Escriben: Alberto Gandulfo (*) y Alejandro Rofman (**)

Fuente y artículo original de iade.org.ar

Publicado originalmente el 15 de julio del 2020

En tiempos de pandemia, nos cuidamos entre todes

Vivimos momentos muy difíciles, principalmente en los barrios de las grandes ciudades donde la pandemia amplifica la situación de pauperización heredada del gobierno anterior que padecen los sectores populares. Los contagios se transmiten rápidamente en las barriadas donde en los últimos años del Gobierno de Macri se multiplicaron comedores y merenderos que, en forma de resistencia y mucho esfuerzo, implementaron las organizaciones comunitarias, los movimientos sociales, parroquias y grupos eclesiales.

Se hizo así frente a los fuertes incrementos de la pobreza y la indigencia entre el 2015 y el
2019 con los aportes de la Seguridad Alimentaria Nacional, con las transferencias y con el
compromiso de los gobiernos municipales y algunos gobiernos provinciales para contener
la gran crisis económica y social que generó la política neoliberal de creciente concentración económica y especulación financiera, de fuerte endeudamiento externo y gran fuga de capitales.

Al desatarse la pandemia Covid 19, el actual Gobierno Nacional decidió implementar una
temprana política federal del cuidado de las personas, de proteger la salud de trabajadoras
y trabajadores por sobre las lógicas de la rentabilidad económica y financiera, evitando de
esa manera una rápida y masiva cantidad de infectados (máxime si comparamos con los
parámetros de los países vecinos). Para ello, el Gobierno de Alberto Fernández instrumentó una batería de acciones públicas que se complementan y van desde el aumento de la capacidad y equipamiento hospitalario, con acciones crecientes de testeos masivos y provisión de material sanitario; el salvataje de miles de asalariados a través del Programa ATP y créditos bancarios subsidiados para las empresas; el congelamiento de las tarifas públicas y de los precios de artículos de primera necesidad así como la referencia de Precios Cuidados; junto a un fuerte dispositivo a través del ANSES en la implementación del IFE y el aumento de los beneficios de la seguridad social, más la Tarjeta Alimentar, el Programa Potenciar Trabajo y la provisión de alimentos en los barrios populares con fondos descentralizados del Ministerio de Desarrollo Social.

Presidente Alberto Fernández.

En tiempos de pandemia, las voluntarias y voluntarios de los comedores comunitarios se
constituyeron en la primera trinchera contra la expansión del virus porque disponen de la
valerosa actitud de detección temprana de infectados y juegan su vida en el esfuerzo permanente por brindar la ayuda solidaria, además de dar respuesta directa a la provisión
de alimentos en los barrios. Los militantes de esa gran red de contención social comunitaria también se encargan de atender requerimientos de vecinas y vecinos que han perdido su trabajo, sus changas ocasionales, acompañar la situación de familias fuertemente endeudadas por la “usura” compulsiva, que además no pueden generar ingresos por las dificultades operativas planteadas por la Cuarentena y el Distanciamiento Social Obligatorio.

Por otra parte, las dificultades de acceso a alimentación cotidiana también se fueron
deteriorando en los sectores medios donde se acentuaron las situaciones críticas para las
familias que dependen de emprendimientos personales, comerciantes barriales, jóvenes
profesionales, plomeros, músicos, artesanos, trabajadores de hotelería y restaurants etc.;
además de la crítica situación que ya venían soportando las cooperativas y pymes donde la recesión continuada de los últimos dos años de crecimiento económico negativo (2018 y
2019) destruyo muchísimos puestos de trabajo y generó un fuerte endeudamiento con el sistema de finanzas y el siempre desfavorable “cambio de cheques”. Sobre este contexto del saqueo neoliberal se montó la Pandemia que profundiza el poder de la concentración
económica que en su contracara expande las condiciones de exclusión y desigualdad
social.

