Miércoles 22 de enero del 2020

Escribe: Mireya Dávila Brito

Desde el 3 al 13 octubre de 2019, Ecuador vivió momentos de tensión política y social a causa del paquetazo neoliberal decretado por el presidente Lenin Moreno, según los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Las medidas económicas incluían la eliminación de subsidios a los combustibles; eliminación de aranceles para la importación de celulares, tabletas y computadoras; eliminación o reducción de aranceles a maquinarias y materias primas agrícolas; mil millones de dólares para créditos hipotecarios y un incremento de 15 dólares mensuales a los bonos para más de dos millones de familias. El alza del combustible desató fuertes protestas sociales y los transportistas paralizaron sus actividades por varios días. Estudiantes, indígenas, transportistas, ciudadanos/as organizadas/os y movimientos sociales exigieron la eliminación de tales decretos que atentaban contra la vida del pueblo.

La reacción del gobierno fue aplicar el Estado de excepción y toque de queda y la represión policial que dejó 11 muertos, más de mil trescientos heridos y CIENTOS de personas arrestadas.

El movimiento indígena campesino protagonizó la rebelión social, convocando a sus fuerzas populares del campo y de la ciudad a reunirse en la capital ecuatoriana para oponerse a las medidas, y además exigió reformas políticas y económicas tendientes a la aplicación de justicia social. Finalmente, el 13 de octubre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en diálogo con el gobierno nacional, consiguió la derogación del decreto 883 y, a cambio, pidió a sus compañeros/as abandonar las calles. Siguió la persecución, encarcelamiento y hostigamiento político de dirigentes y funcionarios y funcionarias ligadas al ex presidente Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, ahora acusados de sedición y de promover un golpe de Estado a través del estallido social.

Foto: Jor Cano. Fuente: Wambra Medio Digital Comunitario

A tres meses de las protestas en Quito, Cuenca y Cotopaxi, la publicación del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vuelve a poner en el centro de la escena los eventos que tuvieron lugar en octubre. Acá algunos hechos recientes que dan cuenta de cómo continúa Ecuador posterior al levantamiento popular de octubre y las relaciones económicas y militares con el gobierno de Estados Unidos:

  • 7 de enero, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció realizar una convención el último de enero para tratar la reforma tributaria y la flexibilización laboral que el gobierno de Moreno intentará concretar este año. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) indicó que más de 115 mil personas quedaron sin empleo formal durante el 2019, mientras que el trabajo informal o precarizado quedó en 17,8%. Los varones tienen un acceso mayor (44,8%) al empleo pleno o formal que las mujeres (30,6%) una diferencia de 14,2%. La brecha salarial también se refleja por género: las mujeres con empleo (asalariadas e independientes) ganan un promedio de USD 292,7 y los varones (asalariados e independientes) tiene un ingreso de USD 345,5.
  • 8 de enero, la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional llama a comparecer al canciller José Valencia y a Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa para indagar sobre la denuncia que hizo el ex embajador de Ecuador en EEUU, Francisco Carrión, al renunciar a su cargo por estar en desacuerdo con los vuelos de vigilancia marítima en territorio nacional desde agosto 2018, sin previa autorización del órgano legislativo. La ministra de Gobierno, Romo, se defendió indicando que los protocolos están en negociación para su firma, lo que reafirma la versión de Carrión: no existe convenio marco que autorice los vuelos. Para señalar: durante el gobierno de Correa las bases militares fueron prohibidas.
Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU y Lenin Moreno, presidente de Ecuador, reunidos en julio 2019 (AFP) Fuente: Presidencia de Ecuador, Sputnik News.
  • 10 de enero, cuatro asambleístas, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Fernando Molina, viajaron a México tras solicitar asilo político. Los dirigentes de Revolución Ciudadana se encontraban desde octubre refugiados en la embajada mexicana en Quito al ser perseguidos de manera ilegal por agentes policiales y civiles, criminalizados y enjuiciados mediáticamente.
  • 14 de enero, CIDH presentó su informe sobre las protestas de octubre. La comisión encuentra en las reformas económicas las causas del estallido social. Exige al gobierno que investigue y sancione a los responsables del uso excesivo de la fuerza policial y la actuación de los organismos de seguridad. También dio a conocer la responsabilidad civil en los saqueos y agresiones. En diciembre, la comisión intervino en la liberación de los presos políticos.
  • 15 de enero, se hizo pública la intención de los dirigentes indígenas del CONAIE en denunciar al gobierno ecuatoriano por el uso excesivo de la fuerza que desplegó en contra de los manifestantes que ejercían su legítimo derecho a la protesta.
Juicio popular a María Paula Romo. Fuente: Mujeres por el Cambio https://es-la.facebook.com/mujeresporelcambionac/
  • El mismo día, organizaciones feministas realizaron un juicio popular a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres (PPPM) reúne organizaciones y movimientos feministas que se declaran anti correistas y anti morenistas, en alusión al ex presidente Rafael Correa y al presidente Moreno. El parlamento nació el 12 de octubre de 2019, en medio de las protestas anti neoliberales. Mujeres trabajadoras, jefas del hogar, profesionales, académicas, pequeñas comerciantes, compañeras de maestros, denunciaron el alza de la canasta básica y la propia sustentabilidad de la familiar, ante la inminente suba de combustible y el desempleo. A comienzos de 2020 el PPPM exige justicia y reparación para las víctimas de las protestas de octubre. Por cuanto, enjuiciaron simbólicamente a la ministra Romo por su responsabilidad directa en la represión y acusar de “sesgado” al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
  • Leonidas Iza y Jaime Vargas en las afueras de la Fiscalía. Fuente: Canal de Youtube, El Universo.

    Mientras tanto Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena del Cotopaxi (MIC) y el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, asistieron a la indagatoria en la fiscalía al ser acusados de instigación al sabotaje, rebelión y terrorismo.

  • 20 de enero, el presidente Lenin Moreno afirmó desde Davos, Suiza, donde se celebra el Foro Económico Mundial, que dará continuidad a las reformas económicas, rechazadas en octubre por las organizaciones sociales y ciudadanas/os en general, y que forman parte de la aplicación de medidas, dictadas desde Washington. Moreno ha señalado que el subsidio del combustible será focalizado para, según sostiene, no afectar a “los más necesitados”. También negó el uso excesivo de la fuerza y reafirmó que defenderán a los uniformados que resultaron heridos por los manifestantes de octubre.