Escribe: Equipo de Investigación de Hamartia y La Simón Bolívar
Ilustra: Maite Larumbe

Lxs niñxs no mienten

¿Conocés algún caso de abuso sexual en la infancia? ¿Conocés a algún adulto que haya sobrevivido a un abuso? ¿Cuántas veces los niños no pueden expresar lo que les pasó? Y cuando pueden expresarlo y piden ayuda, ¿cuántas denuncias llegan a obtener la condena del abusador? Aún cuando los niños piden ayuda, las instituciones actúan revictimizándolos y ponen el ojo en quienes los acompañan a denunciar, mayormente sus madres. Son “madres protectoras”, que han decidido luchar contra los pedófilos y contra sus cómplices, muchos de ellos en el Poder Judicial. Son madres que luchan por justicia y que buscan que los niños sean escuchados. Se las acusa falsamente (y sistemáticamente) de locas, de fabuladoras. Por eso queremos gritar que lxs niñxs no mienten.

El presente informe forma parte de una Campaña de visibilización contra el abuso sexual en la infancia. Protegemos la identidad de los niños y niñas así como de las madres protectoras. En la redacción usaremos “niño”/”niñez” para referirnos a las infancias, sin determinar el género, con intención de nombrar niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. Este primer informe parte de 40 denuncias de abuso sexual en la infancia en la Ciudad de Buenos Aires, relevadas por un equipo de investigación integrado por redes de madres protectoras y sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, periodistas, psicólogas y militantes de organizaciones políticas y sociales comprometidas con la lucha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A partir de estos 40 casos, realizamos entrevistas a las madres denunciantes y a sobrevivientes (ya adultos hoy en día), a psicólogas y juristas, entre otros, y documentamos con material de los fallos en los fueros civiles y penales, con material periodístico y bibliografía específica sobre la temática.

El Abuso Sexual en la Infancia es una realidad

El abuso sexual en la infancia ocurre mayoritariamente en el ámbito familiar. En el 90% de los casos los perpetradores son conocidos de la familia. Según la fuente consultada, los abusadores son progenitores en entre el 65 y el 80% de los casos. A nadie le gusta acercarse a la idea de que un niño pueda ser abusado. Menos aún por su propio padre. Sobre todo, cuando ese padre abusador es visto por el común de la gente como un hombre tierno e inofensivo, una persona de bien, solidaria, trabajadora, y cuyo único signo distinguible es, justamente, su capacidad de caerle bien a la gente, su perfil seductor.

En la Argentina, rebalsan denuncias por abuso sexual en la infancia. Nadie informa acerca de qué hacer en una circunstancia de tal alarma. El sistema es tan reacio a visibilizar esta realidad, que, ya desde el primer momento, a la hora de realizar la denuncia, son los propios policías y/o fiscales los que se anticipan al derrotero judicial en puertas, a la trampa patriarcal en su máxima expresión, y tientan a quienes denuncian este hecho aberrante a dar un paso atrás. Incluso los propios defensores públicos advierten, desde el comienzo, la posibilidad de que las acusaciones contra el abusador se vuelvan en contra de quien denuncia.

Sólo en el 30% de los casos de abuso sexual en la infancia se realiza una denuncia judicial. A partir de la decisión de denunciar, debería iniciarse un camino reparatorio para la víctima.

En Argentina, hubo algunos avances legislativos de los últimos años: la sanción en 2005 de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la sanción en 2009 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, las decisiones judiciales en 40 casos relevados por este equipo de investigación, todos ellos en la Ciudad de Buenos Aires, pone en evidencia que los procedimientos llevados a cabo por los funcionarios judiciales vulneran los derechos de las víctimas de abuso sexual en la infancia y de sus madres protectoras.

El manual “Abuso sexual en la infancia, guía para orientación y recursos disponibles en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires”, editado por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer indicó que en la Oficina de Violencia Doméstica desde 2008 a 2014 fueron denunciados 1762 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Por su parte, el Programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación aporta datos del Equipo Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Sexual: en 2012 se detectaron 540 niños/as víctimas de violencia sexual, mientras que en 2013 fueron 581 las víctimas detectadas. De éstos, la mayoría fueron “tocados por la fuerza” (49,8% de los niños abusados en el 2012 y 53,9% en el 2013); mientras que fueron obligados a tener relaciones sexuales vaginales, orales o anales el 36,7% de los niños abusados en 2012 y el 30,3% en 2013.

