La violencia machista debe ser entendida como un problema de SALUD PÚBLICA.

En la actualidad sólo un 30 % de las mujeres se anima a denunciar. La pregunta es qué pasa con aquellas que se callan. En la mayoría de los casos el agresor es hombre, pareja o ex pareja de la víctima.

Quienes se animan a denunciar se introducen en un sistema devastador de maquinarias institucionales que reproducen la violencia en vez de soslayarla y trabajarla desde diversos dispositivos que verdaderamente contengan, prevengan y funcionen.

Hace 20 años, en un trabajo realizado para la Red Nacional de salud de la mujer, la licenciada Graciela M. González y la Doctora Aida Remesar analizaron la gravedad de las situaciones de violencia que padecían las mujeres de todas las edades en el ámbito familiar y llegaron a la conclusión de que “no se trata de unos pocos casos, como suele pensarse, que ocupan de vez en cuando la primera plana de algunos diarios sensacionalistas” sino que “la agresión llega al asesinato o al suicidio”. Efectivamente, algunas estadísticas aportadas por la ONU del año 1997 demostraron que en Estados Unidos la violencia doméstica hacia las mujeres se daba en un 67% de las parejas. De este porcentaje, un 47% presentaba alguna enfermedad psicosomática y el 32% había sido agredida por primera vez durante el primer embarazo. Según datos del FBI del mismo año, sólo teniendo en cuenta casos denunciados, una mujer era maltratada cada 15 segundos.

Si analizamos algunos datos de la actualidad, podemos decir que la violencia ha crecido en todos sus aspectos. Según estadísticas dadas por la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica (NCADV) cada 9 segundos una mujer es golpeada. 38 millones de mujeres han experimentado violencia física alguna vez en su vida, siendo las mujeres jóvenes (de 18 a 25 años) y las afroamericanas las más afectadas (35% más que las blancas). Muchas de estas mujeres tienen miedo de hacer la denuncia a la policía. Según el FBI, sólo el 46% acude a las autoridades para pedir ayuda.

Que una mujer sea violentada cada 9 segundos representa una cifra un 60% mayor a la registrada hace 20 años atrás. Debe considerarse alarmante el incremento de la violencia además de que aún existe un porcentaje muy alto de víctimas que se encuentran silenciadas.

En nuestro país, el observatorio de la violencia contra las Mujeres “Ni Una Menos”, perteneciente al Movimiento MuMaLá, dio a conocer cifras de los femicidios ocurridos durante el año 2017.  En dicho informe se concluye que, de los casi 300 femicidios que ocurrieron en 2017, el 90% fueron cometidos por hombres del círculo íntimo y conocidos de la víctima, mientras que apenas el 4% fueron cometidos por extraños. En lo que refiere a la irresponsabilidad del Estado y, particularmente, del Poder Judicial, el 18% de las víctimas había realizado denuncias previas, de las cuales el 12% tenía, incluso, medidas de protección.

Otra de las violencias hacia las mujeres, invisibilizada pero existente, es la que está asociada a los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Si tenemos en cuenta algunas cifras de nuestro país respecto del tipo de vínculo, modus operandi y características del femicida, podríamos correlacionar los comportamientos del asesino con los de un abusador.

En una investigación realizada por esta revista en 2016 titulada “Lxs niñxs no mienten” se llegó a cifras muy similares en cuanto a las características que conforman el perfil de quien ejerce la violencia.

La violencia hacia las mujeres que son madres es también violencia hacia y para sus hijxs. Debe tenerse en cuenta también la violencia vicaria (violencia desplazada hacia los hijos para agredir a las madres).

El informe de MuMala dice que de los 300 femicidios registrados en 2017, más de la mitad (52%) de las mujeres eran madres. Como afirma Graciela González “los niños/niñas víctimas y/o testigos de violencia en la familia, reproducen, en un alto porcentaje, actitudes violentas, porque las incorporan como una pauta cultural aprendida dando lugar a una nueva generación de golpeadores y maltratadas/os”.

La violencia no es una enfermedad, sino que es etiología de la enfermedad y no es un problema privado, sino público. Es necesario plantearlo como problema de la salud pública y abordarlo desde esta perspectiva. Esto implica un compromiso de los trabajadores/as de la salud con el tema y una adecuada forma de intervención que posibilite acciones de prevención y atención adecuadas. Se hace necesario incluir en las historias clínicas preguntas dirigidas a detectar distintas formas de abusos y/o violencias si las hubiera y preguntas específicas en caso de comprobarlas (Graciela González y Aida Remasar, 1997)

Las consecuencias de la violencia en la salud psíquica requieren de tratamientos especializados. El Estado y la sociedad deben tomar esta problemática de manera seria y responsable y garantizar soluciones. Se requiere de mucha formación y presupuesto para comenzar, al menos, a cambiar la perspectiva. El movimiento de mujeres ha cobrado una fuerza y una masividad fenomenal en los últimos 3 años. Aún así, la violencia se ha incrementado en un 60% en los últimos 20 años. Al menos, eso es lo que evidencian los números de los casos denunciados. Los casos que no se denuncian seguirán habitando el territorio del silencio y el secreto… ¿Por mucho tiempo?

El presupuesto debiera incrementarse bastante como para abordar seriamente la realidad diaria de las mujeres. En una nota realizada por Página 12 a Raquel Vivanco, se afirmó que el presupuesto asignado al Instituto Nacional de las Mujeres (ex Consejo Nacional de las Mujeres) fue durante el 2017 de sólo $8,50 por mujer y que el gobierno no ha llevado adelante ninguna campaña de sensibilización ni prevención.

Será necesario atravesar un largo debate y tomar una decisión política definitiva respecto a los casos de violencia y abuso intrafamiliar visibles y no tan visibles. Si la mayoría de las mujeres y niñxs son maltratadxs puertas adentro, ¿cómo es posible una intervención sin romper esa madianera que separa lo público de lo privado?  Lo personal es político ¡Basta de privatizar las violencias! Es que cuando una mujer o un niño es violentado, es el Estado y la sociedad toda la que debe tomar cartas en el asunto. El estado es responsable, todxs nosotrxs lo somos. Pero debe quedar claro ¡Se trata de Salud pública! No deja de ser violencia porque se desarrolle entre cuatro paredes.

 


Por qué es un problema difícil de abordar*

Los integrantes del equipo de salud se encuentran ante diferentes obstáculos que les impiden reconocer la gravedad del problema de la violencia hacia las mujeres en la familia y por lo tanto la forma de identificarla.

Dificultad de asumirlo como un problema de Salud

  • No saber cómo intervenir
  • Sentimiento de impotencia frente al problema
  • Preocupación por el tiempo que le va a incurrir
  • Temor a involucrarse en cuestiones jurídicas y/o policiales
  • Sobre todo si el agresor aparenta ser una persona inofensiva
  • Prejuicios sexistas: creer que las mujeres son masoquistas y les gusta que les peguen. Creer que ellas provocan a sus compañeros. Creer que nadie tiene que intervenir en peleas de familia porque son “un asunto privado”. Creer que la violencia sólo se da entre pobres, alcohólicos o desocupados y que son casos aislados

*Creado por la licenciada Graciela M. González y la Doctora Aida Remesar para la Red Nacional de Salud de la Mujer