Escribe: María Victoria Fregenal

Luego de tres meses de la aprobación de la Ley de Emergencia Económica y Financiera en la Ciudad de Buenos Aires, en el día de ayer tuvo lugar la primera reunión virtual de la comisión de seguimiento, en donde Diego García Vilas, diputado del bloque Juntos por el Cambio, fue elegido como presidente.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el 7 de mayo la Ley de Emergencia Económica que presentó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en medio de numerosos escándalos presupuestarios que sacudían su gestión. La oposición presidida por el Frente de Todos voto en contra, ya que dicha Ley le otorga superpoderes al Ejecutivo. Entre los principales puntos se encuentran la reasignación de partidas presupuestarias, suspensión de programas no esenciales, evita la incorporación de personal (exceptuando el área de salud) como así también permite rescindir o renegociar contratos, busca incentivar el pago por adelantado de impuestos a través de bonificaciones, descuentos y planes.

Larreta maneja hasta las comisiones que debieran controlarlo.

La comisión está integrada por 11 miembros de los cuales 7 pertenecen al oficialismo, lo cual evidenció, desde un inicio, el apoyo para presidirla al legislador de Juntos por el Cambio, Diego García Vilas. Durante la reunión del día jueves, los diputados del bloque del Frente de Todos expusieron su disconformidad respecto a que la Comisión sea presidida por el Jefe del bloque del oficialismo. La conformación de dicha comisión es a fin de poder hacer un seguimiento y fiscalización de la ley sancionada, con lo cual sería absurdo pensar que un integrante del mismo bloque que representa los intereses del Jefe de Gobierno, pueda controlar y mantener la transparencia.

La Legisladora del Frente de Todos (FdT), Cecilia Segura expresó: “Es muy difícil que alguien pueda controlarse a sí mismo, tiene que ver con la propia practica institucional de la república” además explicó que anteriormente se auditaba el 40% del presupuesto pero cuando asumió Rodríguez Larreta y con él nuevos auditores, se redujo al 13% lo auditado. La diputada, en su intervención, agregó: “La ley se sancionó el 7 de mayo, recién estamos constituyendo la comisión, es de emergencia, es hasta el 31 de diciembre, es para controlar los gastos y las contrataciones ahora”.

Cecilia Segura, legisladora porteña por el FdT.

Siguiendo con la misma línea el Legislador Matías Barrotaveña (FdT) manifestó: “Lo que vemos es una práctica de negar a la oposición espacios de control y de transparencia mientras que permanentemente vemos que se llenan la boca hablando de la república, los controles y la transparencia”. Los diputados de la oposición solicitaron la periodicidad de las reuniones de la comisión y el acceso a la información de manera directa y rápida. Los tiempos manejados por el oficialismo para el control de la Ley no demuestran claridad o criterio en el manejo del presupuesto frente a la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Recordemos que antes de la sanción de la norma, la gestión del Jefe de Gobierno estaba envuelta en escándalos por la compra de barbijos vencidos y a sobreprecios excesivos, además de la contratación del hotel de la hermana de Rodríguez Larreta. Pero no solo fueron las malas decisiones tomadas antes de aprobar la emergencia económica lo que justifica un control al gasto que realiza el Ejecutivo, sino también las posteriores. Un ejemplo claro de esto fue la compra que realizó el gobierno porteño de test rápidos para coronavirus de procedencia china, a través de una empresa intermediaria en Singapur. El pago se realizó por adelantado, hubo modificaciones en el medio, el fabricante aumentó el valor del test y por ese motivo el gobierno porteño pidió menos cantidad pero aun así nunca llegaron.

Larreta, Santilli y García Vilas.

Cuando quisieron cancelar la compra, perdieron el 15% del dinero, lo cual representa $18 millones. No solo eso, sino que hablamos de una gestión que durante años minimizó el sistema de salud porteño. Un gobierno que despidió, en plena pandemia, a 30 trabajadores de la salud del centro de aislamiento de Costa Salguero. Un gobierno que no reconoce a los promotores de salud que ponen el cuerpo para realizar los testeos. Ese mismo gobierno propuso una Ley de Emergencia Económica por la crisis sanitaria de Covid-19 en la Ciudad, para que ellos mismos puedan manejarla y controlarla.

Los diputados del bloque Juntos por el Cambio demuestran en sus palabras y acciones que por tener mayoría en la Legislatura porteña, la representatividad de los vecinos de la ciudad parte solo de ellos y dejan de lado constantemente a la oposición en temas centrales. Es difícil pensar que el criterio de seguimiento y control de la Ley pueda tener transparencia y ser objetiva en función de la crisis sanitaria, si ellos mismos manejan la información.