No se trata de la pos-pandemia, el problema es la riqueza concentrada

Hoy advertimos que el esfuerzo que realiza el pueblo argentino para sostener las medidas
de cuidado durante la Cuarentena y la implementación de políticas compensatorias que
realiza el Gobierno Nacional (junto a los gobiernos provinciales y municipales), y la erogación fiscal para tratar de sostener el consumo popular se encuentran “desbordadas”,
por la explosión de la demanda creciente en la provisión de alimentos, la pérdida de empleo y la falta de ingreso en los sectores populares que no alcanzan para superar la
crisis social que estamos padeciendo. Observamos que las transferencias de los Programas
de Ingreso Social siempre quedan subordinadas al aumento injustificado de precios en el
mercado de alimentos donde predominan el poder abusivo de las grandes corporaciones
internacionales junto a las cadenas de intermediación comercial, que siguen captando la
renta del consumo popular y desoyen los acuerdos de “precios de referencias” pese a la
incrementada presencia de instrumentos de regulación estatal.

Comer sigue siendo muy caro para las argentinas y argentinos

¿Cómo tratar de superar esta emergencia indeseable que daña de tal modo a sectores muy importantes de la sociedad? ¿Cómo resolver la situación más crítica de niñas y niños que sufren carencias alimentarias en su temprana edad? ¿Qué medidas debemos adoptar para mejorar la comensalidad de las familias argentinas? El problema es el modelo económico y social predominante que se impuso en Argentina basado en la acumulación extractivista y de especulación financiera de las grandes corporaciones transnacionales (la soja, el litio, la mega minería que no hubo tiempo de desarmar por el nuevo gobierno pese a que hubieron signos evidentes de una nueva política económica. Somos un país productor de alimentos pero en verdad el grueso de las exportaciones siguen siendo de insumos para la producción alimentaria mundial. La política neoliberal vigente hasta fines del 2019 resultó que la gran generadora de divisas que sería la exportación cerealera se convirtió en un gran negocio de especulación financiera y sirvió básicamente para la fuga de capitales (Vicentin de por medio). Además de extraer nuestros recursos naturales, el modelo de acumulación dominante durante el Macrismo no generó trabajo ni valor agregado en origen. Es más, destruyó empleo y aumentó la precarización laboral, con los desmontes para expandir la frontera del agronegocio, contaminando en forma indiscriminada las poblaciones rurales y empobreciendo las condiciones de vida de los agricultores familiares, campesinos y comunidades indígenas.

Entendemos que en la situación actual agravada por la emergencia que genera la
pandemia COVID 19 debemos buscar la manera de reconstruir nuestras Economías
Regionales y Planificar un Sistema Federal de Producción de Alimentos Saludables basado
en la generación de trabajo y producción de valor agregado en origen. Desde hace unos años, los autores del presente artículo, venimos planteando la necesidad de implementar
Políticas Públicas de apoyo de la producción solidaria, el cooperativismo y las pymes productoras de alimentos, promover el compre local y la organización del consumo responsable para abaratar la canasta básica familiar y de esa manera (contra hegemónica)
construir el camino de la Soberanía Alimentaria.

En esta disputa del modelo económico y social promovemos Políticas Públicas que desarrollen acuerdos territoriales entre productores de alimentos saludables y consumidores responsables para captar la renta local que genera el consumo popular, que
los mismos actores se organicen en reducir el impacto de la intermediación abusiva de las
grandes corporaciones. Se trata de resignificar políticamente el rol del estado, interpelar
el protagonismo de los actores de la producción y el comercio local, fortalecer las organizaciones de la economía popular, social y solidaria (mercados solidarios, almacenes
populares y circuitos comerciales de cercanía) y promover nuevas pautas culturales de
consumo local, responsable y solidario. Es hora de construir un nuevo contrato social.

Debemos implementar ya un Sistema Federal de Producción Solidaria y Consumo Responsable de alimentos saludables que vinculen cooperativas y asociaciones de la agricultura familiar asentados en provincias proveedoras de alimentos frescos( frutas, verduras y hortalizas); incorporados a ferias y mercados populares, (existentes y por crear), ubicados en conglomerados urbanos demandantes de tales productos y facilitar
con medios electrónicos y bancarios el acceso de los usuarios de la AUH, el IFE, la Tarjeta
Alimentar, el Salario Social Complementario, con el fin de otorgar recursos para aumentar
el consumo popular estimulando la inversión para crear fuentes de trabajo y la producción
local. Hay que poner en marcha urgentes mecanismos de vinculación directa entre producción y consumo de actores sociales, individuales y colectivos, inspirados en los
principios de la Economía Popular, Social y Solidaria. Políticas Alimentarias que posibiliten
la entrega regular de alimentos provenientes de las zonas productivas con las Comercializadoras instaladas en las ciudades (organizadas en forma solidaria) minimizando la intermediación abusiva, para mejorar las condiciones alimentarias de nuestra población y democratizar las condiciones del mercado en favor de productores y consumidores.

