Escribe: Natalia Seoane

Fotos: Ida Vazquez y PORTADA: Sofía Mazzaglia

El ministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo y el Secretario de Economía Social Emilio Pérsico, junto a funcionarixs y referentes de organizaciones sociales, anunciaron la creación del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP). A partir de esta política pública se espera que se reconozca la contribución productiva del sector clave para el desarrollo local y la reactivación económica, post pandemia.

FOTO: Ida Vázquez

Pérsico manifestó “Venímos viendo hace mucho tiempo que había por lo menos 4 millones de trabajadores y trabajadoras a los que el Estado no veía. La cantidad de inscriptos al Ingreso Familiar de Emergencia dejó al descubierto que hay 4 millones de trabajadores de la economía popular y unos 6 millones de trabajadores sin derechos que son demandantes de empleo”.

El registro pretende reconocer y redistribuir, dos conceptos que se necesitan entre sí para hacerle frente al contexto actual plagado de desigualdad e injusticia social y económica. La medida forma parte de las demandas trabajadas, problematizadas y visibilizadas desde abajo, y su institucionalización tiene que ver con la participación de las organizaciones en la conducción del estado. La gestión parte del diagnóstico acerca de que las unidades productivas mayormente se encuentran inmersas en relaciones asimétricas en el ámbito laboral, financiero, comercial o fiscal, lo cual condiciona el acceso de las personas a derechos, ingresos, capitalización, tecnificación, comercialización y productividad.

FOTO: Ida Vázquez

Se pasará a generar un registro único integrado de los datos del Registro Nacional de Efectores (REDLES), los del Registro Nacional de Agricultura Familiar (ReNAF); se incluirán a quienes perciben los programas de transferencia condicionada Potenciar Trabajo (PT) –al respecto vale visibilizar que quienes integran mayormente dichos programas son mujeres, feminidades trans, en situación de vulnerabilidad social, que se encuentran atravesando una situación de violencia de género, que realizan trabajo productivo y reproductivo en sus hogares que históricamente han sido subordinadas económicamente. Es preciso mencionarlo dado que la característica de la población de base, merece una mirada que atienda sus desigualdades -dadas por su baja participación en el mercado laboral y escasa autonomía económica- para generar herramientas que permitan mayor equidad, porque ya no se trata de nombrar, sino de incluir, reconocer, reparar a partir de una política social con anclaje territorial los derechos de lxs trabajadores.

FOTO: Ida Vazquez

Se podrán inscribir en el registro lxs actores de la Economía Popular que, de forma individual o colectiva, producen, crean o comercializan bienes y servicios. La amplitud de las ramas de las actividades disponibles permite vinculación entre los diferentes tipos de trabajo, lo cual permite captar el carácter social, amplio y el cambio del enfoque acerca del trabajo, los distintos procesos de organización. Se podrán categorizar vendedores ambulantes, feriantes, quienes realizan artesanías, cantonean, reciclan; como así también las agricultoras y agricultores, lxs que hacen manufacturas, realizan trabajos sociocomunitarios; las personas que tienen diferentes saberes u oficios, trabajan en obras de construcción, en infraestructura social, en mejoramiento ambiental y por primera vez, el estado registrará el trabajo sexual.

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El primer paso es incluir a lxs actores de la economía popular y a partir de allí, encadenar otras políticas sociales para acompañar las singularidades productivas de las diferentes ramas de actividades; lo cual permitirá el acceso de las personas a beneficios como programas capacitación, empleo, a la seguridad social, a redes de comercialización como el compre social o el compre estatal, la obtención de herramientas crediticias y de inclusión financiera.
Se considerará la diversidad de las formas de organización existentes dentro de la economía popular, su grado de desarrollo y formalización, como así también el contexto territorial donde se desarrollan las actividades productivas. Esta medida formaliza el reconocimiento del Estado a quienes a partir del trabajo sostienen el desarrollo propio, el de su familia y su comunidad. Se espera que sobre la nueva categoría registrada de trabajadores y trabajadoras de la economía popular se amplíen, promuevan y protejan derechos.

Pueden anotarse desde la web del Ministerio (RENATEP) quienes cumplan con los criterios establecidos por la Secretaria de Economía Social, mayores de 18 años, que no se encuentran incluidos dentro de ningún régimen tributario y fiscal, quienes tienen monotributo social o bien se encuentran inscriptas dentro del régimen simplificado para pequeños contribuyentes entre las categorías A y la D. Se admitirá aquellas personas que se encuentren en relación de dependencia siempre y cuando, el salario que perciban por ese trabajo no alcance el salario mínimo vital y móvil (SMVyM) y realicen además una tarea de la economia popular por la cual se incriben; también pueden acceder lxs trabajadorxs independientes que no tengan título profesional. En cuanto a los criterios patrimoniales podrán tener a su nombre hasta dos bienes inmuebles, hasta 3 bienes muebles sin contemplar moto vehículos, en ambos casos al menos uno de dichos bienes, debe estar afectado al emprendimiento económico.