14 de febrero de 2020

Escribe: Mireya Dávila Brito

El Salvador es conocido por ser el primer país de Centroamérica con más violencia criminal y uno de los más pobres. El segundo semestre de 2019, cerró con una tasa de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes; una nación integrada por un poco más de 6 millones de personas. La violencia está relacionada con las pandillas criminales (o maras, como son conocidas en aquel país) que tienen un alto nivel de organización y cobran la vida, en su mayoría, de varones jóvenes y niños; aunque de enero a octubre del año pasado, fueron asesinadas 204 mujeres, solamente la mitad son investigados como casos de femicidios. Los varones, además de víctimas, también son victimarios; las maras están integradas por unas 60 mil personas -que provienen de comunidades marginales urbanas- y cerca de medio millón están involucradas directa o indirectamente con las organizaciones criminales. Las cárceles están llenas de varones jóvenes y adultos que continúan operando desde el encierro. Se dedican fundamentalmente a la extorsión, sicariatos, trata y narcomenudeo. La confrontación entre mareros -Mara Salvatrucha y Barrio 18- es recurrente y se expresa en los homicidios que suceden por ajuste de cuentas y disputas de territorios.

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Mara Salvatrucha (MS13) junto con Barrio 18 (18) se formó en Los Ángeles, EEUU. Fuente: Insight Crime

Este panorama tiene sus orígenes en la década de los 90, después de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), y ha dado lugar a que varios gobiernos en los últimos quince años, al menos, trazaran planes de seguridad. En su mayoría, han consistido en la aplicación de “mano dura”, de características represivas. Sin embargo, las políticas de seguridad no han tenido éxito ni resultados sostenibles en el tiempo. En junio de 2019, el gobierno de Bukele inició el Plan Control Territorial que tendría un costo total de US$ 575 millones, asegurando que este plan sí acabaría con el crimen organizado. Las cifras lo secundaron: En los primeros seis meses se produjeron mil homicidios menos que el año anterior. El plan, en su primera fase, tiene un costo de US$ 106.7 millones, y consistió en el despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en los territorios controlados por las maras, atacando su financiamiento. Se trata de impedir que comercios y empresas, ubicados en los centros históricos, paguen la “renta” a la mara que corresponda para ser protegidos de la pandilla contraria. La extorsión es el principal ingreso de las bandas, por cuanto para las maras es urgente controlar territorios y defenderlos de las bandas adversarias. La fase II del Plan costaría US$ 258.4 y consiste, según el gobierno, en brindar oportunidades de capacitación, empleo y reinserción social de jóvenes y adultos para prevenir el crimen. La tercera fase debe iniciar este año y está dirigida a modernizar y equipar a las fuerzas de seguridad con armamento, transporte y municiones, y tiene un costo de US$ 210.1 millones, de los cuales, US$ 109 millones fueron pedidos al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y necesitan la aprobación de la Asamblea para su ejecución.

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El presidente Nayib Bukele rezando en plena militarización del parlamento el 9 de febrero de 2020. Fuente France 24

El plan ha traído desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo que al día de hoy no terminan de zanjarse. En noviembre de 2019, el mandatario instó a lxs diputadxs a aprobar estos créditos. Pero, ¿en qué momento la petición del presidente Bukele se convirtió en una exhortación a la Asamblea, acompañada de la fuerza militar y policial? ¿Por qué la Asamblea se niega a tomar la deuda con el BCIE? A continuación una breve cronología de los hechos:

6 de febrero: El presidente Bukele anunció que el Consejo de Ministros pedirá a la Asamblea que convoque sesión para el domingo 9 de febrero, a fin de votar el préstamo por US$ 109 millones. Bukele se amparó en el artículo 167 de la Constitución que ordena legislar en condiciones extraordinarias si así lo demanda la nación. El mismo día, Mario Ponce (PCN), presidente de la Asamblea, convocó la sesión para el día siguiente.

7 de febrero: Ponce insistió en llamar a plenaria para el mediodía, mientras que el presidente Bukele convocó a la ciudadanía el 9 de febrero a la Asamblea para presionar a lxs parlamentarixs e hizo un llamado a la “insurrección del pueblo”, amparado en el artículo 87 de la Constitución Nacional.