Para superar la crisis social y productiva profundizada por la pandemia, seguramente se
generalizarán los Programas de Ingreso Social (hoy la Agenda Social está discutiendo las
condiciones que tendría que tener la renta básica, salario universal) que sin duda redundaran en un mayor consumo popular que debe trascender la dieta del consumo familiar que se encuentra altamente concentrado (lácteos, aceites, harinas, yerbas, carne, etc. a otros bienes alimentarios en fresco o procesados que garanticen adecuada diversificación, con la generación de valor en origen y producción ecológicamente responsable. Por eso debemos avanzar rápidamente en implementar un Sistema Federal
de Producción y Consumo de Alimentos Saludables con la finalidad de incrementar los
volúmenes de producción de los oferentes regionales, promover la agroecología y el
cuidado ambiental. Implementar programas que garanticen estándares de calidad
productiva, incorporación de tecnologías adecuadas en los actores locales y generar
condiciones comerciales para facilitar el acceso de los sectores populares, ya sea operando
en forma de comercio electrónico como en ferias, cooperativas de consumo, almacenes y
mercados solidarios en las áreas de consumo urbano. Garantizar un “precio justo” para los
productores de los alimentos y el abastecimiento a valores monetarios accesibles a los sectores populares. Masificar nuevas herramientas de Finanzas Solidarias, (superar la
experiencia de los microcréditos) para la pequeña producción rural y urbana; así como la
capacitación y asistencia técnica continua para incorporar la innovación tecnológica en la
producción y el desarrollo comercial. Resulta fundamental, tomar la decisión que permita
garantizar el acceso a la propiedad y uso de la tierra, con disponibilidad de servicios adecuados a los productores rurales y periurbanos (riego, electricidad, caminos, conectividad), de los agricultores familiares, campesinos y pueblos originarios. Resulta
imperioso, en este sentido, reglamentar e implementar la Ley 27118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.

Cultivos. FOTO: Julia Vèlez.

Por lo tanto, parece muy apropiada la estrategia de ir propiciando, en las diferentes
aglomeraciones urbanas, estructuras formales que aspiren a incorporar alimentos producidos en los cinturones hortícolas en coordinación con los actores particulares y colectivos responsables de la comercialización directa en el interior de tales aglomeraciones, tal como viene desarrollando con mucho esfuerzo la Unión de Trabajadores de la Tierra – UTT y varias organizaciones de productores y comercializadoras populares. Es momento que esas experiencias concertadas localmente converjan y potencien una definida política pública que con el protagonismo de las organizaciones de productores y agricultores familiares, priorice la recuperación de las economía regionales.

La estrategia se materializa en el impulso a formas organizativas novedosas que hemos
definido en el enfoque de Círculos de Producción y Consumo, tendientes a impulsar la
planificación concertada con apoyo estatal con la finalidad de democratizar las relaciones
comerciales y de mercado. Las dos dimensiones de la vinculación forman parte de acuerdos determinados que prevean que el conjunto de las ofertas presentes y futuras de alimentos frescos (no los ultraprocesados de la industria concentrada), se ajuste al perfil esperado de la demanda disponible a partir del consumo concertado. Se deberán organizar, entonces, relaciones de compra-venta por parte de actores involucrados; y programar futuras ampliaciones de los mismos en consideración a las estimaciones de consumo local por parte de los sectores de la población urbana que se comprometan a absorberlos en un acuerdo con las necesidades de consumo esperado. La expansión en forma espiralada de los circuitos de producción y consumo permite una multiplicación concéntrica que en la medida que avanza sobre el territorio sustenta el proceso de producción y consumo, y materializa formas más complejas de Nuevo Contrato Social.