Las cifras por denuncias de abuso sexual en la infancia son elevadas. Si bien hoy en día existe una mayor permeabilidad a hablar y denunciar, se estima que en sólo el 30% de los casos se realiza una denuncia judicial. A partir de la decisión de denunciar, lo que debería iniciarse es un camino reparatorio para la víctima. En primer término, este camino debería pasar por obtener el reconocimiento social y simbólico de que un derecho humano fundamental ha sido violado. En segundo término, por conseguir la seguridad de que el Estado no permitirá que dicha violación de derechos continúe; y en tercer término, se debería condenar a una pena al perpetrador del abuso. Sin embargo, en la dura realidad, el camino que se inicia al denunciar se encuentra en las antípodas de una situación ideal.

El sistema es tan reacio a visibilizar esta realidad que los propios defensores públicos advierten que las acusaciones contra el abusador pueden volverse en contra de quien denuncia.

Al denunciar, el camino que se emprende no es reparatorio, sino frustrante y revictimizador. Tal es así, que el recorrido que comienza una mujer tras interponer una denuncia por violencia machista es llamado “ruta crítica” por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De igual forma, cuando se trata de una denuncia por abuso sexual en la infancia la realidad nos muestra que el procedimiento judicial revictimiza, por concentrarse más en investigar a las víctimas que al presunto perpetrador del delito. ¿Por qué? Porque el sistema patriarcal siempre sospecha más de las mujeres y de sus hijos denunciantes que de los hombres abusadores. Antes de aceptar la posibilidad de que un hombre abuse sexualmente de su hijo/a, en este sistema, parece mucho más fácil y cuerdo sospechar que la mujer y/o el niño/a están mentalmente desequilibrados o guardan intereses espurios. El sistema está preparado para las cacerías de brujas, pero al parecer no lo está para la condena de hombres abusadores. Tal es así que el índice de abusadores condenados en el mundo es uno por 1000 denunciados.

Los abusadores, sobreseídos y libres

Luego de realizar entrevistas en profundidad con madres protectoras y sobrevivientes, en donde se tuvo acceso a expedientes y se analizaron las resoluciones dictadas por magistrados en causas de la Ciudad de Buenos Aires, este equipo de investigación obtuvo varias conclusiones. De un total de 40 mujeres de entre 25 y 50 años que denunciaron judicialmente casos de abuso sexual en la infancia, la mitad tiene estudios universitarios completos y casi la totalidad corresponde a un grupo socio-económico medio. En 39 de los 40 casos relevados (97.5%) los imputados por abuso sexual en la infancia obtuvieron un sobreseimiento. En más del 75% de los casos, la decisión de dejar libre al abusador está basada o tiene una fuerte apoyatura en la teoría de Richard Gardner (de ideología pedófila, ver recuadro sobre Gardner), que postula la existencia del Síndrome de Alienación Parental (SAP). Apoyándose en este falso síndrome, del cual ha sido demostrada su inexistencia y su utilización sesgada a favor de los imputados o denunciados, en la mayoría de las resoluciones se alega que la madre “despechada y vengativa” ha “implantado un discurso” en contra de su progenitor y que, ante tal “lavado de cerebro”, los niños fabulan el abuso. La instalación de la creencia sobre las falsas denuncias daña a las víctimas y perfora los procedimientos llevados adelante en el ámbito judicial. Habría que preguntarse: ¿dónde está puesto el interés del tribunal?

Por otra parte, es menester señalar que en el 90% de los casos relevados se comprueban antecedentes de violencia por parte del denunciado hacia las víctimas (la mujer y el niño). Entre las violencias, encontramos la física, sexual, emocional, psicológica y económica. Golpizas. Empujones. Violaciones sexuales. Amenazas de muerte hacia la mujer y hacia sus hijos. Manipulaciones discursivas. Fugas del hogar por parte del victimario.

