Lunes 7 de septiembre de 2020

En #NoNosQuedaOtra por AM 740 Radio Rebelde hablamos con Gabriel Chamorro, escritor, autor de “Lawfare, o la continuación de la política por otros medios”, libro que explica el funcionamiento de la guerra judicial, los intereses detrás y los actores necesarios.

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lawfare libro chamorro
Tapa del libro, disponible a la venta.

“De toda la producción que yo vi, tanto latinoamericana como europea, solamente hay un trabajo de la CELAG con prólogo de Zaffaroni, salido a fines del año pasado, que refiere al “lawfare” en los casos de la política argentina. El “lawfare” generalmente se lo relaciona con Lula y con Correa, y se omiten los casos argentinos. Y en Argentina fue donde se dio de manera más caliente. Porque en Brasil la persecución fue claramente en contra de la cabeza del Partido de los Trabajadores, y en Ecuador se desató recién una persecución generalizada con las revueltas de octubre del año pasado. Pero en Argentina hubo una sistemática persecución durante 4 años, donde encontramos más de 20 presos políticos. Preso político es el atajo que tomamos para hablar de “lawfare”; porque un preso de “lawfare” es peor que un preso político. Al preso político se le puede organizar una defensa política o técnica o mixta; pero frente al detenido por el “lawfare” se da una desviación del derecho, una defensa técnica, una defensa mediática. Y la palabra clave en todo esto es la defensa: defenderse de algún delito que no se cometió, o que se cometió no con la calificación que se adjudica o con la entidad y la gravedad que se le asigna. Este es el problema del “lawfare”: por dónde encarar la defensa de algo que no se ha cometido”.

“En Argentina hubo una sistemática persecución durante 4 años donde encontramos más de 20 presos políticos”

 “Inevitable e invariablemente detrás de todo proceso de “lawfare” hay un interés; geopolítico, económico, estratégico, comercial. No solo es una cuestión política, siempre hay un interés detrás en juego. En términos clásicos, es la forma en que una fracción de la burguesía trata de resolver su proceso de acumulación financiera, en esta fase tan particular del capitalismo. En términos más llanos, es toda persecución que hay en pos de conseguir un interés, un logro o un beneficio comercial. Por eso al “lawfare” se lo concibe básica y originalmente como una persecución a dirigentes progresistas, populares, nacionales o de izquierda; cuando en realidad el “lawfare” también apunta contra sectores empresarios, de cierto poder, económicos. Porque en el caso argentino hubo un evidente proceso de “lawfare” contra empresarios del grupo Indalo, por la estrategia de obtener el combustible. En Estados Unidos se practicó el “lawfare” contra Siemens para sacarla de competencia. En Brasil se practicó el “lawfare” porque había detrás de todo esto una empresa de líneas áreas muy codiciada y una reserva estratégica de hidrocarburos en la plataforma brasilera. Entonces, no solamente es contra dirigentes populares, progresistas, sino contra todo aquello que representa un interés económico”.

“El lawfare es toda persecusión en pos de conseguir un interés o un logro comercial: por eso no es solo contra dirigentes progresistas, sino contra empresarios que obturen sus intereses”

“Persecución hubo siempre, podemos ir a Mandela, al Caso Dreyfuss, o buscar antecedentes de los más variados. Lo que tiene de interesante el “lawfare” es que se presenta como una operación jurídica limpia. Y lo que tiene interesante también como característica particular es la presión que ejercen los medios de comunicación. En realidad, lo más importante en este triple soporte que tiene el “lawfare” es el medio comunicacional. La condena tiene que estar dada ahí, con carácter previo paralelo. Después, lo que pase judicialmente se torna casi irrelevante. Podrá absolverse, podrá decretarse la inexistencia de delito, podrá sobreerse, no importa. El tema es que al adversario político se lo sacó de juego, se lo desmoralizó, si se puede se lo aniquila, por eso es guerra política. No es alguien que está en infracción con la ley, un ciudadano que tiene un conflicto con la ley, sino ya es un enemigo al que hay que eliminarlo, sacarlo de competencia y si es posible arruinarlo para siempre; patrimonial, moral y psicológicamente. Esto tiene la apariencia de un proceso judicial, cuando en verdad es toda una utilización ilegal e ilícita del derecho, en el proceso, en el procedimiento, en la ley. Convocan al derecho para algo de lo que no fue convocado. El autor toma de la política las reglas del arbitraje en forma de poder judicial”.