La prioridad es generar trabajo y mejorar los volúmenes de producción, no solamente la
provisión o intercambio de mercaderías. Dicha concepción es clave para perfeccionar esta
estrategia en su faz ejecutiva, aproximando oferentes y demandantes para sellar el compromiso mutuo de producción y consumo de manera solidaria. Es fundamental que la
estructura gubernamental local coordine con otras áreas del sector público, las organizaciones de productores y movilice a los consumidores. Resulta indispensable
viabilizar la iniciativa y aportar acciones tendientes a sostener planes de alimentación
sustentable y adecuada al perfil de la población consumidora. En ese sentido, es preciso
garantizar la presencia de los organismos públicos responsables de la promoción de la
agricultura familiar y de la adopción de tecnologías apropiadas (INTA, INTI, SENASA) así
como el necesario financiamiento (bancario y no bancario) para fortalecer las unidades
económicas productivas y apoyar la presencia de ferias y mercados solidarios aptos para
que canalicen los bienes alimenticios comprometidos hacia los potenciales adquirentes de los mismos. El Estado local será responsable de amplificar la propuesta y generar las
condiciones necesarias para concertar el compromiso mutuo de productores y consumidores, así como establecer campañas masivas de consumo local y solidario,
efectuando una permanente evaluación participativa del desenvolvimiento de la iniciativa.
Y generar procesos de articulación pública y privada que establezcan la confirmación de
un Ente Local o Consorcio de Gestión que tendrá que garantizar las prácticas productivas y
de consumo responsable, mejorar los procesos de oferta y demanda de los alimentos
saludables (frutas, verduras, hortalizas, legumbres, aves y huevos, carne porcina y vacuna) que formen parte del acuerdo. En síntesis, se trata de ofrecer a los productores de tales alimentos comprometidos en la construcción del espacio local la certeza de un consumo que se puede cuantificar con antelación a la inversión productiva. Desarrollar proveedores locales que puedan mejorar las condiciones y volúmenes de producción y valor agregado en origen. Será necesario generar campañas de consumo responsable y solidario que permitan dar certezas tanto a los productores como brindar productos saludables a la población local. Esa forma de sustitución de “importaciones locales” beneficiará especialmente a los sectores populares al bajar los costos de la canasta alimentaria y mejorar la dieta nutricional de las familias. De este modo el Estado Local se asegurará la disponibilidad de alimentos frescos en tiempo y forma, que sean indispensables para la reproducción sustentable, creación de nuevos puestos de trabajo, mayores niveles de producción local y el cuidado ambiental.

La incorporación de estructuras productivas, ya sea de cooperativas agropecuarias o
productores asociados en el enfoque de los círculos de producción y consumo posibilitarán cumplir los compromisos derivados de los acuerdos programáticos a partir de la concertación entre productores, consumidores y el Estado. De esta manera, se incrementa el ingreso real de amplios sectores sociales, organizados en la concertación local para enfrentar las prácticas de comercialización oligopólicas que acrecienta los precios en forma abusiva por la posición dominante de las corporaciones en la producción de alimentos junto a las prácticas concentradas de intermediación de las grandes cadenas.

Aportes destacables de experiencias municipales de articulación pública privada en la vinculación de producción solidaria y consumo responsable

Queremos, como cierre de este aporte, dar cuenta de una serie de iniciativas locales, con
predominio de la gestión municipal en la articulación con los actores productivos y la
organización del consumo popular, que se vienen desarrollando en diferentes puntos del
país con diversos grados de institucionalidad y resultados alcanzados. En este sentido
corresponde citar la experiencia del Mercado Municipal de un distrito de perfil netamente
turístico como Bariloche que cuenta con importantes niveles de pobreza y desempleo; la
experiencia de gestión integral con fuerte desarrollo territorial del Municipio de San Martín–Bs As, que permite superar las crecientes demandas urbanas de un otrora distrito
industrial; la política de producción agroecológica y desarrollo de productores hortícolas
que realiza el Municipio de Gualeguaychu en plena pampa sojera; hasta la gran apuesta del municipio de Reconquista (Norte Santafecino) en el desarrollo de la cadena ictícola con la empresa municipal de procesamiento de pescado de rio y la provisión de alimentos frescos y naturales en los comedores escolares. En los cuatro casos, se prioriza la generación de trabajo y el apoyo en la producción local, la vinculación con el consumo popular y la articulación territorial con singular presencia municipal y protagonismo de las organizaciones de base productiva. Consideramos que estas experiencias (entre muchas otras) son un fiel testimonio de las Políticas Públicas que promovemos por lo que haremos una suscinta exposición de su presencia contemporánea.