“Recuerdo cuando con una trompada volaron los vidrio del ventanal de living. Mi hijo tenía cuatro meses de vida”, relata una de las madres. “Me agarró del cuello y me dijo ‘Hija de puta te voy a matar, los voy a matar a los dos’, luego de arrojar el teléfono por la ventana de un piso 12″, refiere otra mamá que hace dos años y medio denunció abuso sexual en la infancia. “Me dijo que si no teníamos otro hijo nos iba a abandonar”, nos cuenta una madre que ahora tiene que enfrentar una revinculación forzada. “Lo levantó hasta el techo y lo revoleó al piso. Gracias a Dios no le pasó nada. Pero cada vez que me acuerdo de eso, se me pone la piel de gallina”, describe una madre que hizo la denuncia a principios de este año.

Por último, se destaca que en más de la mitad de los casos, las madres no recibieron apoyo de sus círculos más cercanos en lo inmediato y se encontraron muy solas a la hora de realizar la denuncia. Sin embargo, a la fecha, la mayoría de ellas están organizadas y en redes, ubicándose en un lugar de empoderamiento en contraposición al punto de partida.

A las denunciantes les espera lo peor en la justicia penal y civil. Como afirma el Juez Rozanski, “las madres que denuncian viven un calvario”. ¿Por qué? Porque el dispositivo judicial está hecho para poner las cosas justamente al revés de cómo empezaron. Algo que dicen la mayoría de los Defensores de Menores, al comienzo del proceso. Así se lo anticipó a una madre el defensor público de menores e incapaces Atilio Álvarez: “Mirá que después se te viene toda la maquinaria en contra”. Al respecto, una de las madres entrevistadas afirma que en la Cámara de Apelación B en lo Civil (integrada por Roberto Parrili, Claudio Ramos Feijoó y Mauricio Luis Mizrahi) fue notificada que, de continuar con sus apelaciones a las sentencias resueltas por los mismos, el Juzgado daría curso a la reversión de tenencia.

En 39 de los 40 casos relevados los imputados por abuso sexual en la infancia obtuvieron un sobreseimiento.

En otro caso, el relato explícito de un niño en Cámara Gesell fue invalidado porque aclaró, al finalizar la sesión, que ya había dicho todo lo que su madre le había pedido que dijera. A eso le siguió un sobreseimiento que terminó en sentencia firme. Al siguiente mes, el niño fue sorprendido en la puerta del colegio ante la llegada de una trabajadora social acompañada por la madre del abusador (la abuela paterna del niño), quien lo obligó a recibir un regalo por parte de la señora. La medida fue dictada por un juez civil que defiende públicamente las teorías del pedófilo Richard Gardner. La trabajadora social había tenido dos intervenciones previas. En la primera, había manifestado que la palabra del niño era lo más importante. En la segunda, le había dicho al niño que estaba mal que llorara y que tenía que aprender a perdonar, refiriéndose así a que el niño debería perdonar los abusos sexuales de su propio progenitor. El tercer encuentro se produjo sin notificación previa y con la complicidad del colegio, ya que conjuntamente con la directora insistieron en que el niño recibiera ese regalo. El resultado fue contundente: el niño arrojó el regalo al piso e insistió en que no quería nada de esa señora.

En otro de los casos, la madre se enteró del estado de la causa judicial porque la policía irrumpió en su casa explicándole que se tenían que llevar a su hija para que viera a su progenitor, sobreseído de la denuncia de abuso sexual a la niña. El abogado defensor nunca fue notificado del estado de la causa.

En seis de los casos relevados el proceso penal acabó luego de que una sentencia quedara firme por no apelar en tiempo y forma. La recurrencia de este problema lleva a dudar seriamente de que el problema se deba al simple descuido por parte de los letrados. En efecto, algunos peritos tecnológicos afirman que el reciente sistema de notificaciones virtuales puede ser fácilmente manipulado y es actualizado a destiempo. Es llamativo además comprobar que en el 90% de los casos son los fiscales quienes sugieren el sobreseimiento al juez y que en 20 de los 40 casos analizados el fiscal también sugiere que se inicie causa de daños y perjuicios contra la denunciante. Como puede verse, la justicia actúa convirtiendo al abusador en víctima y a las madres de niños abusados en victimarias. ¿Qué mejor intimidación que esa? El mensaje a la sociedad es claro: “los abusadores tienen todas las de ganar, no los denuncien, porque si lo hacen serán ustedes las perseguidas y condenadas”.

