Escribe: Carlos Minucci (*)

Ilustra: Nicolás Nieto

Publicada en Revista Hamartia #34 Edición de noviembre del 2019

El pasado Día del Padre, un apagón masivo nos tomó por sorpresa. Estábamos ante el final de una historia negra y una profecía autocumplida ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí, un repaso por los hechos que desencadenaron aquel domingo blackout.

Lo que no sale a luz

Con total desinterés, el gobierno asegura que aún no tiene precisiones sobre cuál fue la causa que dejó sin luz a 50 millones de personas en Argentina, partes de Brasil, Uruguay y Chile. La historia tiene como protagonistas a las empresas privatizadas y al Estado: una sociedad creada para generar negocios y no para satisfacer a los usuarios con un servicio público eficiente.
Bajo ese prisma, se fueron creando negocios alternativos a la venta de energía que reafirman su total desatención para con los intereses del país. Un ejemplo son los cortes en el servicio eléctrico. Aunque parezca mentira, generan importantes ganancias a las empresas.
Cada año los cortes se repiten en duración y frecuencia. Esto les permite a las empresas generar ingresos a través de aportes económicos que el Estado les provee: ya sea una muestra para realizar inversiones de emergencia; ayudas económicas para continuar operando o, incluso, para ayudar a pagar salarios. De esta forma, logran mantener un flujo de dinero constante e independiente de la venta de energía (tarifas). Un accionar que demuestra complicidad, como también, la falta de controles necesarios y evaluaciones pertinentes.
Es importante destacar que los directivos de las empresas van rotando sistemáticamente en sus mismos directorios y, muchos de ellos, figuran como funcionarios públicos en las distintas reparticiones vinculadas al sector eléctrico. En este caso, en empresas mixtas, privadas o estatales; empresas contratistas; órganos de control y consultorías de asesoramiento. En definitiva, la relación entre Estado y capital privado tiene, entre sus objetivos primordiales, la maximización de la ganancia de los dueños de las empresas. Se derivan recursos del Estado al sector privado utilizando a los clientes como factor de presión. Esta práctica se utiliza en todo el espectro del servicio eléctrico: generación, transmisión y distribución. De este modo, se eluden inversiones, reparaciones, mantenimiento y planteles. Es un combo preocupante.

Cada año los cortes se repiten en duración y frecuencia. Esto les permite a las empresas generar ingresos a través de aportes económicos que el Estado les provee

Si nos referimos al área de generación, sistemáticamente, se pagan cargos por potencia reactiva que las empresas no están en condiciones de brindar. Se instalan máquinas con contratos asegurados, estén o no en servicio, o se declara más energía de la que realmente se puede generar.
Estas empresas tienen como método desencadenar quebrantos económicos en sus balances, que tienen como resultado la condonación de deudas o el levantamiento de multas. De hecho, es de público conocimiento cómo el Estado perdonó a las distribuidoras una deuda multimillonaria por compra de energía a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) a cambio de la inversión que nunca hicieron. Se condonaron multas por cortes que debían resarcirse a los usuarios, a cambio de conversiones que nunca se van a hacer. Recordemos y tengamos en cuenta que la mayoría de las empresas del sector pertenecen a un número reducido de grupos económicos y estos grupos, además, comparten capital accionario entre sí. A su vez, son dueños asociados con el Estado de las empresas que realizan el despacho nacional de cargas (CAMMESA). Las empresas atienden de los dos lados del mostrador.

Ilustración: Nicolás Nieto

Hoy, hasta las reglamentaciones que en primera instancia aparentan beneficiar al usuario y proteger a la comunidad, encierran oportunidades de negocios para estos grupos. Prueba cabal es la resolución 1/19 que decreta el fin de la emergencia energética y un cambio de matriz, queriendo reemplazar máquinas térmicas, a primera vista ineficientes, por energía renovable, eólica o fotovoltaica, a través del cambio en la forma de pago de estas energías. Esto genera una oportunidad de negocios formidable para algunas empresas ya que, ante el reclamo por sentirse perjudicadas por la resolución, consiguen mejoras impositivas, créditos a tasas subsidiadas y, en algunos casos, hasta negocios inmobiliarios. De más está decir que el desguace de las máquinas térmicas dejaría liberados grandes terrenos en algunos de los lugares más caros de nuestro país y, en especial, en Buenos Aires.
Esta resolución profundiza la crisis energética, no por falta de generación o por problemas de destrucción, sino por problemas en la transmisión y transporte de energía, sector en el que las obras requieren una gran inversión y mucho tiempo para concretarlas. Se genera crisis para que el Estado se haga cargo y, aun así, no logran solucionarlo.

