Domingo 8 de agosto del 2020

Escribe: Natalia Morandeira (*)

Ilustra: Sabrina Pintos

Pasaron casi dos meses desde que el humo en Rosario alertó sobre los incendios en las islas del Delta del Paraná. Desde entonces, hubo cuatro veces más de incendios y nuevas zonas de islas fueron alcanzadas por las llamas. Los isleños cuentan cómo saltan chispas de un lado al otro del río, cómo se expanden las áreas quemadas. Son tristes las imágenes de la fauna intentando escapar de las llamas, de la vegetación y suelos carbonizados. Y preocupa que hay familias habitando en esos campos, poniendo su esperanza en un pronóstico de lluvia, en que el viento no sople para el lado en que ellos viven. Los isleños e isleñas hacen guardias y apagan las llamas a baldazos.

En junio, Patricia Kandus, Priscilla Minotti y yo escribimos una nota en Agencia TSS sobre los incendios en el Delta. Los impactos ecológicos del fuego y el contexto en que se dan están extensamente desarrollados en ese texto. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego estima que se quemaron más de 90 mil hectáreas, pero aún no se pueden cuantificar los efectos negativos sobre el ambiente. Lo que es importante señalar es que el contexto en que se dan estas quemas es el de una bajante histórica del Río Paraná: al efecto propio de esta sequía extrema y prolongada, hay que sumarle entonces el de las quemas. La sequía, a su vez, empeora la situación: la gran cantidad de vegetación y suelos secos son el material combustible que lleva a que los incendios se propaguen rápido.

Para actualizar la información provista en la nota citada, dejo aquí los gráficos actualizados al día 6 de agosto. Cada “foco de calor” corresponde a un potencial incendio activo, a un área caliente de 375 m x 375 m, detectada por medio de datos satelitales. En el gráfico se ve cómo la cantidad de focos activos alcanzó los más de 900 por día. El 7 de agosto llegaron las lluvias y un poco de tranquilidad.

Focos de calor activos (potenciales incendios) por día hasta el 6/08/2020. Análisis propio con datos VIIRS (375 m de resolución) de FIRMS-NASA.

Al 6 de agosto, se han registrado más de 14.600 focos de calor (potenciales incendios) durante el 2020. Al mirar la evolución temporal de la cantidad de incendios, se ve también algo llamativo: durante la primera etapa de la cuarentena estricta, prácticamente no se detectaron focos de incendio. En la primera quincena de mayo se empieza a quemar: ¿en qué campos? A la Justicia le corresponde investigar sobre dónde comenzaron los incendios, si hubo intencionalidad y, en tal caso, quiénes son los culpables. Hay una segunda meseta de menor duración, luego de la intervención del Ministerio de Ambiente y la mayor presencia de brigadistas, coincidente también con algunas lluvias. Luego, alrededor del 9 de julio, la cantidad de focos de calor aumenta drásticamente. Este patrón temporal podría ser analizado en detalle a los efectos de buscar posibles causas de los incendios.

Focos de calor activos (potenciales incendios) acumulados hasta el 6/08/2020. Análisis propio con datos VIIRS (375 m de resolución) de FIRMS-NASA.

La gestión del territorio de las islas

La intervención del Ministerio de Ambiente y el continuo accionar de los brigadistas no alcanzan a controlar la situación. Tras las denuncias penales impulsadas desde Nación, la Justicia Federal ordenó la indagatoria de algunos de los dueños o arrendatarios de los campos, pero las acciones demoran. Seguimos sin conocer quiénes fueron responsables de iniciar los incendios y quiénes fueron damnificados directos. Ante los nuevos focos de incendio, tardan en llegar las respuestas a la población afectada por las quemas o que aún está en riesgo.

También, faltan acciones coordinadas entre las distintas jurisdicciones del Delta: ¿una mesa de trabajo para la gestión de la emergencia?, ¿una serie de acuerdos base sobre el manejo del territorio?, ¿una convocatoria a la participación de los actores sociales involucrados? El espíritu de ese trabajo está en parte en el PIECAS (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable del Delta del Paraná), que nació en 2008 motivado por las extendidas quemas (aún más intensas que las de este año)…, y prácticamente allí quedó.

