Escribe Nicolás de Brea Dulcich

A días de finalizar el plazo para solicitar el reconocimiento de los frentes electorales para los próximos comicios nacionales, todavía son varios los posibles candidatos/as que no definieron públicamente en qué espacio electoral habrán de competir (si es que finalmente deciden hacerlo). Sucede que la especulación está a la orden del día y, después del cimbronazo generado con la fórmula Fernández-Fernández, nadie se anima a mostrar sus cartas por miedo a quedar fuera de juego. 

En este contexto, las encuestas juegan un rol crucial. Porque más allá del talento para percibir el humor social que cada aspirante a un cargo público pueda llegar tener, son las encuestas realizadas por “especialistas” las que ofrecen el principal insumo a la hora de tomar la última decisión electoral.

Es de público conocimiento que las encuestas de intención de voto no son de fiar. Más aun cuando las mismas son encargadas (y pagadas) por las propias fuerzas políticas que desean medirse. No resulta extraño comprobar que la figura política que encarga la encuesta tiende a medir más en ese sondeo que en los demás. Y se entiende, sobre todo, por el lugar que suelen tener dichas encuestas a la hora de “moldear” las expectativas sociales: la posición que un/a candidato/a ocupa en la previa electoral es un dato que la gran mayoría de los/as votantes tenemos en cuenta en el cuarto oscuro. 

Los/as más memoriosos/as seguramente recordarán la importante diferencia que hubo entre los números arrojados por las consultoras durante la previa electoral de 2015 con los resultados del escrutinio final. La mayoría de las consultoras de opinión ubicaba a Mauricio Macri alrededor del 29% cuando terminó consiguiendo casi el 35%. Algo similar sucedió con Margarita Stolbizer, aunque en una dirección opuesta: los sondeos la ubicaban entre el 3,8% y el 4,8%, pero terminó alcanzando el 2,5% (¡casi la mitad!)El caso de Scioli fue, tal vez, el más grotesco: las encuestas apuntaban directamente a una victoria en primera vueltaAlgo parecido sucedió en la previa al balotaje porteño: las consultoras marcaban entre 7% y 8% de diferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, pero finalmente fue solo 3%.

El papelón de C5N durante la cobertura de 2015.

Así las cosas, y adelantándonos a la batería de encuestas que nos serán arrojadas desde los medios durante los próximos días, bien vale un breve repaso crítico sobre el modo en que se realizan estos “relevamientos de opinión pública”.

¿Cómo se hace una encuesta?

Las encuestas de opinión se realizan sobre la base de una muestra poblacional. Es decir, se releva solamente la opinión de una parte de la población (si se relevara la totalidad, entonces sería un censo). Como cualquiera puede llegar a suponer, resulta fundamental establecer a qué porción de la población se irá a encuestar, porque a partir de ella sacaremos conclusiones sobre el total: a esto se le llama “muestra representativa”. 

Ahora bien, ¿cómo saber a quiénes encuestar para lograr que la muestra sea efectivamente “representativa”? Porque, claro, no se trata de salir corriendo encuestar a quien se cruce. Hay que asegurar que todos/as los/as encuestados/as tengan la misma probabilidad de ser elegidos/as para lograr una muestra “representativa”. Para ello existe una solución estadística: dejar que el azar seleccione la muestra. Este método ataca el sesgo y favorece la misma ponderación de múltiples variables que podrían afectar al resultado de la encuesta (nivel económico, educacional, edad, género, geografía, etc.). 

Son múltiples los recaudos que hay que tomar a la hora de definir una muestra para evitar sesgos en los resultados. Si se realiza una encuesta muestral de hogares, por ejemplo, se dejará afuera a las personas sin hogar, a los presos, estudiantes en residencias o pensiones, a los hogares sin teléfono fijo. Otra fuente grave de sesgos es la no-respuesta, que ocurre cuando una persona seleccionada no puede ser contactada o se rehúsa a colaborar. La no-respuesta en encuestas muestrales suele ser del 30% o más, incluso después de una cuidada planificación y de intentos repetidos. 

