaciones traumáticas de actos criminales que implican la intrusión en la sexualidad infantil. Las leyes de la cultura y del lazo social que humanizan son arrasadas en y por el acto pedófilo (…) La denuncia es un acto de otro orden, es un llamado a poner las cosas en su lugar, a llamarlas por su nombre, a reinstaurar la ley y sólo la institución judicial tiene la función privilegiada para hacerlo. La denuncia en la adultez puede ser entendida entonces como un insistente reclamo a la legalidad que le fue negada de niño. La que le otorga la esperanza de transitar el pasaje de objeto a sujeto, de víctima a sobreviviente, de sujeto del derecho a sujeto de derecho. Es una contribución efectiva desde la igualdad formal a la igualdad sustancial ante la ley”.

La decisión de la Fiscal, a nuestro entender,  consagra la peor de las violencias que las instituciones del derecho puedan alcanzar, silencia el grito de justicia de quienes han sido vulnerados y envía un terrible mensaje a la sociedad: ¿Para qué denunciar estos delitos contra la infancia?

Rosalía y Belén continuarán luchando por el acceso a la justicia. No son las únicas causas que se tramitan en el poder judicial de estas características y no están solas. Las mujeres en nuestro país no se callan más los abusos.

Anhelamos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias.

Al Fin Justicia para niñas, niños y Adolescentes víctimas de abuso sexual

(Organización Comunitaria  dedicada a visibilizar y denunciar el delito de abuso sexual en la infancia).