Escribe: Julián Andreu
Ilustra: Lula Urondo

La carrera a la presidencia de Mauricio Macri empezó la noche de Cromañón, el 30 de diciembre de 2004, cuando murieron 194 pibes y pibas. Allí, se selló la historia política que decantaría en el mayor saqueo perpetrado en la Argentina desde la dictadura para acá. Un saqueo sin desapariciones, ni torturas, ni asesinatos. Sólo con el manejo de la información y con un bastión monárquico y monolítico: el Poder Judicial.

La secuencia siguió por Barracas, volvió a Once, hizo escala en Puerto Madero y terminó en
Balcarce 50, el 10 de diciembre de 2015.

Macri y la muerte - Lula Urondo
Ilustracion: Lula Urondo.

Parte 1: Cromañón y el puntapié inicial

La noche de Cromañón, gobernaba la Ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra, quien le había ganado en el ballotage a Mauricio Macri, el candidato que el establishment estaba preparando para gobernar.

El recorrido político de Macri había comenzado con su dudoso “secuestro” y continuado con la presidencia de Boca. Sólo faltaba un factor aglutinante: la muerte. Ésta se configuró como la gran ordenadora y el eje por donde pasaría el “éxito” político del niño rico de Barrio Parque.

Con Cromañón empezó la estrategia para sacar del gobierno a Aníbal Ibarra, con la complicidad y traición del Vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman.

La oposición responsabilizó a Ibarra por la tragedia. El incipiente macrismo y la izquierda dominaron la comisión investigadora, que recomendó su juicio político. Se aprobó su enjuiciamiento y su posterior destitución, aunque llamativamente no se le prohibieron los cargos públicos. Todo estaba armado para apropiarse de la jefatura de gobierno.

El voto más llamativo fue el de Helio Rebot, hasta ese momento kirchnerista. Votó por la destitución, hizo su salto al PRO y hoy es funcionario del gobierno de Macri.

Parte 2: Pasaje a la muerte

A las 8.33 hs. de la mañana del miércoles del 22 de febrero de 2012, a sólo dos meses de comenzado el segundo mandato de Cristina Fernández, que había triunfado con el 54% de
los votos, el tren N° 3772 de la línea Sarmiento —identificado con la chapa 16 y perteneciente a la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. — se encontraba llegando a la plataforma N° 2 de la estación terminal de Once. Pero no detuvo su marcha y colisionó contra los paragolpes de contención.

Hubo 51 muertos y 789 heridos. Desde el primer minuto del suceso trágico, empezaron las embestidas contra el Gobierno Nacional.

La causa recayó en el juzgado a cargo de Claudio Bonadío y del fiscal Federico Delgado. Desde el principio hubo divergencias entre ellos, al punto que Delgado hizo público que Bonadío entorpecía el accionar del Ministerio Público Fiscal. El diario Ámbito Financiero expresaba el 12 de marzo de 2012: “La causa sufre una suerte de ‘apropiación’ del Señor juez de instrucción que veda a esta parte el conocimiento de la dinámica del expediente desde el 6 de marzo, al menos”. El comportamiento de Bonadío, según Delgado, se apartaba de las normas que las leyes establecen para la actuación de los representantes del Ministerio Público.

La oposición empezó la utilización macabra de lo ocurrido para beneficio propio. Desfiló por los medios de comunicación fagocitándose los cadáveres con un fin proselitista.

La oposición empezó la utilización macabra de lo ocurrido para beneficio propio. Desfiló por los medios de comunicación fagocitándose los cadáveres con un fin proselitista. A dos días de la tragedia, el juez Bonadío ordenó cesar la búsqueda. Pero Paolo Menghini Rey y María Luján insistían en que su hijo Lucas, de 19 años, a quien no hallaban, viajaba en ese tren. Sesenta horas después fue encontrado sin vida en una cabina donde no debían viajar pasajeros. Los padres de Lucas encabezaron una embestida contra los funcionarios, en especial contra Julio De Vido —hoy detenido por la causa— cuando todos los peritajes demostraron que el tren frenaba.

Había detenido la marcha en todas las estaciones anteriores, inclusive en Caballito, la más próxima a Once.

El aporte de los padres de Lucas a la oposición derivó en que, actualmente, su mamá, María Luján Rey, hoy es funcionaria de María Eugenia Vidal y posible candidata a diputada por Cambiemos para las próximas elecciones. Su constante “lucha por la verdad” rindió frutos políticos.

