¿La prostitución es trabajo?

¿La prostitución debe considerarse trabajo sexual y ser reglamentada? ¿O siempre hay explotación y una imposibilidad real de elegir? ¿Qué rol tiene que tomar el Estado? Para desentramar estos interrogantes, entrevistamos a Georgina Orellano y a Lohana Berkins. Georgina se define como trabajadora sexual, es Secretaria General de la Asociación de Meretrices Argentinas y plantea regular el trabajo sexual autónomo. Lohana es una activista travesti para quien sostener la prostitución como un trabajo es retroceder miles de años y legalizar la esclavitud y la explotación sexual. Alentador comienzo para un debate democrático. Si bien ambas dicen rechazar de plano el proxenitismo, se deja entrever la distancia aún irreconciliable entre dos posturas acerca del lugar de la prostitución en la vida pública, del sentido de la sexualidad, de la construcción de la identidad, y de los interrogantes filosóficos y políticos que las sostienen.

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La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) lucha hace 20 años por los derechos laborales de las mujeres que ejercen la prostitución. La Secretaria General de la asociación, Georgina Orellano, se autodefine como trabajadora sexual. Georgina nos cuenta el objetivo de un proyecto de ley presentado recientemente, el panorama de la problemática que atraviesan sus compañeras y cuál es el escenario político para instalar en la agenda la necesidad de reglamentar los establecimientos que brindan servicios sexuales.

 

¿En qué consiste el proyecto de Ley de Habilitación de Establecimientos que brindan servicios sexuales?

Es un proyecto que presentamos a través de una conferencia de prensa en la CTA, pero que ya ingresó a la Legislatura Porteña, y es el resultado de una problemática que al menos acá en Capital Federal nos viene afectando hace más o menos dos años. Puede ser que se reproduzca en las provincias, pero lo que nos pasaba acá es que el Agente de Control Gubernamental, que es el ente que regula los comercios de la ciudad como los kioscos, los restoranes, los bailes, los locales de venta de indumentaria, ingresaba a los departamentos de nuestras compañeras. Sus agentes les pedían la habilitación, porque decían que ellas estaban brindando servicios personales directos. Por supuesto que como no tenemos habilitación, las compañeras accedían a mostrar el contrato de alquiler, en los casos en que lo tenían. Cuando se mostraba ese contrato de alquiler, que no tienen ninguna validez, se procedía a la clausura del lugar. Además, cuando ingresaba la gente de Control Gubernamental entraba a veces con orden judicial y la gran mayoría sin ella. Ingresaban de forma muy violenta, generalmente con la Policía Metropolitana, con la Oficina de Derechos Humanos que pertenece al gobierno porteño y en ocasiones con la Oficina de Protección a las Víctimas.

 

Si irrumpían solicitando la habilitación, ¿es que reconocían que es una actividad lícita?

Exactamente. Lo que ocurre es que no hay una ley nacional que reconozca el trabajo sexual como trabajo. Si existiese esa ley, somos las primeras en ir a habilitarlo. Entonces les dejaban la faja de clausura y una serie de papeles donde ellas tenían que ir a averiguar para tramitar la habilitación. Para nosotras era algo nuevo porque, mientras en otras provincias se clausuraba directamente, acá dejaban abierta la posibilidad de que se habilite, se saque la faja de clausura y se restituya la llave. A nivel nacional el trabajo sexual no está prohibido, pero tampoco está permitido. Nosotras trabajamos en la clandestinidad. Nos decían que había que buscar una manera de habilitar porque allí había comercio, se estaba dando un servicio con una remuneración económica. Hicimos la prueba y lo habilitamos bajo la forma de masajista. Durante tres meses trabajaron tranquilas y después les cayó la Agencia Gubernamental. Primero les pedían la matrícula de masajista que por supuesto no tenían. Después, no encontraban un lugar acondicionado para masajes. Entonces ahí clausuraban el lugar y procesaban a las compañeras porque estaban cometiendo el delito de desvirtuación de rubro. Entonces nos acercamos a la Legislatura y fue María Rachid quien nos abrió las puertas y nos pidió que trabajemos todo esto de las clausuras, de los allanamientos compulsivos de forma violenta, los robos. Las abogadas nos dijeron que sacar la matrícula para masajista era pan para hoy y hambre para mañana porque iba a volver Control Gubernamental e iba a verificar que no se hacían esos servicios y nuevamente nos clausurarían. Así, las compañeras quedaban en situación de calle, no podían entrar porque las procesaban por violación de clausura. Nosotras estamos totalmente en contra del proxenetismo o de que un tercero o tercera o la policía se queden con un porcentaje nuestro. Por eso hablamos de trabajo sexual autónomo. Entonces presentamos un Proyecto de Ley para que en la Ciudad de Buenos Aires se puedan habilitar los departamentos o casas que ofrezcan servicios sexuales.