En el 90% de los casos son los fiscales quienes sugieren el sobreseimiento al juez; en el 50% de los casos el fiscal sugiere que se inicie causa de daños y perjuicios contra la denunciante.

Pero no sólo son los funcionarios de la justicia los que participan de este amedrentamiento a las víctimas. El sistema cuenta con toda una cadena de actores aledaños que, no sabemos si en forma consciente o inconsciente, participan del mismo disciplinamiento y revictimización. En un centro de revinculación, una psicóloga perteneciente al Centro Scrabel (dirigido por India Alemán), le sugirió a la madre de la niña que no “estaría mal” pegarle un chirlo a su hija, “porque era una actitud muy caprichosa la de no querer ver al padre“.

En la misma dirección, resulta ilustrativo aunque desagradable citar textualmente lo que un juez penal dijo a una madre protectora: “Aunque me traiga al nene con la cola lastimada y un agujero de 30 centímetros, acá no hubo, ni va a haber abuso”, palabras que fueron pronunciadas cara a cara en una audiencia entre las partes.

En otra causa, una madre gastó cerca de $90.000 en un año poniendo peritos de parte en todas las pericias que requirió el proceso, incluyendo honorarios de abogados y atención psicológica. Además de sus ahorros, le costó el compromiso de varios créditos. Sin embargo, más allá de la presentación de la querella y los peritos de parte presentados, la doctora Chicatto, del Cuerpo Médico Forense, afirmó que la madre estaba realizando “depositaciones masivas en el niño”, es decir, usando a su hijo para expresar algo que le había pasado a ella. Lo curioso es que la madre mencionada nunca fue notificada de la realización de las pericias, por lo que dichas pericias nunca se realizaron. Violenta y asusta que una “especialista” del Cuerpo Médico Forense arribe a conclusiones basadas en evaluaciones que nunca se llevaron a cabo.

En otro caso, la misma doctora señala la presencia de “resentimiento, venganza y relatación” y “depositaciones masivas de su perturbación psicosexual en la persona del hijo”. Este tipo de afirmaciones, que responden a la lógica del falso Síndrome de Alienación Parental, se repiten en 30 de 40 sentencias.

El “Síndrome de Alienación Parental” y la impunidad de los abusadores

Un dato de suma relevancia que resulta del análisis de esta investigación es que la mayoría de las sentencias se parecen entre sí. En muchos de los expedientes analizados, literalmente se evidencia un burdo “copie y pegue” de los argumentos de la defensa de los acusados de abuso. La búsqueda de jueces y fiscales, así como de los peritos del Cuerpo Médico Forense, se centra en si “existen indicios de fabulación en el relato que la madre hace de los hechos denunciados; si los juicios de valor sobre parte o todos los hechos se encuentran condicionados por alguna característica propia de su personalidad”. La mujer denunciante es objeto de un trato tendencioso que la revictimiza, asumiéndose de entrada que es posible que fabule las imputaciones. En 30 de 40 casos relevados, las resoluciones de los agentes judiciales se fundan en la base teórica del ya extensamente probado falso Síndrome de Alienación Parental (SAP): se aduce que la madre es fabuladora y se descree del relato del niño. Con esta figura, el abusador logra revincularse con el niño e, incluso, en algunos casos, llega a obtener la tenencia y a impedir el contacto con la madre.

El SAP es la teoría creada por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner en 1985, con la intención de defender a sus pacientes abusadores y sacarlos de la cárcel. Gardner dedicó su vida a esa causa porque él era tan pedófilo como los pacientes a los que defendía (ver sus opiniones en el recuadro). Más aún, Gardner defendía la idea de que niños y adolescentes fueran iniciados sexualmente por sus padres. Sin embargo, lograr que la sociedad aceptara la aberración de la pedofilia y que ésta se despenalizara era una empresa mucho más difícil que lograr la impunidad de los abusadores. Por eso, Gardner orientó su estrategia en esa última dirección. De ese modo, instaló teóricamente la existencia del SAP, argumentando que el testimonio de los niños al relatar los abusos sufridos podía haber sido inducido a causa de la alienación que uno de los progenitores ejerció sobre ellos (en la práctica, para Gardner siempre las “alienadoras” eran las madres). De esta manera, se funda la creencia de que la madre, por querer sacar algún tipo de rédito económico, por despecho o por venganza, utiliza al hijo en el marco de una separación controvertida entre los progenitores, lavándole el cerebro al niño de forma tal que este se someta a los procesos judiciales y relate abusos sexuales inventados por ella.

