Escribe: Santiago Giambroni (*)

Ilustración: TORRESCATIVA

Tras este último año de constante incertidumbre y de cara a un nuevo gobierno con una sociedad fastidiada y expectante, propongo estacionarnos y desarrollar un pensamiento crítico respecto a las necesidades para un contrato social que integre tanto desarrollo económico como sostenible.

El año pasado en Argentina vivimos un proceso electoral polarizado en un contexto socio económico crítico. Transitando el último año de la gestión de Mauricio Macri, los focos de atención de la oposición se centraron en la lucha contra la influencia extranjera poniendo como estandarte la soberanía nacional, la deuda contraída con fondos crediticios internacionales venía a impedir cualquier plan de desarrollo integral de la sociedad argentina y el pueblo necesitaba una voz que vele por los derechos de los pobres, los desocupados y el sector de la economía popular.

Ilustra: TORRESCATIVA

En este contexto de suma complejidad, y de la mano del movimiento internacional por la justicia ambiental, el 21 de febrero del 2019 surge Jóvenes por el Clima: un grupo de pibes y pibas que reconocieron que la crisis climática estaba a la vuelta de la esquina y que hacía falta formar una agrupación que entienda y desarrolle una postura de soberanía regional por sobre la injerencia del movimiento internacional, entendiendo que no tenemos las mismas responsabilidades que las empresas transnacionales y los países que durante siglos destruyeron el planeta con este sistema contaminante. Una agrupación que busca instalar la cuestión ambiental como una de derechos humanos y a la crisis ambiental como atentado a los derechos universales básicos. A partir de esta base es que empezamos a laburar puertas adentro en un país lleno de problemáticas ambientales latentes, que a su vez se veían interpeladas por la situación económica crítica.

Frente a esta crisis socio económica en la que nos encontramos como país, el movimiento ambientalista reconoce medidas que promueven un desarrollo económico al igual que ayudan a adaptar a la Argentina a las problemáticas que esta crisis ambiental propone. Éstas medidas, como la agroecología para reemplazar la industria agroquímica o la transición energética hacia un sistema renovable, deben tomarse también como generadoras de trabajo. El nuevo sistema socio productivo debe tener como estandarte la inclusión de los sectores más marginados; y la transición justa frente a la crisis ambiental tiene que ser política de estado.

Una agrupación que busca instalar la cuestión ambiental como una de derechos humanos y a la crisis ambiental como atentado a los derechos universales básicos

Esta situación sin precedentes amenaza con exacerbar las desigualdades históricas, garantizando a la clase dominante una salvaguarda ante las inclemencias y alteraciones ambientales críticas. Llegado este límite, ni la intervención estatal podría alcanzar para propiciar un espacio de equidad para la sociedad, es por eso es que debemos actuar cuando aún es posible para cumplir con las propuestas del Acuerdo de París, disminuyendo las emisiones a nivel global en un 45% para 2030. Debemos, como sociedad, reconocer los desafíos que esta transición conlleva, los capitales privados internacionales buscan acaparar las iniciativas de desarrollo sostenible, no es transición justa que los mismos centros de poder continúen con su influencia económica perpetuando la desigualdad social.

Hay que anticipar este proceso y conquistar los espacios productivos del futuro, debemos construir plataformas de trabajo para la ciudadanía en todo su conjunto, necesitamos abrir las puertas a los sectores marginados garantizándoles los medios y la fuerza productiva que la nueva agenda social y económica sostenible necesita.

En diciembre del año pasado, mediante un gran laburo de cabildeo y la presión en las calles, se logró sancionar la ley de presupuestos mínimos para mitigación y adaptación al cambio climático, que el ex senador Fernando Solanas venía impulsando. En esta se crean dos espacios importantes de articulación para una agenda de crecimiento y desarrollo sostenible como son el Gabinete Nacional de Cambio Climático y del Consejo Asesor.

el movimiento ambientalista reconoce medidas que promueven un desarrollo económico al igual que ayudan a adaptar a la Argentina a las problemáticas que esta crisis ambiental propone. Éstas medidas (…) deben tomarse también como generadoras de trabajo.

Ambos tienen como finalidad trabajar un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Se busca crear instancias de articulación dentro del poder ejecutivo; y al mismo tiempo con la sociedad civil en el espacio del Consejo Asesor Externo formado por científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, entidades académicas y empresarias, sindicatos y centros de investigación.

La ley aprobada formula que debe existir una “prioridad en las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.” Claramente se trata de preservar y promover los derechos fuertemente comprometidos, de aquellos que carecen de información y de protección básica. Sobran los ejemplos en nuestro país. Basta con ver la tragedia cotidiana de las comunidades wichis y los niños muertos por falta de acceso al agua potable, o la cotidiana exposición a los agroquímicos que sufren poblaciones enteras de nuestro país.

Esta situación sin precedentes amenaza con exacerbar las desigualdades históricas, garantizando a la clase dominante una salvaguarda ante las inclemencias y alteraciones ambientales críticas

Los mecanismos institucionales están establecidos. Les corresponde a las organizaciones sociales profundizar los debates y generar las propuestas en una sociedad que se muestra cada día más sensible a esta problemática, y en la que crece la conciencia sobre los principales desafíos. Algunos de los que emergen con mayor claridad son: el tratamiento de la basura, el acceso al agua, la contaminación de los ríos, villas y barrios sin acceso a servicios básicos, tierras desertificadas por monocultivo, pueblos fumigados…

No podemos sentirnos ajenos a esta situación, debemos reconocer e interiorizar la deuda ambiental recibida y la que vayamos a dejar, una deuda que nos propone desafíos únicos cuyos intereses son innegociables, una deuda llena de matices que interpela a gobiernos, empresas y comunidades. La deuda ambiental nos desafía en el día a día, pero también nos propicia de un nuevo mundo por construir, reorganizando los estándares sociales y garantizando una inclusión verdadera y para siempre.

(*) Jóvenes por el Clima