Escribe: Iván Cots Siniuk
Ilustra: Adrián Luongo

Las cárceles en Argentina rompen con los valores básicos de la dignidad, el respeto y los
derechos humanos a los que todas las personas deberían tener acceso. La situación es
tan crítica que recientemente la Cámara del Crimen sostuvo en un fallo: “Las cárceles no
son aptas para la condición humana”.

La emergencia penitenciaria declarada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en las prisiones federales de todo el país, puso en evidencia el estado de hacinamiento y sobrepoblación existente, entre otros graves problemas.

Ilustración de Adrián Luongo - privación de la libertad

El Servicio Penitenciario Federal (S.P.F.), según sus propias estadísticas, tiene una capacidad utilizable para 12.235 personas, pero aloja a 14.303. Y este número se acrecienta día a día. Así, la sobrepoblación es del 16,90%.

La Ley 27.375, sancionada en 2017 —que modifica la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad— no hace más que acentuar e incrementar esta problemática y se contrapone con los estándares constitucionales de resocialización y de progresiva reincorporación de las personas en la sociedad. Esta ley modificó el art. 56 bis, incorporando más supuestos delictivos por los cuales los condenados por ciertos delitos graves no podrán acceder a los beneficios del período de prueba como las salidas transitorias y tampoco podrán acceder a la libertad condicional en caso de recaer una condena por tales hechos, a diferencia de lo que ocurría con la ley 24.660. Ante la sobrepoblación, parecería que la única solución actual es quitar espacios comunes  —originalmente pensados para el esparcimiento de las personas o para el desarrollo de talleres o actividades—, como viene sucediendo en Devoto y Ezeiza y utilizarlos como plazas para las personas privadas de la libertad.

Si lo único que hacemos es incrementar el sistema punitivo, aumentando las escalas penales, queriendo bajar la edad de imputabilidad o sumando delitos que no admiten libertad condicional, estamos creando un cuello de botella. Esto nos lleva a que muchos
de los detenidos deban cumplir toda la condena en prisión, no pudiendo acceder a salidas transitorias, perjudicando así su posterior reinserción en la sociedad, que es el fin último de
este tipo de penas.

El 58,85% de las personas privadas de la libertad están procesadas, mientras que sólo el 41,12% tiene una condena firme. La desmedida y abusiva utilización de la prisión preventiva contribuye a incrementar la sobrepoblación, a pesar de que la normativa indica que toda persona imputada tiene derecho a transitar el proceso penal en libertad, manteniendo la presunción de la inocencia, hasta que recaiga una condena firme. La prisión preventiva debe ser utilizada de manera excepcional y no como una regla general. Sólo está contemplada para los casos en los que el juez considere que existe un riesgo de fuga y/o un entorpecimiento de las investigaciones por parte de la persona imputada.

Deberíamos preguntarnos si es ésta la única solución, porque la “justicia” del encarcelamiento cambia con el tiempo, con el clima político, con la opinión de los medios de comunicación y con los pánicos morales.

El endurecimiento de la legislación penal y el consecuente incremento de los presos en las cárceles no conducen a una mayor seguridad para la población, ya que no se transluce en
una reducción de delitos cometidos, siendo las personas en un estado de mayor  vulnerabilidad las más perjudicadas. Porque en situaciones de aumento de la pobreza, de reducción del valor adquisitivo de los salarios, de pérdida de empleos, aumentan los delitos como el robo, cometidos por personas de escasos y/o nulos recursos económicos.

Las condenas “más duras” tienen como único efecto la necesidad de construir nuevas prisiones que, una vez construidas, casi nunca desaparecen. Esto demuestra la ineficacia para disuadir a las otras personas de cometer delitos por medio de la intimidación, la formación de hábitos, la persuasión moral, la educación, etc.

la prisión preventiva debe ser utilizada de manera excepcional y no como una regla general

El acceso a la salud, por ejemplo, es “a demanda”: quien esté detenido debe pedir que lo visite un médico. Los tratamientos son escasos y agravan, muchas veces, las condiciones de salud de las personas. Quienes no reciben tratamientos de rehabilitación, tratan de suplirlos por su propia cuenta: haciendo ejercicios con botellas de plástico, palos, pelotas
de goma espuma, o lo que puedan conseguir. Aunque esto dura poco, ya que durante las requisas por parte del S.P.F. les son sustraídos todos estos elementos, sumado, en muchas
oportunidades, a sustracción de otras pocas pertenencias de valor que tengan.

La educación y el trabajo también son insuficientes para la totalidad de la población carcelaria por falta de cupos e infraestructura. Tener un trabajo dentro de la prisión implica poder ayudar a la familia que está afuera, ya que muchos eran el único sustento económico de la familia.

Quienes deciden estudiar carreras de grado (Abogacía, Economía, Sociología, etc.) encuentran dificultades porque no les proveen los traslados al Centro Universitario de Devoto (UBA XXII), ya sea por la escasez de móviles, o porque argumentan falta de nafta. Sin perder de vista, que quienes deciden estudiar estando alojados en los Complejos Penitenciarios de Marcos Paz y Ezeiza, deben levantarse a las cuatro o cinco de la mañana y volver a sus celdas a las once de la noche. Por otro lado, tener un oficio o conseguir trabajo son otros de los principales factores para lograr una adecuada reinserción social.

Estas vulneraciones de derechos encuentran su máxima expresión en la tortura y los malos tratos que reciben las personas privadas de la libertad por parte del S.P.F., y que no siempre son denunciados por temor a sufrir represalias.

Son imprescindibles las políticas públicas que reduzcan el encarcelamiento masivo resolviendo así el hacinamiento, la sobrepoblación, mejorando las condiciones de privación de la libertad y promoviendo medidas alternativas de prisión, incentivando los programas de rehabilitación y reinserción social.

El notable fracaso de la función que deben tener las prisiones en todo el país se refleja en las estadísticas de reincidencia, que llega al 40%. Quienes salen en libertad, en muchos casos, no cuentan con una contención familiar, siendo ésta imprescindible en los primeros meses. Además, la dificultad para conseguir empleo, por haber estado privado de la libertad, agrava su situación económica.

Adecuadas políticas llevarían a reducir las estadísticas de reincidencia. La misión del Poder Legislativo y Judicial, es cambiar el orden actual de las cosas. Implica un cambio cultural que modifique la concepción construida alrededor de las personas privadas de la libertad y la función de las cárceles. Hoy en día, para quien tiene la desgracia de entrar en el sistema, una vez transcurrido el tiempo, ya nada será igual, y todo será peor.

Publicada en Revista Hamartia #33