Escribe: Alicia Chavez
Fotos: Lucia Cano

El martes por la noche, Santiago del Estero fue noticia por un nuevo caso de embarazo en una niña de 12 años. La información fue publicada en el diario Pagina/12. Según ese relato, una niña, a la que se llamó ficticiamente María, llegó con su madre a una Unidad Primaria de Atención (UPA) el 02 de abril. Desde allí fue derivada hacia otra UPA, donde, 4 días después, se le realizó una ecografía que confirmaba un embarazo. El informe oficial, que llegó al ministerio de Salud 18 días, después recomienda seguimiento obstétrico y alimentario frente a una gestación de 26 semanas. Lo firma la Dra. Mariangeles Pereyra Rios. A partir de ese momento, se activa el protocolo y la niña, junto a su madre son derivadas al Centro de Salud Banda (CIS) donde personal sensibilizado les brinda la consejería correspondiente.


Tras la publicación de la nota, el resto de los medios nacionales se hicieron eco. Salió a la luz que el primer informe era mentiroso y que hacia el 20 de mayo, María está ingresando a la semana 27 de gestación.
Las redes sociales se inundaron de expresiones de rechazo ante esa nueva maternidad forzada, aunque también, representantes de grupos anti-derechos mencionaron el amor con que la niña espera a su hijo. Cabe destacar que Pereyra Rios expresa públicamente, pertenencia a estos grupos.
El miércoles al mediodía, la ministra de salud de la provincia, Lic. Natividad Nassiff, dio una nota en el canal TN. Allí afirmó que si bien Santiago del Estero no está adherido oficialmente al protocolo nacional para Interrupciones Legales del Embarazo, se realizan. Asimismo, expresó que la niña y su madre tras la consejería recibida en el Centro de Salud Banda, decidieron continuar con el embarazo. Extraoficialmente, se dice que existe un consentimiento firmado.

Simultáneamente, las organizaciones civiles emitieron comunicados exigiendo adhesión inmediata de la provincia al protocolo Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En este sentido, para quienes trabajan en el campo feminista, ha sido una sorpresa que la ministra de Salud reconozca públicamente que se realizan ILEs, cinco de sus seis diputados votaron en contra de la legalización del aborto en 2018.
Por otro lado, las preguntas que quedan son muchas. ¿Qué información se le brindó u ocultó a la niña y su madre, entre el 02 y el 26 de abril, es decir, desde la primera consulta en la UPA hasta el momento en que recibieron la consejería? ¿Por qué el informe oficial redactado en la UPA dice que la niña cursaba un embarazo de 26 semanas, cuando a esta fecha, se sabe que está cursando la semana 27? ¿Por qué ese informe tardó casi tres semanas en llegar al ministerio? ¿Por qué no se realizó la denuncia por violación, tal como lo establece el código penal y el protocolo local de intervención en casos de ASI, vigente desde octubre de 2017, al tratarse de embarazo de una persona menor de 13 años? ¿Dónde está y/o quién es el violador? (Párrafo aparte merecen las perversas referencias a que la niña estaba de novia con un muchacho) ¿Cuáles son las condiciones de salud en qué se está desarrollando esa gestación? ¿Cuál será el futuro, tanto de la niña, como, el día de mañana, del bebé?

A la fecha, sabemos que María recibirá la visita de un equipo de la Subsecretaría de Niñez de la Provincia para constatar sobre sus condiciones de salud.
Por su parte, los datos oficiales evidencian que no se trata de un caso aislado. En 2016, en Argentina nacieron 2419 niños de madres menores de 14 años, que representan el 1,4% de la tasa de maternidad total. Sin embargo, Santiago del Estero ranquea cuarto, en la cantidad de nacidos vivos frutos de embarazos precoces. Según este informe sobre Estadísticas de Hechos Vitales en Argentina publicado a fines de 2018 por Unicef y el Ministerio de Salud, “la maternidad adolescente adquiere su mayor incidencia en provincias de la región norte, donde nacen entre 2 y 5 niños cada mil adolescentes de 10 a 14 años, y entre 68 y 87 niños cada mil adolescentes de 15 a 19 años”.

Para las organizaciones sociales que trabajan temas de género y niñez, el hincapié está puesto ahora en la necesidad de una adhesión formal, no sólo a ley de ILE, sino también a la de Educación Sexual Integral. Ello permitirá que las acciones que se realicen frente a estos casos no estén libradas a la buena voluntad y/o consciencia de los efectores de salud que reciben los casos. Asimismo, facilitará el acceso a información oficial sobre intervenciones en casos de ILE, de ASI y su dimensión e impacto concreto en la población local. Esa información no es menor ya que permitirá a la sociedad toda, pero especialmente a los medios de comunicación, dar cuenta de la complejidad en que se enmarcan los casos de embarazos adolescentes. Hoy, los prejuicios y estigmas sociales que pesan sobre la población femenina, joven y especialmente de la que vive en condiciones de pobreza, señala y carga las culpas en las mismas víctimas.

* Integrante de la Colectiva Ni Una Menos de Santiago del Estero

** Reportera Gráfica/Fotógrafa