Además de esto, hay que prestar mucha atención al orden de redacción de las preguntas: muchas veces, determinadas preguntas sugieren determinadas respuestas. También hay que tener en cuenta que no existe forma de prever la mentira de los/as encuestados/as. 

Una vez terminada la encuesta, se deben ponderar los resultados. Si dentro de la muestra hay muchas más mujeres que hombres, por ejemplo, se debe hacer un cálculo para que el peso de sus respuestas sobre el total sea acorde al peso demográfico que la población femenina tiene efectivamente dentro de la población general. Lo mismo sucede a nivel geográfico; cada distrito debe tener una representación proporcional al peso de su población sobre el total del padrón electoral.

La estadística al rescate

Estos obstáculos pueden ser moderados gracias a la “ley de los grandes números” ¿Cómo funciona? A partir de un número definido de encuestas (cuyo valor se define estadísticamente en relación al total poblacional), la proporción de ciertos resultados se acerca a la probabilidad “real” de ese valor, y el promedio de los resultados se acerca a la media poblacional. Es decir, a mayor número de encuestas realizadas, mayor probabilidad de lograr resultados que reflejen la intención de voto “real” de una sociedad. 

La ley de los grandes números es el principio en el que se basan ciertos negocios como los casinos y las compañías de seguro. Las ganancias (o las pérdidas) de un/a jugador/a son inciertas, por eso el juego es emocionante. Pero el casino puede calcular la distribución de las ganancias a partir de las leyes de la probabilidad: el promedio de ganancias del casino en miles de juegos se acercará mucho a la media (el promedio) de las distribuciones de las ganancias. Éste es el motivo por el cual el juego es un negocio, ya que esta distribución asegura el beneficio del casino “la casa siempre gana”.

Realidad vs. Encuestas

Ahora bien, ¿cuántas encuestas realizan las consultoras para relevar la intención de voto? Por lo general, oscilan entre las 2.000, 1.200 o hasta 800 encuestas finales. Si tenemos presente que existen casi 35.000.000 de personas habilitadas para votar, dichas cantidades no se ajustan demasiado a la “ley de los grandes números” y, por ende, distan bastante de asegurar resultados fidedignos (los resultados están a la vista).

Pero hay algo más grave aun: la mayoría de las consultoras realizan sus relevamientos a partir del sistema IVR (Interactive Voice Response o Respuesta de Voz Interactiva). Y esto, hay que decirlo, supone un sesgo abrumador ¿Por qué? Porque al descartar a los hogares sin teléfono fijo (30% de los hogares del país), se obtiene una muestra que sobre-representa a los sectores socioeconómicos medios y altos en detrimento de los sectores bajos (donde el teléfono celular pre-pago es mucho más usual que un teléfono fijo, principalmente por su alto costo mensual).

Además, estas encuestas sólo relevan aquellos hogares en los que había alguien presente al momento de llamar (con tiempo y disposición para responder). Por todo esto, queda claro que las encuestas IVR no ofrecen una muestra representativa.

Y todavía más: si las encuestas se realizaran respetando, al pie de la letra, el carácter aleatorio de una muestra representativa, entonces todos los números de teléfono del país deberían tener la misma probabilidad de ser llamados. Sin embargo, sólo en el mes de mayo, quien escribe estas líneas respondió 6 encuestas telefónicas… Si tenemos en cuenta que, de acuerdo con el Ente Nacional de Comunicaciones, hay 8 millones y medio de hogares con acceso a telefonía fija, entonces la probabilidad de que mi teléfono fuera seleccionado ¡6 veces! es muy, pero muy baja (cercana a 0). Resulta evidente, entonces, que las consultoras no dejan que el azar seleccione sus muestras.

¿Por qué, entonces, seguimos dándole lugar a las encuestas electorales?