“lo que pase judicialmente se torna casi irrelevante. (…) al adversario político se lo sacó de juego, se lo desmoralizó, si se puede se lo aniquila, por eso es guerra política”.

“El “lawfare” es la continuación de la política por otros medios, porque se fortalece en un escenario ficcional de democracia representativa. Hay una falsificación y negación de la política, y un desarme discursivo a cargo de los medios, con “fake news”. El “lawfare” no viene a debilitar a la democracia; es un producto de una debilidad del estado de derecho. No lo descompone, sino que hay una condición previa. La descomposición del estado de derecho habilita estos ramales, habilita la actitud de los jueces contra el derecho, habilita la posibilidad de que estemos todo el día debatiendo sobre cosas que nunca sucedieron, habilita la posibilidad de una mesa judicial, un extra poder que no está en ningún estatuto, en ningún reglamento, en ningún órgano. Es una invención de presión a cara descubierta destinada a presionar jueces y medios”.

“Lo que tiene el lawfare es que se presenta como una operación jurídica limpia y otra particularidad es la presión mediática”

“El desarme discursivo es el más difícil, paradójicamente. El primer elemento de desarme está dado en recomponer una vigorosa división de poderes y empezar una reforma judicial que impida esta persecución, este desarme, esta utilización y desmantelamiento de organizaciones y sectores por sola o mera voluntad de un juez. El segundo elemento ya es más difícil. El senador Parrilli semanas pasadas ya incorporó una palabra de que los jueces tuvieran un protocolo de denuncias ante amenazas de los poderes fácticos, económicos y mediáticos, y hubo todo un escándalo. Como decía Jaroslavsky te atacan como partido político y se defienden con la libertad de expresión. El gran obstáculo está ahí, en la cuestión de los medios”.

“Me preguntaban hace unos días en relación a la reforma judicial, y ahí hay otro problema: esto no es una reforma sino un reglamento de funcionamiento. No hay reforma que ataque lo peor del poder judicial. Yo puedo poner en un reglamento o estatuto que el poder judicial tiene que dejar de ser corporativo, patricio, misógino, endogámico y patriarcal, y no va a cambiar porque lo ponga en un reglamento. No hay que militarlo porque no es brillante, puede ser esta u otra. Lo que sí hay que militar es la reforma judicial. La ley de medios sí hubo que militarla, porque apuntaba a un núcleo que es un monopolio comunicacional”.

“Estamos ante la aplicación del modo directo de los Estados Unidos para organizar los poderes judiciales de la región. Mediante la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Ya vimos también la intervención del embajador Edward Prado la semana pasada y en el 2018 cuando asumió Macri. Es un Plan Condor con las características propias del derecho y los poderes judiciales. Sergio Moro fue adiestrado en los Estados Unidos, y todas las reformas judiciales vienen desde el Norte. En la Argentina cuando hubo un proyecto de reforma judicial encarado por Macri y pedido a 12 juristas y 12 jueces que los lidero Borinsky, camarista federal. Hecha la reforma, la fueron a presentar a los Estados Unidos antes que en Argentina. Fue una reforma al código penal argentino que presentaron en la agencia de desarrollo, en el Wilson Center. Esto fue financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID)”.

El libro puede comprarse directamente en la editorial o por Mercado Libre, con envío u opción de retiro por Caballito.