No hizo falta mucho en el mundo académico para demostrar que el SAP es un invento sin sustento científico. No está aceptado ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por ningún organismo internacional. Tampoco es parte de ninguna de las escalas como lo son el CIE10 o el DSMIV. Las estadísticas mundiales demuestran que solo en el 3% de los casos existen falsas denuncias. Sin embargo, el SAP germinó muy fuertemente en los ámbitos judiciales, donde extendió sus raíces a diestra y siniestra, ya que refuerza la lógica patriarcal de un sistema dominado por el género masculino.

Richard Gardner, creador del “Síndrome de Alienación Parental”, defendía la idea de que niños y adolescentes fueran iniciados sexualmente por sus padres.

Al respecto, resulta interesante prestar atención a un artículo escrito por el Juez Diego Iparraguirre a cargo del Juzgado en lo Civil Número 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el autor sostiene que “durante algún tiempo se ha sostenido que los relatos no verídicos rondaban el 3 o 4%. Pero los últimos estudios elevan esta cifra a un 10%” (pero ojo: la cifra del 10% incluye casos de denuncias verídicas pero no sustanciadas, o sea, las evidencias no fueron suficientes para sostener el proceso judicial). El mismo Juez señala que las madres (¿locas?, ¿desquiciadas?, ¿desestabilizadas por una separación?) al divorciarse se desilusionan de su ex marido y fabulan: “A ciertas madres de hijos no verdaderamente abusados no les cuesta creer que su marido pueda estar abusando. Cuando la decepción marital ha sido grande, tienden a creer inmediatamente, al vuelo, que sus ex cónyuges son capaces de absolutamente todo, incluso de violar a sus hijos“.

Simplemente haciendo uso del sentido común, surge una pregunta ineludible a partir de los datos de supuestas denuncias falsas que arroja este Juez del Juzgado en lo Civil Número 7. Si los casos de denuncias falsas por abuso sexual representan, según este jurista, entre un 3% y un 10% de los casos, ¿por qué los sobreseimientos superan el 95% de los casos denunciados? La respuesta es clara: no se escucha a quien denuncia y no se le cree al niño. En el sistema judicial parece más fácil asumir que las madres lavan el cerebro a sus hijos, que los obligan a mentir, que se exponen y los exponen a transitar por un infierno de peritajes, instancias judiciales, que gastan sus ahorros en abogados y peritos de parte, que empeñan su tranquilidad psicológica y seguridad económica para “perjudicar” a sus ex parejas, antes que considerar la posibilidad de que haya progenitores que abusan sexualmente de los niños.

Está claro que el SAP responde a intereses específicos: defender al victimario del acto corrupto. Si la madre está loca, entonces el padre es una pobre víctima de la locura ajena. De esa forma se consigue el objetivo de cambiar el foco para lograr el mutismo en las familias y mantener el orden social establecido. Lo más lamentable es que a lo largo de un proceso que debería ser reparatorio para la víctima, que es el niño, se repita incansablemente aquello que con tanto trabajo el niño ha podido poner en palabras, intentando darle cauce a tanto dolor, para que la oreja jurídica termine por convertirse en un dedo acusatorio tan o más abusivo que el propio abusador. De esta manera cínica y perversa, se consolida una indulgente legitimidad de la pedofilia. Resulta escandaloso comprobar que muchos juristas, en cuyas manos está el destino de centenares de niños, basen sus fallos en el SAP y en las afirmaciones de Richard Gardner, un ejemplar de la pedofilia y la perversión.

*La investigación completa se puede econtrar en el #23 de nuestra Hamartia papel.