1. La Municipalidad de San Carlos de Bariloche – Río Negro, durante la gestión de María
Eugenia Martini (2013/2015) generó un proceso participativo de vincular producción y
consumo popular que permitió la creación del ENTE AUTARQUICO MERCADO
COMUNITARIO MUNICIPAL (EMCO), ORDENANZA N.º 2747-CM-16, “como autoridad de
administración, regulación, fiscalización y planificación de la actividad y funcionamiento del
MCO” que se compone por:

a) Mercado central: espacio físico común de encuentro y comercialización de mercaderías.

b) Redes de consumo y nodos barriales: estarán conformadas por organizaciones
comunitarias y sociales debidamente reconocidas por el EMCO, distribuidas en el territorio urbano y periurbano, destinadas a la compra y venta de los productos del MCM para el abastecimiento y consumo popular.

c) Redes de productores primarios: estarán conformadas por organizaciones de productores ganaderos de la región sur, frutícolas y hortícolas del valle de Río Negro y del valle de la comarca andina, durante las correspondientes estaciones de producción. El resto del año se trabajará con otras organizaciones por fuera del territorio de la Provincia de Río Negro.

d) Redes de productores elaboradores: estarán conformadas por organizaciones de procesadores y elaboradores de materia prima, dentro del ejido municipal y del territorio de la Provincia de Río Negro”.

El Ente posibilitó la llegada directa de la producción de alimentos regionales al consumo
urbano de la ciudad y promovió el sistema organizado de asociaciones de productores en forma articulada al Mercado Comunitario Municipal que proporcionó alimentos frescos a
una red de despensas comunitarias de un conjunto de organizaciones de reconocida experiencia territorial, que tenían la función de operar como puntos de distribución de tales alimentos, a precio justo, en los barrios periféricos del centro urbano. Por tal motivo, a diferencia del sistema mercantilista de intermediación, el Ente Municipal se convirtió en el vértice de un sistema operativo de descentralización barrial que basó su poder comercial a través de la red de almacenes de cercanía posibilitando un gran alcance comunitario. Hoy, esta experiencia, habría que recuperarla dotándola de mayor volumén de productos, escala de consumidores y regionalización territorial.

2. Plan de Alimentación Saludable, Segura y Soberana de la Municipalidad de
Gualeguaychu – Entre Ríos (PASSS).

Desde hace un tiempo, la municipalidad de Gualeguaychu (gestión Martín Piaggio) viene
aplicando diferentes normas de cuidado ambiental contra la utilización del glifosato (Ordenanza 12216/18) y una política sostenida de promoción de la agroecológía como
modelo sustentable de la producción agropecuaria, con importantes iniciativas de comercialización y consumo de alimentos saludables. El PASSS se plantea como una política pública que impulsa “la justicia distributiva de bienes y servicios ecosistémicos y
productivos, a la participación democrática de todos los sectores y organizaciones de la
sociedad, a la conservación y restauración de los sistemas ecológicos que sustentan la diversidad de la vida y a la rentabilidad del sector productivo para su sostenibilidad, diversificación y desarrollo”.

Resulta ser una propuesta sostenida desde el municipio que promueve “un proceso participativo que genere una transición, compromisos y responsabilidades para el logro de
un sistema productivo local y diversificado de alimentos saludables, seguros y soberanos para garantizar el derecho humano a la alimentación en la comunidad de Gualeguaychú,
siendo destinatarios directos los consumidores responsables, los productores y muy especialmente los niños y niñas de nuestra casa común. Lograr progresivamente una soberanía alimentaria local mediante la promoción, estímulo, fomento y acompañamiento de la producción sustentable; la disponibilidad, accesibilidad física y económica, adecuación y sustentabilidad para toda la población de Gualeguaychú y la economía social y solidaria para el fortalecimiento del tejido comunitario rural y urbano del Municipio”.

Actualmente, la Municipalidad de Gualeguaychu impulsa en articulación con la Unión de Trabajadores de la Tierra – UTT la multiplicación de producción agroecológica en el Proyecto RESERVA LAS PIEDRAS que permite recuperar la diversificación productiva a través de la agroecología, con presencia de una importante organización de la Agricultura Familiar y cuenta con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Provincial, en el corazón mismo del modelo “sojero” y del agronegocio.