La instrucción estuvo viciada de nulidades. Se llegó a la condena de varios funcionarios en el primer juicio, donde ni siquiera figuraba como responsable —porque claramente no lo era— el entonces Ministro de Planificación Julio De Vido. Esta obsesiva y oprobiosa embestida de la oposición y de la más que demostrada parcialidad de Claudio Bonadío, fueron los principales actores de una patraña judicial que llevó a De Vido al banquillo de los
acusados.

La instrucción estuvo viciada de nulidades. Se llegó a la condena de varios funcionarios en el primer juicio, donde ni siquiera figuraba como responsable —porque claramente no lo era— el entonces Ministro de Planificación Julio De Vido.

Actualmente, el ex funcionario se encuentra en el Penal de Marcos Paz, donde está preso por otras causas armadas y viciadas de nulidad como la del Gas Natural Licuado, que tiene de testigo al hoy detenido por extorsionador Marcelo D’ Alessio. Desde el penal, De Vido escuchó la decisión del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) el 10 de octubre de 2018, que lo condenó a 5 años y 8 meses de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, al encontrarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta. En tanto, fue absuelto por la acusación de “estrago culposo”, ya que no lo encontraron
responsable de las 52 muertes del siniestro ferroviario.

Durante el juicio, Horacio Faggiani, el ingeniero a cargo de explicar las conclusiones de los peritos sobre el sistema de frenado previo al accidente, señaló que, tanto los frenos de servicio como los de emergencia, respondieron sin problemas. Y que a la velocidad a la que había entrado la formación al andén de Once, el motorman, Marcos Córdoba, había tenido tiempo suficiente para frenar con cualquiera de las opciones de frenado que tenía a su disposición. Y agregó que se había anulado el sistema de seguridad “hombre muerto”.

La conclusión de Faggiani fue que el motorman tuvo cuatro veces la distancia para frenar con freno de servicio y ocho veces para frenar con el freno de emergencia.

Marcos Córdoba no accionó los frenos. ¿Qué le pasó? Podría haberlo respondido Leonardo Andrada, el motorman que le había entregado el servicio ese 22 de febrero de 2012 y que hubiera sido el testigo clave. Pero en la madrugada del 9 de febrero de 2013, fue asesinado de cinco tiros en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Un extraño suceso, ya que no le robaron nada.

Parte 3: Todos somos Nisman

El 18 de enero de 2015 el fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto en su baño con un tiro en la cabeza. Tanto la puerta del baño como la del departamento estaban cerradas desde adentro.

Días antes, el fiscal había presentado una denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, que incluía a varios ex funcionarios y dirigentes de su entorno, entre ellos el ex canciller
Héctor Timerman.

La denuncia versaba sobre un supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA y de sus posibles autores —todos de origen iraní— a través del Memorándum de Entendimiento.

El 27 de enero de 2013, Cristina había anunciado por Twitter que el canciller Timerman había firmado un acuerdo para la creación de una “Comisión de la Verdad” con el entonces Presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, por el tema AMIA. Este acuerdo quedaría firme si era aprobado, tanto por el Poder Legislativo argentino como por el Parlamento iraní. Pero el 21 de diciembre de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme, en forma
definitiva, la inconstitucionalidad del memorándum.

Según Nisman, el gobierno buscaba intercambiar granos (algo que no maneja el Estado sino grandes multinacionales) por petróleo iraní, petróleo que no se puede refinar en Argentina por su condición de “pesado”.

Según el fiscal, el fin de esa negociación era levantarles las “alertas rojas” de Interpol a los iraníes implicados, es decir, dar de baja su pedido de detención internacional. Lo desmintieron el ex Director de Interpol, Ronald Noble, y el juez natural de la causa, Canicoba Corral.

Pero, ¿qué pasaba en el contexto internacional? En ese momento, se estaban llevando adelante negociaciones para un acuerdo con Irán y las cinco potencias: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y luego se sumaría Alemania. Se lo conoció como el acuerdo 5 + 1.

Había una necesidad de Estados Unidos de controlar una mayoría chiita en Irak y nada de esto se podía llevar adelante si se atacaba a la República Islámica de Irán, también de mayoría chiita, luego de años de sometimiento ante una minoría sunita, a la que pertenecía Sadam Husein.

Desde el origen de ese conflicto, se necesitaba un acuerdo. A principios de 2015, año electoral en Argentina, el acuerdo estaba casi cerrado.

