Escribe: Carlos Tomada*

Nota publicada en el #31 de Revista Hamartia, edición papel. 

No podemos negar que esta nueva experiencia de la derecha gobernando en nuestro país tiene intenciones refundacionales. Dicen que se están haciendo cargo de problemas “estructurales” que tenemos desde hace 70 años. Y como actúan en consecuencia, efectivamente pretenden transformar estructuras que existen hace 70 años. O más.

Pero lo que verdaderamente les preocupa no son las cuentas públicas. Les preocupa el trabajo, los trabajadores, sus organizaciones y la institucionalidad laboral. Su proyecto modernizador consiste en que esos elementos se reacomoden en el lugar que tenían hace 70, 80 o 100 años atrás.

La reciente degradación del Ministerio de Trabajo al rango de Secretaría se inscribe en ese marco. Por su propia naturaleza, la responsabilidad de la autoridad administrativa del trabajo es promover el empleo de calidad, el cumplimiento de los derechos laborales y la seguridad social. Como este gobierno no cree en esas funciones, des-jeraquiza a la entidad responsable.

En simultáneo, van haciendo languidecer las instancias de diálogo y concertación social. Cuando no es sólo una consigna, el diálogo recepta y admite las posiciones encontradas, procesa las diferencias y busca arribar a consensos. Pero cuando es visto como una instancia de validación de decisiones que se toman en otros ámbitos, las mesas de negociación pierden su razón de ser.

Ese fue el destino de la Paritaria Nacional Docente, clausurada de hecho, y del Consejo del Salario Mínimo, donde los acuerdos sectoriales fueron reemplazados por disposiciones gubernamentales.

Incluso podemos sospechar que la regresión temporal que nos proponen es previa no sólo a 1949, cuando la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión adquirió rango ministerial. Por momentos el oficialismo nos lleva a un debate que tuvo lugar en nuestro país alrededor de 1907, cuando se creó y definió el perfil del Departamento Nacional del Trabajo (primera institución específicamente laboral del Estado Nacional). En ese entonces se discutía el nivel de intervención que caracterizaría a dicho organismo. Algunos creían que el Departamento no debía tener un rol activo en garantizar el cumplimiento de la incipiente legislación laboral y consideraban que sólo debía adoptar un papel similar al de la Oficina del Trabajo de los Estados Unidos, circunscribiendo su actividad a la recopilación y difusión de estadísticas. Pero el actual gobierno nacional parece estar convencido de que ni siquiera eso debería hacer, como lo atestigua la desarticulación (a principios de este año) de la Subsecretaría de Estadísticas y Estudios Laborales del ahora ex-Ministerio.

Así como consideran que la autoridad administrativa del trabajo tenía demasiadas funciones, también sostienen que los niveles de protección del empleo en nuestro país resultan “asfixiantes” (ese mismo adjetivo usaron en sus proyectos de ley). Por eso se pusieron como meta avanzar con una reforma de flexibilización laboral bajo la ya conocida (y tantas veces refutada) premisa neoliberal que sostiene que restringir los derechos laborales incentiva la creación de puestos de trabajo. Todavía no lo han logrado: presentaron un primer proyecto el año pasado perversamente ambicioso, lo dieron de baja tras la conflictiva aprobación de la reforma previsional, y ahora presentaron uno nuevo, menos integral pero que igual avanza en esa dirección. De todos modos, sabemos que lo van a seguir intentando. La insistencia en este punto del Fondo Monetario Internacional (organismo que ha vuelto a ser determinante en nuestras políticas) fortalece nuestra suposición.

A pesar de que hasta el momento no han conseguido reformular el marco normativo que regula las relaciones laborales, sí han avanzado en una flexibilización de hecho. Mientras la economía creció (entre el segundo semestre de 2016 y los primeros meses de 2018) se creó empleo, pero tres de cada cuatro nuevos puestos de trabajo fueron precarios: informales o independientes (monotributistas la mayoría). Uno de los factores que hizo posible esto fue que el Estado relegó sus facultades de inspección y pasó a hacer la vista gorda sobre decisiones empresarias que, en muchos casos, implican verdaderos fraudes laborales.

Esto es lo “mejor” que le dio Cambiemos al mercado de trabajo: la multiplicación de puestos precarios. Ahora estamos en una etapa diferente. El empleo viene cayendo al ritmo de la corrida cambiaria. Pero es preocupante (y nos habla de su fragilidad) que los primeros síntomas de destrucción de puestos de trabajo hayan tenido lugar antes que la devaluación tuviera el primero de sus episodios más agudos durante el mes de mayo.

El empleo viene cayendo al ritmo de la corrida cambiaria

En simultáneo, los salarios de los trabajadores se encaminan a atravesar una de las peores caídas desde el año 2002. Venían contrayéndose desde diciembre de 2015. Pero la disparada de precios tras la suba del dólar, combinada a los estrictos techos paritarios fijados por el gobierno (cambiantes pero siempre por debajo de las proyecciones de inflación), resultará en una profundización de pérdida de ingresos de los trabajadores para este año.

Concretamente, si no se produce una nueva reapertura de paritarias (sería la tercera ronda para algunos sectores), los salarios registrados del sector privado habrán perdido, en promedio, un 11% de su poder adquisitivo sólo en 2018. El ajuste para los trabajadores del sector público nacional será más intenso aún: alcanzaría al 15%.

Esta evolución es presentada por el gobierno como un efecto inevitable de esa “tormenta” en la que tampoco parece caberles ninguna responsabilidad. Sin mediación institucional, la crisis golpea de lleno sobre el empleo, destruyendo puestos y contrayendo los ingresos. Y ese levantamiento de las mediaciones es parte del “sinceramiento” que nos propone la actual administración: las instituciones laborales son vistas como construcciones “artificiales”, que impiden el libre desenvolvimiento de las fuerzas del Mercado. Es un enorme retroceso conceptual y concreto.

Por eso no resulta llamativo que, entre las herramientas a ser utilizadas para afrontar la crisis, no se haya hecho ninguna mención a las políticas contra-cíclicas y, en particular, a las políticas de ingresos. Estos instrumentos tienen la capacidad de salvaguardar los ingresos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, en momentos en que una caída de la actividad económica los afecta. También pueden dinamizar a la propia actividad, a través del estímulo al consumo. Pero no forman parte de las opciones del gobierno nacional. Porque la crisis es, para ellos, una oportunidad para continuar poniendo las cosas en su lugar. Ese que ocupaban el trabajo y los trabajadores hace 70 años.

* Ex Ministro de Trabajo de la Nación. Director del CETyD de la UNSAM. Legislador porteño de Unidad Ciudadana.

Carlos Tomada