3. A partir de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Martín – Bs As, se viene aplicando una estrategia integral de desarrollo territorial de la Economía Popular Social Solidaria en la que convergen diferentes instrumentos como el Fondo de Financiamiento Solidario, el Registro de Empresas Sociales y Cooperativas (Ordenanza Municipal N° 11262), la Mesa de Articulación de Empresas Recuperadas y el Programa de
Promoción de Compre Cooperativo, Feria Permanente de Emprendedores, Incubadora de
Empresas Sociales y un trabajo conjunto con las distintas organizaciones de la comunidad que integran la UNSAM, Caritas, Sindicatos y Movimientos Sociales. La gestión municipal se destaca por un ejercicio permanente de Política Pública en el mayor conglomerado urbano, en cooperación con las gestiones municipales comprometidas con la economía solidaria y por la direccionalidad política en la construcción del Desarrollo Local.

En particular, queremos destacar el valor institucional de la ORDENANZA 11835 22/12/2015 2689: REGIMEN ESPECIAL PARA COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS SOCIALES INSTALADAS EN EL DISTRITO, DENOMINADO PROGRAMA DE INCENTIVO DE COMPRAS MUNICIPALES A EMPRESAS SOCIALES Y COOPERATIVAS.- (Gestión Gabriel Katopodis) que ante la emergencia del COVID 19 constituye una importante inversión municipal en el desarrollo de la economía solidaria local.

El articulado de la Ordenanza establece lo siguiente:

“ARTICULO 1°: Establécese un régimen especial para la promoción de compras y contrataciones de bienes y servicios a las Empresas Sociales instaladas en nuestro distrito, y para el estímulo a la producción de bienes y contratación de servicios de idéntico origen denominado “Programa de incentivo de compras municipales a empresas sociales y cooperativas”.- ARTICULO 2°: A los efectos de la presente Ordenanza, llámese Empresa Social a toda aquella unidad económica productiva y/o de servicio que sea gestionada directamente por sus trabajadores, sea bajo la forma jurídica de cooperativa de trabajo, otra similar o se verifiquen las características organizativas del trabajo autogestionado y asociativo. Y que deberán estar empadronados en el Régimen establecido por la Ordenanza
11262/12 (Régimen de Empadronamiento de Empresas Sociales y Cooperativas).-ARTICULO 3°: La presente Ordenanza se aplica a todas las compras y contrataciones de bienes y servicios que sean realizadas por la Municipalidad de San Martín a través de su Dirección de Compras, siempre que su pliego no hubiere sido publicado al momento de su entrada en vigencia.-

ARTICULO 4°: En todas la compras y contrataciones de bienes y/o servicios en las que
participen Empresas Sociales con domicilio fiscal y producción de bienes o servicios objeto de la contratación en el municipio de General San Martín, con precio ofertado igual o con una diferencia en más de hasta un cinco por ciento (5 %) respecto de la mejor oferta económica, resultaran elegida la oferta de la Empresa Social. ARTICULO 5°: En los Concursos de precios y Licitaciones Privadas, para las adquisiciones y contrataciones que formen parte de una misma operación, el Municipio de San Martín se obliga a invitar a participar de las mismas a las empresas sociales inscriptas en el Régimen mencionado en el artículo 2° de la presente.- ARTICULO 6°: Las distintas áreas del gobierno deberán priorizar en todas las compras directas para la provisión de bienes y/o servicios a las Empresas Sociales inscriptas en el régimen mencionado en el artículo 2° de la presente. ARTICULO 7°: Los proyectos de contratación deberán elaborarse adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes y servicios producidos por Empresas Sociales. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias de calidad y precio.- ARTICULO 8°: La Secretaria de Desarrollo Social reglamentara todos los aspectos necesarios a los fines del cumplimiento de la presente ordenanza, efectuando la necesaria divulgación que posibilite su mayor conocimiento y adhesión”.

La continuidad del Equipo de Gestión Municipal, la capacidad demostrada en implementar
una política integral de desarrollo territorial y la fuerte direccionalidad política del ejecutivo municipal son elementos distintivos de esta experiencia urbana de promoción de la Economía Popular, Social y Solidaria, enmarcada en una estrategia de Desarrollo Local.

4. La PLANTA PROCESADORA DE PESCADO de la Municipalidad de Reconquista – Santa
Fé (gestión Enri Vallejos), habilitada con RNE Nº 21-113587, en la ciudad lindera a la sede
del Grupo Vincentin, empresa emblemática del modelo del Agronegocio y la Fuga de
Capitales.

