Miércoles 23 de diciembre de 2020

Escribe: Mireya Dávila Brito

Avanza en la Cámara de Diputados el proyecto de ley (elaborado por una comisión bicameral mixta, modificado en el Senado y con media sanción de la Cámara Alta) que contempla una nueva fórmula de movilidad previsional o jubilatoria. La Cámara Baja del Congreso tratará la propuesta el próximo 29 de diciembre.

Con idas y vueltas, ayer la reunión pública de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado Carlos Heller (FdT) y Previsión y Seguridad Social, coordinada por el diputado Marcelo Pablo Casaretto (FdT), mostró las tensiones en el interior del parlamento. Por un lado, el bloque oficialista propone incluir a las y los beneficiarios de la seguridad social en el crecimiento económico de la nación. El diputado Itaí Hagman (FdT-CABA) manifestó que este debate es importante porque Argentina tiene un sistema de cobertura previsional que alcanza casi el 100% desde el año 2008. La decisión de la Cámara de Diputados abarcaría a millones de argentinas/os que gozan de beneficios de seguridad social (AUH, jubilaciones). Casi la mitad del presupuesto de la Argentina está destinado a garantizar el sistema previsional. Por otra parte, los adversarios al proyecto de ley esgrimieron su oposición con argumentos que apuntan a la inflación.

Movilidad jubilatoria

Ayer también se realizó una conferencia de prensa sobre el proyecto, con la presencia de la diputada Florencia Lampreabe, Vicepresidenta segunda de la Comisión de Previsión y Seguridad Social; Fernando Ausas, economista, y Miguel Fernández Pastor, Abogado y reconocido Especialista en Seguridad Social.

En apoyo de la fórmula que promueve el proyecto, una versión mejorada de la instaurada en el año 2008, Fernández Pastor sostuvo que desde ese año “hasta diciembre de 2015, el ingreso real de los beneficiarios de la seguridad social creció un 34,2%”.

Sobre una de las críticas de la oposición, la “opacidad” de la propuesta, la diputada Lampreabe señaló: “Hablan de la opacidad de la fórmula y afirman que es difícil de calcular, y son todos argumentos endebles e insólitos, no solo porque es una fórmula que operó sin problemas durante 9 años, sino que además la información es totalmente pública”.

La propuesta que trae el proyecto de vincular el crecimiento de los salarios y de la economía a la fórtmula es acorde con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que señala que la movilidad no debe vincularse estrictamente a los procesos inflacionarios. En esta nueva propuesta la fórmula encauza la movilidad de los haberes con el incremento de los salarios, el empleo y la recaudación. Urge su aplicación en vista de que la política económica del macrismo provocó el desplome de la producción, de los salarios y de los haberes. Recordemos que en diciembre de 2019 el gobierno de Alberto Fernández suspendió la movilidad fijada por la ley N° 27.426 del año 2017, sancionada por el macrismo y, desde hace un año, los aumentos han sido realizados por decreto.

Movilidad jubilatoria
Plenario de comisiones en Diputados.

Otro de los puntos que la oposición rechaza es la incorporación masiva de personas al sistema previsional, y pide cotejar la relación entre los aportes y quiénes se benefician. El diputado Facundo Suárez Lastra (Bloque UCR-CABA), manifestó estar en contra del carácter masivo de la ley que regía antes de 2017: “¿Cuánto cuesta la incorporación de gente que no contribuyó? ¿Qué situación patrimonial tiene esa gente? Había muchísima gente mayor de 65 años que tenían actividad económica, situación patrimonial, contribución, pagaban impuesto a la ganancia, porque tenían actividad y entraron solo por el transcurso del tiempo a un régimen como si sobrara dinero en la República Argentina. Ni siquiera hablemos de los que entraron en la moratoria”. También señaló como un asunto no atendido por el gobierno “la inflación reprimida, el control de tarifas (…) la enorme masa de trabajadores en negro sin hacer aporte, el desfinanciamiento del sector [previsional]…”

¿De qué trata la fórmula?

No sólo se trata de volver a la modalidad que rigió entre 2008 y 2017, como algunos actores políticos aducen, sino de una propuesta renovada, acorde a los tiempos actuales de ampliar las políticas económicas hacia los sectores más vulnerables. La fórmula contempla el crecimiento real de los haberes que recupere progresivamente aquellos 20 puntos perdidos durante el gobierno de Macri; las prestaciones vayan acompañadas del incremento salarial de los/as trabajadores/as activos/as, a partir del haber inicial y su consecuente sostenimiento en el tiempo, y la sustentabilidad o equilibrio entre los ingresos y gastos del Estado en la administración del sistema.

Movilidad jubilatoria

Esta fórmula pondera el 50% de la evolución de los salarios y el otro 50% de la recaudación que realiza el Estado para sostener el sistema previsional; el RIPTE (elaborado por el Ministerio del Trabajo) o el índice de salarios del INDEC sería el canon para medir los salarios, el que convenga mejor para los/as beneficiarios/as; la medición para la recaudación tributaria se basa en “la diferencia registrada entre un periodo y el otro de los impuestos”; cada tres meses se realizará la actualización (en los meses marzo, junio, septiembre y diciembre, y 3% sería el tope de crecimiento de la fórmula “por sobre la evolución de los recursos”, para así mantener una proporción estable en el sistema.

Sustentabilidad de la nueva fórmula

Varias de las críticas sobre cómo sostener esta fórmula en el tiempo fueron evaluadas por la Dirección de Estudios de la Seguridad Social del ANSES. El gobierno afirma que la sustentabilidad obedece a las políticas orientadas hacia el crecimiento de la actividad económica y el empleo formal, que son los recursos que administrará eficientemente la hacienda pública. Además, contempla la suficiencia de los aumentos para recuperar el consumo por sobre los precios y mantener una “tasa de sustitución” en el tiempo que mantenga alineadas las curvas del haber y de los salarios.