Miércoles 23 de diciembre del 2020

Escribe: Gustavo López (*)

El gobierno nacional consagró el derecho a la conectividad como un derecho esencial, declarando servicio público al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) y poniendo en práctica esos derechos a través de la prestación básica universal (PBU).

Quedó evidenciado durante la pandemia lo que la O.N.U. había proclamado hace unos años, el derecho humano a la conectividad. Para poder estudiar, enseñar, acceder al conocimiento, a la investigación científica, para trabajar o simplemente para llenar un formulario para recibir un subsidio, se necesita conectividad.

La conectividad es al siglo XXI lo que la energía fue al mundo industrial del siglo XX.

Sin embargo, algunos no quieren entender que lo que hasta hace poco era exclusivamente un bien de mercado, hoy se ha convertido en un servicio público en competencia. Es decir que las empresas siguen compitiendo entre ellas para ofrecer mejores precios o servicios, pero el Estado fija reglas de juego para que los que menos tienen no se conviertan en ciudadanos de segunda por no poder pagar un servicio y quedar desconectados de la cotidianeidad.

Por ese motivo la P.B.U. está orientada a los sectores más vulnerables, a los que necesitan de la protección del Estado para equilibrar al mercado y poder acceder a un servicio tecnológico que les permita estar comunicados, estudiar, trabajar y consumir bienes culturales.

La prestación básica universal es un Nuevo Derecho Ciudadano, el derecho a la conectividad, consagrado por un gobierno que viene a ampliar derechos comenzando por los que más lo necesitan.

Los beneficiarios son todas aquellas personas cuyos ingresos mensuales sean inferiores a 2 salarios mínimos vitales y móviles. Sean jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia, cuentapropistas, desocupados, beneficiarios de asignaciones, etc. Ellos son los que pueden pedir este beneficio como un derecho y las empresas tienen la obligación legal de prestarlo.

El universo de beneficiarios es claro. Sin embargo, los que no se resignan a perder beneficios y establecer sus propias reglas, agitan fantasmas como la desinversión o el quiebre de empresas, esgrimiendo que el beneficio se puede extender a 44 millones de personas. Sostener esto es como afirmar que alguno está dispuesto a dejar su trabajo para cobrar un seguro de desempleo. Uno espera más información para las audiencias y menos opinión en defensa de intereses empresariales.

Lo que sí es cierto es que estamos frente a una medida revolucionaria, que se adelanta a su época, consagrando un nuevo derecho que va a permitir que aquellos que menos tienen puedan estar comunicados por $150 mensuales a través de un celular y por $200 más puedan navegar por internet.

Una medida que va a garantizar el acceso a estas tecnologías, al chico que tenía que ir a una plaza para buscar wifi gratuito para hacer su tarea. Ahora va a tener una línea telefónica y va a navegar de manera gratuita las páginas educativas.

Salimos del descongelamiento de manera gradual, para no afectar los bolsillos de los ciudadanos y para aquellos que les era imposible acceder a lo mínimo les garantizamos el acceso universal.

Todavía, la pandemia afecta no sólo la salud pública sino también a la economía. Millones de compatriotas buscaron la ayuda estatal para sobrevivir. Llegó la hora de la recuperación económica y de la reafirmación de derechos, por eso la P.B.U.

(*) Vicepresidente del ENACOM