Desde la Secretaria de Producción nos informan que la Planta cuenta “con catorce (14) productos inscriptos y habilitados para su comercialización y tres (3) productos inscriptos de elaboración a terceros. Se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento, cumpliendo con todos los requisitos de higiene y seguridad alimentaria. Los análisis microbiológicos y fisicoquímicos que se realizan han dado siempre resultados óptimos y todas las auditorias de ASSAL fueron satisfactorias.

En la actualidad trabajan 4 operarios, los cuales están en capacitación permanente para el manejo higiénico-sanitario que deben cumplimentar, todo ello tendiente a conseguir la sustentabilidad del emprendimiento. Los mismos también cuentan con el carnet de manipulador de alimentos, exigencia que es solicitada en cada auditoria de Assal, para así cumplimentar con la Disposición Nº 012/12 emitido por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria y Homologado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. En lo que respecta a la asistencia y control técnico de la planta, está a cargo de una Técnica en Tecnología de Alimentos matriculada”.

“El municipio compra pescado para procesarlo y comercializarlo a través de una marca propia SABORES DEL RIO Las especies que adquieren son Surubí, Pati, Boga, entre otros a
través de licitaciones públicas y concursos de precios. Los proveedores deben cumplir con los requerimientos legales para vender. Dichos productos procesados, ya sea en filete, en postas, enteros, molida, son comercializados en supermercados de la zona. De esta manera se estaría llegando a familias de Reconquista y la zona con un alimento sano, inocuo y de alto valor proteico para su consumo. En la ciudad actualmente se distribuyen aproximadamente 2339 raciones diarias de comidas que van dirigidas a los comedores barriales y viandas universitarias. Es importante mencionar entonces, que es una buena oportunidad para abastecer esta demanda, logrando así una dieta más nutritiva para los niños y jóvenes”.

Valoramos la creación de una empresa municipal, que genera valor agregado en origen,
concretiza la creación de nuevos puestos de trabajo, garantiza el cumplimiento de las normativas de salubridad e higiene, apoya a los pequeños pescadores de la zona y mejora
la dieta alimentaria de la población local, en especial los comedores comunitarios.

"Sabores del Río", la marca procesadora de pescado de la municipalidad de Reconquista.
“Sabores del Río”, la marca procesadora de pescado de la municipalidad de Reconquista.

Conclusiones

Como se puede apreciar en las cuatro experiencias de Políticas Públicas se generan procesos de vincular producción y consumo local donde podemos materializar varios de los aspectos centrales de nuestra propuesta y nos permitan destacar la direccionalidad política, institucionalidad y respuesta inmediata en la creación de trabajo y producción apoyados desde la gestión municipal. Estos criterios normativos, instrumentales y de mucha capacidad operativa son muy necesarios si se pretende articular los esfuerzos de la producción local, el consumo organizado y conformar un Estado Regulador en lo relativo
al suministro de alimentos frescos al consumo popular para poner en marcha operaciones
concertadas y solidarias, orientadas en perspectiva de la Soberanía Alimentaria.

En primer lugar, el Estado local a través de sus dependencias municipales afines al espacio socio-productivo se involucran en promover la producción local, circuitos de  comercialización cercana y definir en perspectiva de reconstrucción del Desarrollo Regional (caso Bariloche con los productores del Valle del Rio Negro) Impulsar la producción de bienes de consumo por medio de acuerdos con los grupos y asociaciones de productores, garantizando condiciones de salubridad e higiene (Planta Procesadora de Pescado en Reconquista), generar políticas que concreticen el compre local y solidario (Ordenanza de la Municipalidad de San Martín), y promover nuevas formas organizativas, articulación y modelos de producción alternativos (PASS de Gualeguaychú).

En segundo lugar, la creación de Consorcios de Gestión, Entes, Empresas y Programas
Municipales que cuentan con la necesaria profesionalidad y capacidad de Equipos de Gestión Integral, apoyados en el respaldo de la decisión política para la articulación territorial y la firme direccionalidad de incidir en la regulación de la economía local. Por
eso la importancia que adquiere el proceso de construcción de Políticas Públicas que permitan la vinculación de producción solidaria y el consumo responsable, en un compromiso de actores que resignifican tanto el rol del Estado Local, de los Productores como de los Vecinos y Consumidores. Estamos planteando políticas contrahegomonicas que disputan con el poder concentrado la renta local que genera el consumo popular.