El apagón

Una falla en una línea de 500 KV. del corredor litoral generó una reacción en cadena que derivó en un apagón total en el territorio argentino y países limítrofes. La salida de servicio de esta línea generó una sobrecarga muy importante sobre la línea paralela, lo que determinó la actuación de la protección DAG (Desconexión Automática de Carga) y dejó fuera de servicio la generación del complejo hidroeléctrico Yacyretá para proteger la integridad estructural del sistema de transporte.
Previo a la falla que generó el apagón en todo el país, se verificó la violación de límites (sobrecargas) en los corredores del litoral. Dicha condición está expresamente reglamentada en las normas operativas. La sobrecarga dañó los conductores por el simple hecho de ocurrir y esta situación es verificable a simple vista en los esquemas operativos por cualquier operador con mínima experiencia.


Se verificó también el sobredespacho sobre la región litoral. Si el despacho de las centrales hubiera sido un 20% menor (600 MW.), la variación, producida por la salida de servicio de la línea y, posteriormente, de las centrales hidroeléctricas, habría sido amortiguada por el resto del sistema eléctrico. Los cortes hubieran sido menores en cantidad y duración. Para darse cuenta de esto no es necesario un estudio de quince días, basta mirar los esquemas previos en tiempo real. Se veía llegar el colapso.
Al momento de una falla, las distribuidoras eléctricas deben realizar cortes de demanda, equivalentes a la generación caída, para permitir que el sistema se equilibre. Esto lo realizan automáticamente las protecciones de subfrecuencia y está reglamentado en las normas operativas correspondientes.
El domingo del blackout, las distribuidoras Edesur y Edenor cortaron por una subfrecuencia mucho menor de lo que la emergencia requería y las normas determinaban. Esto hizo imposible la recuperación del sistema eléctrico ya que, al no cortar la frecuencia, siguió bajando en lugar de comenzar a subir. Estos cortes fueron un 35% menores de lo que hubiera correspondido.
No realizar los cortes por frecuencia trae aparejada una penalización a las distribuidoras. Pero la práctica de no realizarlos es habitual, aunque los cortes sean automáticos y las protecciones estén reguladas para que esto pase. Las distribuidoras intentan evitar las multas amparándose en el argumento de que el corte se produjo por causas de fuerza mayor, a pesar de estar comprobado que no realizaron los cortes adecuados a la magnitud de la falla. Si el Estado acepta este argumento, no corresponde penalización a las empresas.
Con posterioridad a una falla, comienza lo que se denomina “arranque en negro”, donde, hacia algunas centrales, deben entrar máquinas para normalizar el servicio. Por normas operativas, las generadoras declaran ante la Secretaria de Energía las máquinas aptas para realizar un “arranque en negro” y el Estado paga por esta disponibilidad.
El día del apagón, ninguna máquina de las declaradas pudo comenzar el “arranque en negro” salvo Ensenada de Barragán. Esta falta a la normativa trae aparejadas sanciones económicas graves. En el caso de Central Costanera, se verificó que no estuvo en condiciones ni de comenzar con la maniobra de arranque en negro.
El apagón fue generado por la negligencia de los directivos de las empresas y los funcionarios de la Secretaria de Energía ¿Cuánto pueden demorar las demandas de los países que sufrieron cortes (Brasil, Uruguay y Paraguay) por los efectos económicos y sociales causados por esta política energética?

Volvió la luz

Se violaron todos los conceptos de lo que debe ser un servicio público. Se concentró el parque de generación en una sola región. Se tomó el costo de la energía como parámetro y se dejó de lado la estabilidad del sistema de generación. Se configuró un sistema de transporte muy endeble con líneas de alta tensión sobrecargadas y con severas deficiencias estructurales. A esto, se le sumó el sistema de distribución configurado para realizar cortes preventivos menores a los indicados ante una falla de estas características. Con toda esta realidad, era inevitable el apagón total.
Este corte masivo demostró que, ante una menor falla en el sistema eléctrico, el servicio público es afectado intempestivamente por concentrar el despacho en una región puntual. Lo que es producto de todas las políticas energéticas basadas en una ecuación netamente “económica”, que sostiene, en este caso, un despacho de cargas que solo contempla generar lo máximo posible al menor precio. De esta manera, maximizan las ganancias de las empresas privadas y detonan el servicio por ineficacia y falta de profesionalismo.
Los propietarios y concesionarios han demostrado un gran desinterés por ofrecer un servicio coherente con las tarifas que hoy se pagan y esta conducta nos ha dejado en situación de emergencia energética. Tal desatención le costará al país mucho más de lo que se intentó ahorrar en este domingo negro.
Hoy, los usuarios junto con los trabajadores del sector energético, se encuentran prisioneros de la complicidad que existe entre las empresas y el gobierno. Este último parece aún no haber comprendido que, a su cargo, tiene un servicio público declarado “derecho humano”. Sus conductas indican que los negociados privados solo ven “la caja”. El Estado es quien debe estar presente, o bien, con presencia y control riguroso a fin de garantizar el derecho a la energía.

(*) Secretario Gral de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE)