Escribe: Natalio Pochak

Este comienzo del año 2018 (por cierto, deseo un feliz año para todos y todas) se cumple el 70º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, proclamados en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el preámbulo del mismo se enuncia que se posiciona “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.

Y en el artículo 25º afirma que “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.

En 1959, nuestra humanidad organizada decidió comenzar a repensar el lugar de la infancia y se realizó la primera declaración de derechos propia para los niños.

 

En un proceso de discusiones y acuerdos, las naciones continuaron repensando el lugar de la infancia en la humanidad. A lo largo de esos 30 años, las ciencias sociales y la psicología acrecentaron sus trabajos de investigaciones; la pedagogía y la medicina propiciaron nuevos paradigmas y ampliaron su cobertura; el mercado potenció sus productos destinados a los niños y se comenzó a instruir a la infancia como sujeto de consumo; también se vivenciaron transformaciones en la familia como institución social y en el rol social de la mujer.

En 1989 se estableció la Convención de los Derechos de los Niños, de carácter obligatorio para los Estados Naciones que forman parte. Un año más tarde el Congreso Argentino sancionó su aprobación bajo la Ley Nº23.849.

Una de las cuestiones más importante durante esta segunda parte del siglo XX estuvo, sin dudas, vinculada a pautar, acordar y concretar para la infancia un modelo legal que favorezca su modo de existencia.

Este marco legal constituyó la ruptura de dos miradas: una que afirmaba que niños y niñas eran adultos pequeños y otra que los definía como una tabla rasa que debía llenarse a imagen y semejanza de los deseos de los adultos.

Seguimos en este proceso de construir una nueva relación entre los adultos para con la infancia. Porque aprendimos que toda relación es una relación de poder, de dominación.

Los marcos conceptuales y legales favorecen y generan los límites necesarios en las relaciones sociales.

Este repensar la relación adulto –infancia implica llenar de contenidos y de acciones concretas el marco legal construido a lo largo del siglo XX y consolidar un nuevo paradigma que salga de la letra escrita y se refleje en la realidad de la vida cotidiana.

Tal como afirmó Eduardo Bustelo, un gran defensor de los derechos de niños y niñas: “los derechos se reconocen en su condición de existencia pero se desconocen en su condición de ejercicio”. Y el Estado tiene una función innegable e intransferible para lograrlo.

A lo largo de estas columnas de opiniones y entrevistas realizadas a personas dedicadas a la infancia, intentaremos aportar ideas al debate con el propósito de emprender un conjunto de acciones que favorezcan a la infancia de gozar de su existencia plena.

Te invitamos.