¿Qué Ley de Humedales?

En este contexto ha pasado a la centralidad el debate sobre la necesidad de una Ley de Humedales (nombre completo: “Régimen de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los humedales”). Es un proceso largo, legislativo, que requiere mucha discusión. Hay seis proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación, con diferencias conceptuales incluso en la definición de qué es un humedal. En el caso de que algún proyecto prospere, la ley debería ser reglamentada y empezaría a correr el plazo para realizar un Inventario Nacional de Humedales (ese plazo es de varios años y depende de cada proyecto de ley). Luego, se dispone un ordenamiento territorial llevado a cabo por cada provincia. Un proceso definitivamente largo.

Por eso, no es atinado pensar en la Ley de humedales como la panacea para resolver el tema de las quemas, que urge, ni otras intervenciones y conflictos ambientales en el Delta: canalizaciones, endicamientos, urbanizaciones. Aún en el caso del Delta del Paraná, un inventario de humedales daría por resultado que todo el área es un gran macrosistema de humedal. Es decir, se volvería al punto de partida, a lo que ya es posible de diagnosticar hoy: la necesidad de un ordenamiento territorial, la necesidad de acciones interjurisdiccionales. Hay muchas normativas vigentes hoy día que pueden utilizarse para intervenir sobre las quemas: una Ley de Humedales es una herramienta que nos queda lejos. La discusión sobre una Ley de Humedales debe ser integral, debe contemplar las interrelaciones con otras normativas de protección ambiental (Ley de Bosques, Ley de Glaciares, entre otras). En el hashtag #LeyDeHumedalesYA hay muchos proyectos de ley e intereses en juego. Es arriesgado apurarse a sancionar una ley sin tener en claro qué implicancias tiene el texto de cada proyecto.

Ilustración: Sabrina Pintos.

Hubo y hay proyectos de Ley de Humedales que, a mi entender, implican una mirada mercantilizante de la naturaleza, planteando entre los objetivos de la ley proteger los “servicios ambientales” o “servicios ecosistémicos” que nos “brindan” o “proveen” los humedales. Se trata de una visión que desconoce al ser humano como parte del ambiente, se desentiende de la fuerza de trabajo de los hombres y mujeres que producen en los humedales, pasa a segundo plano los conflictos sociales, y muchas veces está directa o indirectamente relacionada con una valoración económica de la naturaleza. ¿Cuánto vale el Delta? (sí, en millones de dólares); ¿vale más este humedal o esta producción agropecuaria o extracción minera o emprendimiento inmobiliario? Y, un punto no menor, ¿quién será el que le ponga ese precio? Me resisto a pensar a la naturaleza en términos de valor de mercado. Hay que romper la idea de que la razón por la que se busca proteger o usar sustentablemente a tal o cual ecosistema es que aquel —el ecosistema, del que no seríamos parte los seres humanos— nos suministra bienes y servicios a nosotros —que sólo así, en carácter de consumidores de sus bienes o servicios, nos relacionamos con los ecosistemas—.

Una visión a mi entender más acorde es pensar en estos ambientes como parte de nuestro patrimonio natural y cultural. En el Delta del Paraná, se trata de proteger los paisajes, cultura y modos de vida litoraleños: que los isleños tengan trabajo, condiciones de vida dignas, acceso a salud y educación pública; que la vegetación y la fauna no sean arrasadas en pos del beneficio de unos pocos; que quienes no residimos en las islas podamos también disfrutarlas. El Delta del Paraná debe ser pensado como un ambiente esencial para nuestro bienestar y buen vivir. En función de esta concepción, es posible discutir qué intervenciones son aceptables y cuáles no (diques, canales, terraplenes, quemas, uso de agroquímicos, etc), qué actividades productivas se pueden realizar y dónde, cuáles ambientes son prioritarios y se eligen para preservar. En el Delta, como en ningún rincón de la Argentina, no deben primar los intereses económicos de unos pocos por sobre el beneficio común. Pero tampoco, con el interés de proteger los humedales, debemos aceptar que sean considerados una entidad separada del ser humano y que tiene valor sólo por el hecho de darnos algo a cambio. No debe pensarse al Delta como un objeto factible de ser mercancía.

(*) Investigadora del CONICET – Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín