Miércoles 3 de marzo del 2021

Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, en diálogo con #NoNosQuedaOtra por #La990. La denuncia del Estado Nacional contra la malversación de fondos; la validez de los actos de contratación de deuda externa que deberán judicializarse antes de pagar, y el debate sobre los juicios por jurados.

Escuchá la entrevista completa:

Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista.

Deuda externa: un material judicial

“La querella criminal contra malversación de fondos no solo es posible, sino que existe. No como querella, porque obviamente tiene que ser alguien damnificado para poder promover y alcanzar la calidad procesal de querellante, pero sí como denuncia está en pleno trámite en la Fiscalía V del Dr. Franco Picardi, que hizo un dictamen excelente de evaluación sobre cómo se procedió a generar un fraude a la administración pública y una malversación de caudales. Lo importante es que se presente el Estado Nacional como querellante porque eso le va a dar un impulso que, por supuesto, los que somos denunciantes no podemos brindarle a la causa, más allá de promoverla en este caso en el año 2018″.

“Revisar quién contrajo la deuda y bajo qué procedimiento es un deber inexcusable de los jueces”

“Promoví esta causa junto con Fernanda Vallejos y un elenco de economistas. Hice la parte jurídica, ella la parte económica, y después también están otras denuncias de otros que se inquietaron con el tema este del acuerdo con el FMI. Quería aclarar que, en realidad, nuestros planteos comienzan desde el año 2016 cuando se hizo este espurio arreglo con los fondos buitres, que era para pagarse a sí mismos, nada más. Desde 2016 para acá hemos venido denunciando cada año de entrega del patrimonio nacional y de compromiso financiero del pueblo argentino contraído contra las previsiones de la Constitución Nacional“.

“Lo del FMI fue una continuidad de aquello que se inició en marzo de 2016, la primer denuncia penal. Lo que hace a las contrataciones con acreedores privados y el tema de fondos buitres, está en el juzgado de Casanello con intervención del fiscal Delgado y acá es el juzgado V con la intervención de la fiscalía de Picardi. Tengo que saludar que el gobierno nacional haya advertido que antes de cualquier pago primero hay que examinar la constitucionalidad o validez de estos actos de contratación de deuda externa que los firmaron sin vacilación y fueron contraídos por fuera del marco constitucional que rige en la nación argentina”.

Deuda para pagar la fuga de capitales del macrismo

“El tema de control de legalidad que implique revisar quién contrajo la deuda y bajo qué procedimiento es un deber inexcusable de los jueces, y por lo tanto materia cien por cien judicial. Luego viene el control de razonabilidad, que es el saber para qué se contrajo esa deuda, y en el caso paradigmático del FMI no se contrajo, por ejemplo, para reponer la red ferroviaria argentina, para construir o reconstruir una flota de mar o flota pesquera de altura, sino que se utilizó para cancelar deudas contraídas por el mismo gobierno de Macri y para favorecer la fuga de capitales. Eso lo sepan o no lo sepan los señores impugnantes, les guste o no les guste, es materia cien por cien justiciable, porque hay daño a terceros y es lesivo del orden público constitucional argentino”.

Christine Lagarde, ex directora del Fondo Monetario Internacional, en su encuentro con el ex presidente Mauricio Macri.

“Se omitieron innumerables pasos. El más importante de todos es que, una vez que el acuerdo ha sido firmado por el Poder Ejecutivo, tiene que ser girado, antes de que tenga principio de ejecución, al Congreso de la Nación, que es quien tiene la facultad de aprobar o desechar los tratados del Poder Ejecutivo con Estados extranjeros u organismos financieros internacionales. En este caso no se mandó nada al Congreso ni el Congreso reclamó o hizo propio el texto para examinarlo”.

Juicios por jurado

“La propuesta de la modalidad de juicios por jurado la veo viable. Es una demanda constitucional, pero presenta un problema que es muy difícil de resolver desde el Derecho que es el carácter influenciable que puede tener, en carácter de la comunicación social, la actitud de los jurados. Pero en todo caso los jueces tampoco están exentos de esa criminología mediática que influencia, ordena, anticipa, y subordina los procesos judiciales. De modo que atendiendo a que es un riesgo compartido prefiero que sea el pueblo de la Nación y no los jueces quienes decidan sobre culpabilidad o inocencia. Los jueces después determinaran la cantidad de la pena cuando haya veredicto de culpabilidad. El juicio por jurados es para determinado tipo de delito, y ya a partir de que se implemente el sistema no va a ser optativo. Hoy en día no existe la opción porque todavía no se ha implementado el sistema del juicio por jurado, pero eso va a cambiar cuando se implemente la obligatoriedad para cierto tipo de delito”.

“se ha destruido la credibilidad del Poder Judicial al avanzar las prÁcticas perversas del lawfare

“Yo creo que es necesaria una transformación en el Poder Judicial, porque se ha destruido la credibilidad del Poder Judicial al avanzar las prácticas perversas del ‘lawfare’. Esto ha significado un quiebre significativo del estado de Derecho. En definitiva lo que está imperando ahora es una forma del gobierno de los jueces, y aquellas formulaciones propias del ‘common law’ que es un sistema anglosajón y ajeno a nuestras previsiones, que son ley escrita y estructura jerárquica del orden jurídico. Pero bajo este sistema que se instauró bajo el macrismo, se vino la aplicación de aquellos que sostuvieron el ‘common law’, donde el hecho es lo que los jueces dicen en la sentencia judicial; es decir, las leyes escritas, las constituciones, y los estados de Derecho son antecedentes, pero lo que es Derecho a secas es lo que resuelven los jueces en los casos concretos. Para nuestro sistema es un disparate y un quiebre del estado de Derecho”.