8 de febrero: Ponce citó nuevamente a lxs diputadxs a una plenaria a las 20:30 hs del mismo día. Al no tener quórum, cerró la sesión y convocó para el lunes 10 de febrero. El ministro de Defensa, René Francis Merino y Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, difundieron vía Twitter su apoyo a las peticiones del presidente Bukele.

9 de febrero: Bukele ordenó el ingreso de la policía y fuerza armada a la Asamblea Legislativa. A las 16:30 hs, el presidente ingresó al Salón Azul del parlamento donde se encontraban un poco más de 20 diputadxs, ocupó la silla del presidente de la Asamblea, junto al vicepresidente, Guillermo Gallegos, de GANA (el partido que respaldó a Bukele en las elecciones), quien explicó que no se trataba de una plenaria, porque no tenían el aval del presidente Ponce ni los 43 votos para instalarla, pero sí recibirían al presidente. Bukele hizo una oración y aseguró que “Dios le pidió paciencia”. Volvió a la tarima donde lo esperaban decenas de personas, y allí declaró que, “en febrero de 2021 todos los sinvergüenzas de la Asamblea van para afuera”, aludiendo a las elecciones pautadas para ese año. Además les dio un plazo de 7 días para votar el préstamo

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El presidente salvadoreño Nayib Bukele se dirige a sus simpatizantes en las afueras de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020 (José Cabezas / Reuters) Fuente: The Washington Post

Sobre los hechos del 9 de febrero existen versiones opuestas: El diputado Reynaldo Cardoza, del PCN, encargado de la seguridad de la Asamblea, acusó al ministro de Seguridad por la toma del palacio y de ninguna manera justifica el ingreso de las fuerzas; Arriaza, director de la policía, dijo que se trató de un “error” la ubicación que tomaron los efectivos pero formaban parte del Estado Mayor que acompaña al presidente, y la diputada Felissa Cristales de ARENA (partido que ha apoyado a Bukele), publicó su oposición a la operación militar. Junto con ella, la diputada Milena Mayorga, también de ARENA, se pronunció vía Twitter. Además, diputadxs de ARENA y FMLN, denunciaron públicamente y ante la Fiscalía General de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos que fueron acosados e intimidados por la policía en sus domicilios y amenazados con ser llevados por la fuerza a la sesión.

Tanto el representante de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, como Luis Almagro dieron a conocer su posición ante los hechos. La Unión Europea anunció “su preocupación” por el enfrentamiento entre las instituciones del Estado. Y por último, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, pidió diálogo y consenso entre las partes.

10 de febrero: En la reunión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, el diputado Rodolfo Parker (PDC), aseguró que el presidente Bukele había mentido el domingo cuando aseveró que la Asamblea no había aprobado los préstamos para su gobierno. Calculó que durante el mandato de Bukele se han aprobado más recursos para seguridad que en años anteriores. Propuso mayor contraloría a los recursos asignados y criticó la compra de un buque por considerar que no suma a la cacería de pandillas. La versión manejada por el diputado Carlos Reyes, de ARENA, es que recientemente se conoció que los viajes del director de Centros Penales, Osiris Luna, en jet privado, fueron pagados por una empresa de seguridad que vende cámaras de videovigilancia.

El mismo día, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) prohibió el uso de la Fuerza Armada en actividades que no les corresponde, porque pone en riesgo la separación de poderes y la democracia. Más aun, ordenó al Consejo de Ministros no convocar a sesión extraordinaria para aprobar el préstamo del BCIE y anunció que cualquier decisión de la Asamblea que sea a través del llamado Ejecutivo no tendrá validez. El artículo 167, que sirvió de amparo al presidente, indica que las sesiones extraordinarias solamente pueden ser convocadas en caso de estar en peligro la soberanía de la República. Por tanto, es inconstitucional la convocatoria urgente y obligatoria que demandó el Consejo de Ministros. Enseguida, Bukele insistió en luchar contra lo que considera es “proteger al sistema”.

13 de febrero: El Fiscal General, Raúl Melara, admitió la denuncia de militarización de la Asamblea y persecución de parlamentarixs. Por su parte, el presidente de la Asamblea sostuvo reunión con representantes de las Naciones Unidas y pidió su intervención, y Bob Menéndez y Jim Risch, senadores estadounidenses, se sumaron a la petición de su embajador y pidieron que se realice un diálogo entre Nayib Bukele y la Asamblea.