Este enfoque de construcción colectiva obliga a efectuar y actualizar de modo permanente
el acompañamiento estatal al complejo proceso de fortalecer la inversión de los productores en la generación de valor agregado local, la incorporación de tecnologías
adecuadas y avanzar la producción de manufacturas saludables, en acompañar con
financiamiento solidario los procesos productivos para asociar en forma permanente a
mayor cantidad de productores, cooperativas y de la agricultura familiar interesadas en
ingresar al acuerdo colectivo que posibilite ganar en escala, volumen y calidad de la producción local. Es la manera de garantizar una oferta creciente de alimentos frescos,
sanos y saludables que abarate los costos de la canasta familiar y mejore las condiciones
nutricionales del consumo popular.

Seguramente será necesario reforzar las estrategias con Programas alternativos de
comunicación social para concientizar en la organización del consumo responsable, el
compre solidario y compre local, plantear nuevas pautas culturales orientadas al “buen
vivir” de la comunidad, con el enfoque centrado en los jóvenes en la construcción
protagónica del Nuevo Contrato Social.

Tercero, se requiere de un ejercicio permanente de Planificación Concertada del Estado Local para establecer un mecanismo horizontal que estimule los acuerdos entre productores, consumidores y estado municipal, de modo de establecer vínculos que armonicen en tiempos programados oferta y demanda respectiva. Este mecanismo requiere un proceso de planificación muy bien organizado de modo tal que los productores sepan con antelación cuánto tienen que producir (invertir), los consumidores tengan certezas de qué es lo que van a recibir (economía doméstica) y entre ambos, con el Estado Local (la responsabilidad de garantizar el proceso) con el necesario apoyo en la financiación solidaria, la fase técnica, capacitación permanente y una comunicación sostenida que permitan darle sustentabilidad a los acuerdos programáticos. De esta manera será factible estimar la intervención estatal en la provisión de créditos no bancarios (CONAMI) para asistir a los pequeños productores a fin de alcanzar la necesaria inversión en tecnología apropiada y disponer de recursos para programar sus inversiones. Y consolidar una estrategia de Finanzas Solidarias si conseguimos direccionar el consumo popular para que un 10 % de los ingresos monetarios de la Seguridad Social (ANSES/Tarjeta ALIMENTAR) que circulan por la comunidad todos los meses, se puedan reinvertir en creación de nuevos puestos de trabajo y generación de valor agregado en la producción local.

Una estrategia como la comentada, con todos los ribetes que hacen a una iniciativa compartida por numerosos actores sociales, apta para generar ingresos a pequeños productores rurales cercanos a las aglomeraciones urbanas cuyas producciones sirven al
aprovisionamiento de parte sustanciales de las canastas de consumo imprescindibles de
sus habitantes, debe ser promovida en atención a las elevadas carencias sociales heredadas del nefasto periodo neoliberal reciente más los condicionantes sociales que
genera la Pandemia COVID 19. Los procesos que se constituyen en la vinculación de producción-consumo posibilitan la desaparición de la incertidumbre del productor, que tiene garantizado un mercado cierto, con un precio justo de lo que entrega a dicho mercado Además le otorga certeza a la demanda consumidora urbana (comedores municipales) de alimentos frescos a precios sin la intervención de intermediarios Al mismo tiempo, mediante el apoyo de las instancias que trabajan en la agricultura familiar, se impulsa la adopción de tecnologías limpias y sanas que no usen los elementos agroquímicos dañinos para la salud humana.

Resulta fundamental avanzar en este tipo de estrategias socioeconómicas que provocarían
en primer lugar un control del alza de precios, en segundo entregaría alimentos de consumo sano y sustentable para la salud de la población y en tercer lugar permitiría qué quienes organizan el trabajo en territorio en la producción sepan muy bien sobre qué bases tienen que programar a futuro su actividad productiva y entonces puedan hacerlo con la total certeza de que van a tener mercado disponible. Esta estrategia de vincular producción local y consumo responsable es muy valiosa y vale la pena si se la asume como Política Pública Federal, planificada y sostenida en el tiempo, a lo largo y ancho del territorio nacional.

* Titular de CONAMI – MDS.
** Investigador Principal CEUR-CONICET, Asesor ad honorem de CONAMI, presidente honorario del IADE.

Foto Portada: Julia Vélez, en 20 dea bril – UTT.