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¿Cuál es la diferencia entre explotación sexual y trabajo sexual?

Nosotras hablamos de trabajo sexual cuando son mujeres, mujeres trans y hombres mayores de 18 años que por decisión propia y en forma voluntaria eligen ejercer esta actividad. Además elegimos en qué modalidad hacerlo, porque el comercio sexual es muy amplio. La legislación actual no diferencia al trabajo sexual autónomo de la trata de personas y explotación sexual. Queda todo atado a la trata de personas. Como si nosotras nunca eligiéramos, como si no existiese nuestra voluntad de trabajar. Queda como que siempre nos empujan a trabajar y siempre hay un tercero sacándonos plata.

 

Hay un debate entre quienes consideran que la prostitución un trabajo y quienes piensan que es una situación de vulneración de derechos. ¿Qué repercusiones tuvo el proyecto de ley en las organizaciones de mujeres que ejercen la prostitución?

Este proyecto que presentamos con María Rachid fue construido desde las bases. Nosotras hacemos lo que nuestras compañeras nos dicen. Vemos la problemática y buscamos la solución a esa problemática o una herramienta para que nosotras mismas, a través de la lucha colectiva, podamos exigir al Estado acceso a la vivienda, la educación, la salud integral, la obra social y la jubilación. La madre de las batallas es que se reconozca el servicio sexual como un trabajo. Hay otra postura que nosotras respetamos un montón. Sabemos que la problemática es la misma, lo que nos cambia es la definición de una y la reivindicación de la otra. La vulneración de derechos y la violencia institucional que sufren tanto ellas como nosotras es la misma. Así, llegamos a la conclusión de que la política pública que ellas le exigen al Estado no invalida nuestra lucha. Claramente puede haber un marco regulatorio para las que sí queremos trabajar y el reconocimiento de nuestros derechos laborales como obra social y jubilación, y puede haber reinserción laboral para las que no quieran seguir trabajando en esto. Nosotras hablamos por las trabajadoras sexuales. Nos parece muy bien que ellas hayan logrado hacer los microemprendimientos y las cooperativas de trabajo con el Ministerio de Trabajo. El Estado tiene que estar presente ahí, pero también tiene que estar presente en esta otra problemática y en este otro pedido: que nuestro trabajo sea reconocido como cualquier trabajo más.

 

 

 

 

 

¿Cuál es la postura del Estado en este debate?

Así como durante muchos años fueron otras mujeres las que llevaron las voces de las trabajadoras sexuales y debatían sobre nosotras pero sin nosotras, hoy hay mucha gente que dice ser la voz del Estado. Que la Argentina es un Estado abolicionista y que no se va a poder considerar nunca al trabajo sexual como un trabajo. Pero el decreto presidencial N° 1086/2005 (firmado por el ex Presidente Néstor Kirchner) que creaba la Ley Nacional Antidiscriminación, en su artículo 18 decía que se le otorguen obras sociales y cargas jubilatorias a las mujeres que ejercen el trabajo sexual.Cuando presentamos el proyecto, teníamos muy en claro que los medios iban a mirar para este lado y que como ofensiva iban a salir un montón de personas a atacarnos, que no comparten ideologías o pensamientos. Lo que rescatamos es que se pudieron poner en debate nuestras voces. Porque lo que sentíamos desde el 2010 hasta ahora era que siempre se hablaba de trata de personas pero no se hablaba de qué iba a pasar con las trabajadoras sexuales. Nosotras hablamos de un modelo de cooperativismo autónomo. Nosotras queremos pagarle sólo al Estado, no a la policía por debajo, y que eso se convierta en política pública para todos y para todas.