Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, en comunicación con el equipo de #NoNosQuedaOtra por #la990. Aumentos ilegales en los servicios de telecomunicaciones; las multas, y el estudio de nuevas estrategias para penar a las corporaciones que no acatan el decreto y han llevado la medida a la Justicia, en la búsqueda de un juez afin.

Escuchá la entrevista completa:

Gustavo López, vicepresidente de ENACOM.

Aumento ilegal en los servicios de telecomunicaciones

“Algunas empresas lideradas por el Grupo Clarín están en rebeldía respecto de la legalidad del Decreto 690, que es el que estableció que a cualquier aumento futuro lo regule el Ente Nacional de Comunicación y que, además, hay una prestación básica universal o un plan básico universal. Muchas pymes o cooperativas se han adaptado a la nueva legislación; algunas de las empresas grandes empezaron a devolver el dinero, pero en el caso de Cablevisión y de otras empresas bien influenciadas por el Grupo Clarín, no están acatando la medida. Para nosotros es fundamental por dos motivos: primero, porque son las instituciones de la democracia; el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sancionaron una norma, y esa norma declara servicio público esencial en competencia a las telecomunicaciones. Es más que obvio que es un servicio público y que es un servicio esencial, no se pudo haber hecho ni la escuela primaria, ni secundaria, ni la universidad; ni enseñar, ni aprender, ni recetar un medicamento, ni trabajar, si no hubiera sido por la conectividad. Fue más esencial que el transporte público, porque la gente no podía salir de su casa y el único contacto que podía tener con el afuera era a través del teléfono, la televisión o la computadora”.

“Lo que hizo Clarín es judicializar la medida, y uno se pregunta si es posible que el Poder Judicial reemplace a los otros dos poderes de elección popular en los planes de gobierno”

“El presidente lo declara servicio público, y esto trae dos efectos: que el precio ya no quede al libre albedrío de la empresa, y segundo, que haya un plan básico o una prestación básica para aquellos que cobran menos de 41 mil pesos y que no pueden pagar el servicio normal o común. Lo que ha decidido Clarín es judicializar la medida, y lo que uno se pregunta es si es posible que el Poder Judicial reemplace a los otros dos poderes de elección popular en los planes de gobierno. Porque, ¿Cuál es la estrategia? Pedir un amparo hasta que se estudie cuál es la legalidad de la medida, y el problema es que no se resuelve en 15 días la legalidad de la medida, sino que, a lo mejor, te lo frenan dos o tres años y en el mientras tanto, en este caso concreto, no solo no se aplica la norma, sino que la gente va a tener que pagar de su bolsillo mucho más de lo que el Estado le está regulando. Por eso nosotros tenemos una posición inflexible: se vencieron los plazos, empezarán las multas; si judicializan las multas, vamos a seguir adelante y vamos a estudiar otros mecanismos de sanción más allá de las multas para que no se perjudique a la gente: por ejemplo, que la acumulación de aumentos ilegales sea tal que uno le diga, bueno, este mes la sanción es que la gente no paga. Estamos estudiando todas las posibilidades“.

Cablevisión-Fibertel, empresas del Grupo Clarín, fuera de la ley.

“Por un lado, la multa es por dinero, pero por otro lado puede haber otro tipo de sanciones que estamos estudiando y que pueden ser muy efectivas para el bolsillo de la gente. El decreto está plenamente vigente y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para cuidar el bolsillo de la gente, porque esto es un servicio esencial. En enero cobraron un 20% de aumento de manera ilegal, ¿y qué pasa si en marzo cobran otro 20 más de manera ilegal? Por ahora aplicamos multas que es lo primero que aparece en el régimen de sanciones, y después analizaremos si hay que cambiar el régimen de sanciones para las infracciones que cometan más adelante”.

Medios: un debate obstaculizado por la oposición

“Yo creo que hay que dar un fuerte debate, pero la política argentina está tan contaminada por los grupos de poder y por los grupos económicos, que es muy difícil el diálogo con la oposición. Yo extraño al radicalismo de Alfonsín que era un partido con el que se podía dialogar independientemente de la presión de las corporaciones. Hoy Juntos por el Cambio hace lo que le dice la tapa de un diario; hasta oponerse a una vacuna: imagínate si ponen en riesgo la vida de la gente, no va a importarle mucho su bolsillo. Lo lógico sería que demos un gran debate y primero, si esto es o no un servicio esencial. Yo no creo que ninguna persona en su sano juicio pueda decir que esto no es un servicio esencial, cuando vamos a tener todo el 2021 el sistema educativo en muchos casos con virtualidad y muchas otras cosas más. Por un lado hay que tomar conciencia de que esto es un servicio esencial y por otro lado que tiene que haber una regulación del Estado respecto del precio para que la gente pueda acceder, como ocurre con la luz, con el agua o con el gas; ese es un primer debate, el segundo son las herramientas: estamos acostumbrados en este país a que las grandes corporaciones no cumplen con las normas, o al revés, trabajan para que el Estado o los gobiernos de turno dicten normas en beneficio o a la medida de esas empresas”.

“Hoy Juntos por el Cambio hace lo que le dice la tapa de un diario; hasta oponerse a una vacuna”

“No sé si hay que tener una empresa estatal de telefonía, sí creo que en el caso de ARSAT, que presta servicios de Internet, debe ser una empresa testigo para el tema del precio. De hecho, la aparición de ARSAT en el gobierno de Cristina permitió bajar los precios diez veces a lo que se cobraba antes. Si a mayor competencia y a mayor crecimiento de ARSAT, va a haber un mayor abaratamiento de costos. Eso es una herramienta que el gobierno de Alberto Fernández está trabajando. ARSAT volvió a construir un tercer satélite geoestacional que el gobierno de Macri suspendió. Creo que nos merecemos un gran debate estratégico. Las telecomunicaciones no son el futuro, son el presente. Hay ciudades en Argentina que no tienen conectividad, que no tienen cajero automático en su pueblo y tienen que irse a otro pueblo para sacar plata de un Banco, porque ni siquiera el Banco puede funcionar sin conectividad. Es parte de un debate serio que se tiene que dar nuestra sociedad y nuestra política, pero es difícil darlo con determinados sectores”.