Había un actor principal en Medio Oriente que se oponía de manera obcecada al 5 + 1: el Estado de Israel, aliado incondicional del país del norte y gendarme en dicha zona.

¿Dónde entra Nisman en esta ecuación? Era un empleado de lujo del Estado judío y de sectores republicanos duros de Estados Unidos. Incluso, fue invitado a disertar en foros de
la extrema derecha norteamericana como Libertad y Progreso, siempre consecuentes con las políticas belicistas y ligadas a la venta de armas patrocinadas por ex funcionarios de la gestión Bush (hijo) y por el ex Vicepresidente Richard “Dick” Bruce Cheney, un halcón.

Nisman fue encargado de la Fiscalía Especial AMIA y fue el ariete para romper el acuerdo de las potencias con Irán, el 5 + 1.

Cuando el acuerdo ya estaba cerrado, el usado fiscal no tenía razón para seguir su trabajo. Era ya material de descarte a nivel internacional, pero no en la política vernácula. Vivo había sido útil, muerto mucho más.

Con el apoyo de la DAIA, el brazo político de la comunidad israelita en la Argentina, la oposición al gobierno nacional y popular de Cristina Kirchner usó el cadáver de Nisman a discreción.

Los medios opositores instalaron el rumor del asesinato. A un mes de su muerte, una gran marcha encabezada por opositores, fiscales, jueces y algún dirigente sindical construían esta hipótesis bajo una premisa “capusottesca” como la de un supuesto comando
venezolano-iraní entrenado en Cuba.

El derrotero de la causa tuvo, en un primer momento, el final esperado: sin pruebas, fue rechazada en primera instancia por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito y posteriormente por la Cámara de Casación, a instancias del fiscal De Luca.

En un país normal, una causa con dos fallos en contra quedaría archivada. Pero comenzaba a destejerse en nuestro país el Estado de Derecho.

Todo el año 2015 estuvo atravesado por la muerte de Nisman. Patricia Bullrich y Laura Alonso habían presionado al fiscal para que, ese lunes 18 de enero en el Congreso, defendiera la denuncia contra Cristina y contra otros funcionarios, como Raúl Timerman.

En un país normal, una causa con dos fallos en contra quedaría archivada. Pero comenzaba a destejerse en nuestro país el Estado de Derecho.

Esa apretada tan voraz causó el efecto contrario. Se sabía que no había forma de defender semejante mamarracho jurídico, sobre todo porque el argumento principal del pedido de la caída de las alertas rojas de Interpol había sido negado por el propio titular de dicha oficina.

Además, el pedido de exposición que se solicitaba era secreto y también eso se obturó. Debía ser público.

Todo hacía prever un desenlace muy adverso para la causa en general y para el propio fiscal Nisman en particular.

Ese domingo a la mañana, Nisman estaba solo y sin apoyo de sus secuaces como Antonio Stiusso, que ya no le respondía los llamados. Así, apretado por la adversidad, sólo le quedó el camino del suicidio, como lo probaron los peritos forenses de la Corte Suprema.

Apenas muerto, la oposición política empezó a fagocitar el cadáver. Usando todos los artilugios para sostener la teoría del asesinato por parte de la presidenta, con la complicidad de medios afines y de los núcleos de poder enquistados en Estados Unidos y la derecha sionista, se fue tejiendo el eje de la campaña electoral que se avecinaba.

La frase “mataron a un fiscal” se usó hasta el hartazgo, pero no por simple no fue efectiva.

La historia política de Macri demuestra, que cuando tuvo la oportunidad, usando formas legales e ilegales, aprovechó cualquier hecho trágico —accidental o provocado— para sacar rédito político.

Este recorrido arbitrario es sólo una pequeña muestra de lo sucio que jugó el elenco PRO desde su llegada al poder en la Ciudad de Buenos Aires. Sin olvidar la causa de escuchas ilegales que se descubrió en el año 2009: método para espiar a opositores, que hoy continúa. Estamos asistiendo a una nueva etapa de esas ilegalidades donde juega mano de obra desocupada y también ocupada de servicios de inteligencia, una asociación donde
también juega parte del Poder Judicial y todo se cimenta en medios de comunicación, que son parte del negocio.

Pero este engranaje sucio sufrió un daño importante con una economía que está en crisis. Este camino tanático puede llegar a su fin, el fin del candidato natural y para el que fue
diseñado todo este andamiaje que huele a muerte: Mauricio Macri.

Publicada en Revista Hamartia #33