Por Nicolás Dulcich
Fotos proyectoallen.com.ar

Con sólo una firma, el presidente de la Nación alteró las funciones operativas de las FF.AA. Eludiendo al Congreso Nacional, Mauricio Macri quebrantó una de las pocas políticas de Estado que existen en nuestro país. El anuncio se hizo en Campo de Mayo, pero el escenario, el micrófono y el discurso fueron armados por el Fondo Monetario Internacional.

Desde el retorno del sistema democrático hasta el pasado lunes, los asuntos relativos a la “seguridad interior” estaban a cargo de las distintas fuerzas policiales que existen a lo largo y ancho del país, bajo estricto control civil. Esto fue el producto de un consenso establecido entre la gran mayoría de las fuerzas político-partidarias durante el gobierno de Raúl Alfonsín: se acordó la no intervención de las FF.AA. en asuntos internos, separando la Defensa de la Seguridad. Para entender el porqué de esta decisión política, es necesario recapitular.

Con el golpe del 1976, las Fuerzas Armadas impusieron, de facto, un marco de sentido que trascendió los límites conceptuales del Estado de Derecho como fundamento jurídico de la República. Ese marco fue el resultado de la adopción de la doctrina de guerra contrarrevolucionaria elaborada por las FF.AA. francesas en el contexto de la Guerra Fría e incorporada por la Escuela Superior de Guerra Argentina durante la autoproclamada “Revolución Libertadora”, a comienzos de 1957.  De acuerdo con aquella doctrina, el occidente cristiano, el “mundo libre”, se encontraba asediado por el avance del comunismo a nivel global, provocando un enfrentamiento solapado entre dos sistemas: capitalismo y comunismo. El adjetivo no es casual; no se trataba de una guerra abierta entre dos ejércitos regulares sino de un nuevo tipo de guerra para la cual las FF.AA. de las principales potencias occidentales no estaban preparadas para enfrentar. Desde esta mirada, las derrotas occidentales en Indochina, Argelia, Cuba y otros teatros de operaciones de la periferia mundial, evidenciaban la necesidad de comprender el nuevo escenario geopolítico y militar para adaptarse a la coyuntura. Esto implicaba, a grandes rasgos, alterar el modus operandi del accionar marcial tradicional.

El coronel de caballería del ejército argentino, Osiris Villegas, en una publicación oficial del Círculo Militar titulada “Guerra Revolucionaria Comunista” y editada en 1962, planteaba el siguiente interrogante:

¿Puede la democracia oponerse al comunismo con probabilidades de éxito? En tal caso, ¿hasta dónde esta oposición puede ser llevada a cabo sin vulnerar los procedimientos y principios que constituyen la base misma de la democracia? […] ¿es necesario defender la libertad, mediante procedimientos que son opuestos a lo que el ideal democrático preconiza? En otros términos: los principios básicos de la democracia son sólo aplicables para quienes profesan esa ideología y se ajustan a sus normas de convivencia, pero ¿es necesario recurrir a otros métodos, que pueden resultar no democráticos, para defender esta concepción de la vida? ¿Es lógico que la libertad individual o colectiva, que prima dentro de un régimen de democracia, pueda ser empleada para atentar contra la democracia misma?

Este párrafo permite entrever con bastante claridad la preocupación del cuerpo militar argentino durante la proscripción peronista (pleno contexto de la Guerra Fría), y la postura que éste habría de tomar progresivamente a partir del golpe de 1955.

Ante el complejo escenario mundial, las FF.AA. de nuestro país alteraron su doctrina y adaptaron su contenido de acuerdo a intereses foráneos. Todo esto, por supuesto, bajo el pretexto de “defender” la Nación y su estilo de vida occidental y católico. Y para ello, resultaba necesario eliminar la presunción de inocencia como principio básico del Estado de derecho y la redefinición del “enemigo”.

Roger Trinquier, coronel de la armada francesa, veterano de las guerras de Indochina y Argelia, y teórico principal de la doctrina de guerra contrarrevolucionaria, afirmaba que el “terrorista” no podía esperar el mismo tratamiento que un prisionero de guerra capturado en el campo de batalla. En un libro titulado La guerra moderna, Trinquier advierte que “ningún abogado está presente cuando se efectúa el interrogatorio”, y continúa explicando que “si el prisionero ofrece rápidamente la información que se le pide, el examen termina enseguida. Pero si esta información no se produce de inmediato, sus adversarios se ven forzados a obtenerla empleando cualquier medio. Entonces el terrorista, como antes el soldado, tiene que soportar sus sufrimientos, y quizás hasta la misma muerte, sin decir ni media palabra.”

Esto fue exactamente lo que sucedió en nuestro país. La oficialidad de las FF.AA. argentinas enmarcó su accionar represivo dentro de una doctrina marcial que redefinió al enemigo. La hipótesis de conflicto no residía ya en un ataque o invasión por parte de un Estado o potencia extranjera, sino que estaba en el seno mismo de su territorio. En un movimiento no exento de esquizofrenia, la “defensa nacional” suponía ahora un “enemigo nacional”. La tarea militar consistía, entonces, en identificar a este nuevo enemigo connacional y aniquilarlo. Fue así como surgió el concepto de “terrorista”; un sujeto definido por potencias extranjeras, y de acuerdo a sus propios intereses, que quedaba exento del pleno usufructo de las garantías constitucionales propias de un Estado de Derecho democrático.

Por todo esto, el decreto 683/2018 supone un gravísimo retroceso que adquiere sentido en el actual escenario de endeudamiento, ajuste y recesión. Nuestras FF.AA. no deberían actuar como garantes del saqueo y la especulación financiera dirigidos desde las oficinas del Fondo Monetario Internacional en Washington. Los hombres y mujeres integrantes de las tres armas organizadas bajo el pabellón nacional deberían sentirse profundamente ofendidos ante este bochornoso acto de entrega y sumisión nacional. Su labor de Defensa supone atender asuntos caros a nuestros propios intereses estratégicos: resguardo del territorio y protección de sus recursos naturales; seguimiento constante del legítimo reclamo de soberanía sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur frente a la usurpación colonialista británica; continuadores del proceso de integración regional iniciado por sus predecesores de Mayo; comprometidos con la estabilidad de la democracia y el principio de autodeterminación de los pueblos y su bloque continental; salvaguardia y fomento de una infraestructura logística capaz de mantener la unidad e integridad del territorio, en los ámbitos terrestre, aéreo, marítimo y pluvial; entre tantos más.

Colombia y México ofrecen una imagen nítida del futuro oscuro que se nos presenta si continuamos por este camino. Como sociedad debemos manifestar nuestro profundo rechazo ante esta política de entrega nacional y reclamar a las FF.AA. que asuman su rol de Defensa y se opongan a ser el brazo represor del Fondo Monetario Internacional.