A diez años de la masacre en Bariloche, desatada por el asesinato de Diego Bonefoi a mano armada del cabo Sergio Colombil de la policía de Río Negro, Mariela Martínez, integrante del equipo de Comunicación del Colectivo Al Margen, dialoga con #NoNosQuedaOtra AM 740 Radio Rebelde, y denuncia los casos de persecución y gatillo fácil en Bariloche. La causa que aún no tiene imputados intelectuales más allá del policía involucrado; la violencia institucional naturalizada en la ciudad; y la necesidad de políticas públicas concretas dirigidas hacia jovenes y adolescentes.

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Imagen del conflicto armado en Bariloche.

A 10 años de la masacre en Bariloche

“Fue una conmoción de toda la ciudad que se vivió principalmente en los barrios del Alto. La gente recuerda el Mundial, que estaba ocurriendo y todo el mundo en sus casas mirando el partido; lo que llevó a la conmoción fue el asesinato de un joven, Diego Bonefoi, asesinado por la espalda por la policía de Río Negro. Cuando los jóvenes fueron enterándose qué había pasado, la policía parecía que estaba esperando para poder reprimir. Se desató un momento de bronca y violencia y esta guerra que nos quieren hacer creer siempre, en donde hay asesinatos de parte de la policía que llaman enfrentamientos: los jóvenes tiraban piedras y por supuesto la policía tiraba balas. En ese recorrido de muchos vecinos queriendo enterarse qué pasaba y muchos jóvenes que se iban enterando e iban manifestando su bronca es como mueren y son asesinados dos jóvenes más, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, también por disparos de la policía de Río Negro que había tomado las calles. Fue eso, una cacería en la calle de los barrios de Bariloche”.

Conmemoración por la vida de Diego, Nicolás, y Sergio: los jóvenes asesinados por la policía.

“Según lo que dicen las fuentes oficiales, el chico Bonefoi era perseguido por un robo, y lo perseguían para meterlo preso o lo que fuera, y según fuentes oficiales la muerte se da en esta persecución, más lo que la gente dice. La justicia dice que no hay pruebas materiales”.

“A nuestra organización nos toca de cerca por trabajar con los pibes de los barrios. Rafa Nahuel participaba de un dispositivo de nuestra organización que se llama “El semillero”, que es de formación socio laboral y además estaba también reencontrándose con su identidad de comunidad y de pueblo mapuche. Si bien su familia se reconoce y lucha por los derechos del pueblo mapuche, él como todo joven estaba en ese camino, en una identidad que es negada por nuestra sociedad occidental y, quedó, de nuevo, en medio de un enfrentamiento y lo mató la gendarmería”

“La violencia institucional en Bariloche es moneda corriente y muchas veces se naturaliza”

“En La Pampa ocurre exactamente lo mismo, y tampoco me parece que sea casualidad que a quienes más les cuesta estar en sus casas sean los más jóvenes: hay casos de violencia intrafamiliar, y también por fuera de las familias; por falta de oportunidades laborales, deportivas, de ocio. Nosotros con el Cerro Catedral lo vivimos en carne propia, jóvenes que están acostumbrados a estar o en la escuela o en la calle y hoy esas mínimas libertades se ven cortadas y son los principales reprimidos. Es un contexto que muestra que los jóvenes y los adolescentes son un sector de la población que está bastante descuidado, con falta de políticas públicas, y ante el primer desacato salen las fuerzas de seguridad principalmente a reprimir. Acá se han hecho muchos protocolos para que la policía pueda actuar diferente y comprender cuando se trata de la infancia y la adolescencia ante conflictos, pero cuesta mucho que el gobierno comprenda para poder desde ahí crear una política pública y bajar una línea acorde”.

La causa judicial

“Hay una causa abierta y como hay apelaciones eso sigue su curso; cuando se reabran los juzgados las abogadas de las familias van a seguir insistiendo. Se llegó a este juicio y se mantiene la causa abierta gracias a las abogadas de las familias y gracias a las organizaciones sociales como las nuestras o las de derechos humanos, tal vez sin esta gente comprometida ni juicio habría. Para la familia en este contexto de violencia institucional tan naturalizado en esta provincia es mucho haber logrado un juicio que sentó hasta al mismo gobernador de esa época en la justicia. Todo el peso de la ley cayó en policías comunes, que es también el reclamo de las familias; en ningún actor intelectual, ni si quiera en jueces o gobernadores, que, si bien vinieron y se sentaron en el banco de los acusados, hasta ahí quedó. El gobernador era Miguel Saiz.