Lunes 17 de agosto de 2020

Escribe: Julián Andreu

El “siga siga” es una expresión nacida del fútbol allá por los 90; se daba cuando parecía que había una falta y el árbitro no cobraba nada y en consecuencia seguía la jugada. Hay una maniobra que no es dentro de una cancha, pero se sigue jugando y ese partido parece que, por ahora, no tiene el pitazo final.

Se alzan muchísimas voces contra la reforma judicial que hace unos días presentó el presidente Alberto Fernández, Si hiciésemos un recuento de palabras mas usadas por los opositores a dicha reforma, que a la sazón son la misma oposición propiamente dicha, rápidamente este coro desde el primer minuto agitó que dicha reforma era para lograr la impunidad de Cristina, un sin sentido ya que de hecho la misma letra de la reforma sostiene a los jueces naturales en cada una de las causas que tramitan. Ahora también nos podríamos preguntar si esa oposición minoritaria pero muy activa, no defiende su propia impunidad y la de sus integrantes, entre ellos del mismísimo Mauricio Macri.

Atornillados

En estos días asistimos a un capítulo mas de una interesante serie jurídica, como para darle un título. Dos jueces, Bruglia y Bertuzzi, que intervinieron en varias causas importantes siempre favoreciendo al gobierno anterior, forman parte de la lista de magistrados que el oficialismo pidió revisar, dado que sus traslados no pasaron por el Congreso y los considera ilegales en sus cargos.

Bruglia y Bertuzzi, en el canal còmplice.

Pero hay otro funcionario que se mantiene en su cargo y no es menor: Eduardo Casal el actual pocurador interino, no cuenta con el acuerdo del Senado ni contó con la mayoría de 2/3 necesarias para obtener el cargo.

Muy distinta la forma que llegó al cargo la predecesora a Casal, con acuerdo del Senado con 63 votos a favor y solo 3 en contra; Alejandra Gils Carbó se convirtió en Procuradora General de la Nación el 15 de agosto de 2012.

La ex Procuradora obtuvo el el apoyo de 89 instituciones, como por ejemplo, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, la Federación Argentina de Colegio de Abogados (FACA), la CGT, la Unión del Personal Civil de la Nación, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y la CTA bonaerense.

Cuando devino el cambio político con el triunfo de Macri en las elecciones presidenciales del 2015 y a poco de asumir el cargo, el mismísimo presidente en persona atacó y fustigo desde el sillón de Rivadavia a la procuradora, tildándola de parcial, sus adláteres mediáticos ayudaron a esa persecución, hasta el punto de publicar el número de celular de la hija en el diario Clarín. El apriete llegaba a lo más miserable y abyecto, y surtió el efecto deseado por la Casa Rosada, Gils Carbó hastiada de los ataques y embestidas presentó la renuncia al cargo el 31 de diciembre de 2017. El camino allanado. Pero no tanto.

Casal cumple, Stornelli también

El problema del cargo que ocupa Casal no termina solo en él, tiene su implicancia para adentro del Ministerio Público Fiscal en particular e irradia para toda la justicia en general.
Este personaje tiene una función clara, proteger la espalda del gobierno que se fue. Ahí radica su posición impertérrita en el cargo, pero tiene puntos específicos. Uno es el multiprocesado fiscal federal Carlos Stornelli. Casal tiene en sus manos la libertad de este fiscal ligado a Macri desde su participación como jefe de seguridad de Boca.

Casal avanzó con una medida administrativa contra la fiscal Boquín quien lleva adelante la causa del Correo Argentino que compromete a Mauricio Macri.

Son múltiples las causas por las cuales están procesado por juez de Dolores, Ramos Padilla que dictó el procesamiento de Stornelli por encontrarlo penalmente responsable del delito de asociación ilícita en los casos identificados como: “GNL”, “Brusa Dovat-PDVSA”, “Terrorismo-Irán”, “Pedro Etchebest”, “Ubeira”, “Castañón” y “Munín-Talevi”, además se le suman los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público en diferentes grados en estos casos. Su oscura relación con el hoy detenido, el falso abogado Marcelo D’ Alessio y con el periodista de Clarín, Daniel Santoro procesado por coacción y extorsión, todos actores principales de la causa que se tramita en Dolores a la espera de una definición de competencia por parte de la Cámara Federal de Mar del Plata.

El fiscal procesado Carlos Stornelli compartiendo un acto con Mauricio Macri.

El 24 de mayo de 2019 el procurador Casal se dignó a tomar nota de los múltiples llamados a indagatoria desoídos por Stornelli y nombró a cargo de la instrucción del sumario contra este, al fiscal Marcelo Rettes, contaba con un plazo de 60 días para llevar adelante las actuaciones. Pasaron mas de 15 meses y Stornelli sigue en su cargo.

Stornelli sigue porque Casal desoye a la Justicia que pide su remoción del cargo de fiscal federal y en consecuencia devendría su la detención por la gravedad de los delitos cometidos.

Pero el ex jefe de seguridad de Boca y actual fiscal federal sigue libre y no solo eso, durante la semana anterior se animó a seguir sus maniobras, imputó a Julio De Vido, a Alessandra Minnicelli, Santiago De Vido, Valeria De Vido, Facundo De Vido, Juan Manuel De Vido y Julio Eduardo De Vido, basado en los falsos cuadernos de la coima de Centeno, esos que los habían incinerado y un periodista se los encontró intactos y de casualidad por la calle.

La sociedad Macri – Casal – Stornelli sigue haciendo sus jugadas sucias. El candidato a Procurador General de la Nación que busca posicionar con acuerdo del Senado la Casa Rosada es Daniel Rafecas, que aún no se consiguió. Lo que no se puede seguir sosteniendo es a un ocupa como Eduardo Casal en el cargo, no solo por su condición de interino sino además por sus actitudes parciales y de complicidades delictivas con sus protegidos.