Escribe: Pablo Caruso
Ilustra: Adrián Luongo

Cualquier crónica periodística sobre la investigación por espionaje ilegal que lleva el Juez Federal Alejo Ramos Padilla no puede tener mayores pretensiones que el aquí y el ahora. La razón es sencilla: semana a semana (por no decir día a día), nuevas revelaciones extienden el alcance de una estructura de relaciones mafiosas entre espías, funcionarios judiciales, dirigentes políticos y periodistas, que viene condicionando la vida política argentina desde hace décadas, pero cuyo poder disruptivo sobre la democracia ha quedado explicitado como nunca desde la elección general de 2015 a la fecha.

Jugando a la democracia
Ilustración de Adrián Luongo

Hasta ahora, según los procesamientos dictados por el juez de Dolores, la estructura mafiosa involucra a agentes orgánicos e inorgánicos de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE), de la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a ex policías bonaerenses y a funcionarios judiciales. Roza a periodistas, legisladores y ministros, casi por decir que los hunde. Seguramente, serán apenas tramos de una escuadra de mucho mayor rango. Pero el poder reconoce derrotas e intenta rápidamente contener los daños. El (verdadero) mecanismo debe continuar.

Como una expresión clara del nivel de corrupción de las instituciones democráticas (en modo lawfare), esta estructura de persecución, coacción, condicionamiento y extorsión ha dejado en claro que su función instrumental es la que, en otro tiempo no muy lejano, tuvo el terrorismo de estado, salvando las lógicas distancias: intentar arraigar modelos de extracción de riquezas en países en desarrollo para beneficio de las élites nacionales y extranjeras, con arreglo a los intereses geopolíticos de los países centrales. Este es un punto importante: estos mecanismos de condicionamiento de la vida democrática no son neutrales, no funcionan para cualquier proyecto de país. Se requieren estructuras de poder vinculadas al modo más violento del capitalismo, que no repara en gastos para poder conservar sus privilegios. Cuando el daño es profundo, y las sociedades logran identificar mejor a sus verdaderos enemigos, las elecciones libres son un problema. Las experiencias políticas latinoamericanas de la primera década del nuevo siglo así lo demuestran, como lección bien aprendida por las nuevas generaciones de dirigentes de derecha. Desnudados sus dirigentes títeres en su incapacidad para articular modelos de exclusión con movimientos de masas, el poder real (coordinadas sus diversas expresiones) instrumenta acciones violentas sobre las resistencias. Representadas éstas en dirigentes, sindicatos, partidos políticos o gobiernos populares.

Cuando el daño es profundo, y las sociedades logran identificar mejor a sus verdaderos enemigos, las elecciones libres son un problema.

El objetivo es condicionar la subjetividad de la población, influir en la opinión pública sobre su consideración de dirigentes, partidos y organizaciones, y en el caso más gravoso, encarcelar a sus referentes. Jueces de todas las instancias, empresas de medios del establishment, dirigentes de la oposición: todos actúan de manera deliberada para interferir en la libre determinación de ciudadanos y ciudadanas que, carentes de una alfabetización política a la altura que les permita comprender las complejas tramas del poder y sus métodos, construyen su mirada y valoración en función de falsos relatos mediático-judiciales.

Desde ya, la existencia de esta estructura de espionaje ilegal no sugiere necesariamente que no existan esquemas de corrupción vinculados a la obra pública. Ni durante el gobierno anterior ni durante el actual. Pero aquí se revela un modo de intervenir activamente en el desarrollo de la actividad política, con el manifiesto interés de modificar percepciones. Lo central es el modo en que estos procesos interfirieron en las decisiones electorales de la población. Hay casos recientes que resaltan por sobre los demás: la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán respecto de la investigación del atentado a la AMIA, la muerte del fiscal Alberto Nisman, el triple crimen de General Rodríguez vinculado al tráfico de Efedrina, y la mal llamada “Causa de los cuadernos”. Pero son sólo botones de muestra.

La investigación actual está bajo serio riesgo, por estas horas posible de ser desmembrada para que lo más estructural de su mecanismo salga de las manos de un juez que en su
“hiperinstitucionalismo” decidido no deja flanco débil para ser recusado o deslegitimar el proceso. Sea lo que sea que decidan las instancias judiciales correspondientes, el avance de la investigación puso en serio y casi definitivo cuestionamiento la causa de los cuadernos (asados). Si no la desactiva, por comprobarse que los arrepentidos fueron coaccionados, al menos la deslegitima. Desde ya, la miseria planificada que resultó de las políticas económicas del gobierno ayuda a que la atención principal de la población esté más en el bolsillo que en la evaluación ética de sus representantes.

la miseria planificada que resultó de las políticas económicas del gobierno ayuda a que la atención principal de la población esté más en el bolsillo que en la evaluación ética de sus representantes

La Constitución es una correlación de fuerzas. En este tiempo y en todos. No importa qué tan clara sea la letra de la ley. Su interpretación y aplicación dependen del correlato de poder que cada hegemonía expresa durante el tiempo que manda. Las sociedades modernas parecen bien lejos de poder resolver esa encrucijada. Sin embargo, el nivel de interferencia actual en la vida política por parte de las mafias enquistadas en las estructuras del Estado es, simplemente, incompatible con la democracia. Pretender cogobernar con la vigencia de esos entramados delictivos es (ha sido) infantilismo o negligencia; se puede hacer, pero no vale pretender resultados distintos, ni que alguna vez la capacidad de los argumentos políticos y la calidad de los debates sea lo que defina el destino de la representación política.

Semejante vulneración institucional obliga a la ciudadanía en general, y a la dirigencia política en particular, a reflexionar profundamente y sin demagogias sobre el modo a seguir. Mantener las estructuras y las reglas de juego vigentes no sólo condiciona su propio ejercicio de participación política, sino que somete a la población a una distancia demasiado grande entre lo que cree que pasa y lo que pasa efectivamente a su alrededor. No hay posibilidad de considerar legítimo a un gobierno que gana las elecciones mediante la acción mafiosa de estructuras delictivas. Y no hay chance de que los programas de gobierno puedan incluir, de manera sincera y manifiesta, una reforma estructural del poder judicial y del esquema de inteligencia sin arriesgarse a que aparezcan causas o testigos “especiales” comprometiendo su imagen y debilitando su posición. La encrucijada es tan vital como compleja.

La Constitución es una correlación de fuerzas. No importa qué tan clara sea la letra de la ley. Su interpretación y aplicación dependen del correlato de poder que cada hegemonía expresa durante el tiempo que manda.

Éste es el desafío que hoy, quizás como nunca, quizás como oportunidad manifiesta, plantea el momento histórico. Si se deja pasar, será complicidad. Y seguirá la sociedad argentina jugando a la democracia para gusto de los distintos establishment, mientras despojan de recursos, soberanía y futuro digno a las nuevas generaciones.

Publicada en Revista Hamartia #33