El proceso de juzgamiento del genocidio argentino

A 15 años de la reapertura de las causas judiciales por los crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar, y a casi 40 años del golpe, resulta un buen momento para comenzar a ensayar algunos balances y evaluar las implicancias y las perspectivas en el proceso de juzgamiento.

Luego de largos años de impunidad, donde los perpetradores continuaron desarrollando sus vidas con «normalidad» amparados por las leyes de punto final (1986) y obediencia debida (1987) y los indultos (1989 y 1990), se reabrieron los procesos judiciales, no sin dificultades. Por un lado, el pacto de silencio entre los perpetradores no se ha quebrado salvo en contadas excepciones. Por lo tanto, la construcción de la prueba sigue estando, casi exclusivamente, basada en la memoria de los sobrevivientes y sus testimonios. Por otro lado, el fin de la impunidad jurídica, al llegar casi 40 años después de los hechos, ha dado paso a una «impunidad biológica» ya que muchos de los perpetradores han muerto sin haber estado siquiera procesados, y otros no se encuentran en condiciones para enfrentar los procesos judiciales producto de su avanzada edad.

En este contexto, entonces, es válido que nos preguntemos qué tipo de justicia es esta, que llega 40 años más tarde, que no logra resolver el destino de muchas de las víctimas y que no puede condenar a muchos de los perpetradores.

videla-x_diego_parpaglione_corregidawEl diccionario define, en sus primeras acepciones, a la justicia como “Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.//. Derecho, razón, equidad.// Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene//Aquello que debe hacerse según derecho o razón.//Pena o castigo público.// Poder judicial”. Como surge de la definición, La Justicia es una institución estatal que regula y sanciona en función de las normas pre establecidas por los legisladores, y a la vez es una referencia moral, un valor socialmente anhelado. A pesar de que podríamos aseverar, y colmando de ejemplos nuestras afirmaciones, que ambas líneas conceptuales sobre el término no necesariamente confluyen, es innegable que en el imaginario social suelen confundirse, fundirse o superponerse.

Y es que la justicia cumple un rol fundamental como constructora de la verdad colectiva. Sus definiciones, en especial en los grandes temas como este, tienen un peso fundamental para el conjunto de la sociedad y son una referencia insoslayable como finalización o nuevo punto de partida, para acordar o para disentir. La justicia construye sentidos hegemónicos: en nombre del conjunto de la sociedad, establece el modo en que ocurrieron un conjunto de hechos, si en los mismos existe alguna conducta reprochable, y en caso afirmativo establece responsabilidades y las penas correspondientes.

En el caso del genocidio argentino, la justicia largamente esperada por los afectados directos y por el conjunto de la sociedad, es integrante fundamental del tándem que ha regido la lucha de los últimos 35 años: Memoria, Verdad y Justicia. Así, sus sentencias y los modos en que en ellas se explique y califique el proceso vivido tendrán una marcada incidencia en el proceso de construcción de la memoria colectiva y de la posible elaboración del genocidio.

Desde la reapertura misma de los juicios en Argentina estos sentidos se encuentran en disputa, y su expresión más paradigmática se expresa en la calificación de los hechos como “delitos de lesa humanidad” o “genocidio”. La elección de la calificación no implica necesariamente una diferencia en los montos de las penas que se aplican con una y otra, ya que ninguna de ellas se encuentra tipificada en nuestro Código Penal. Sin embargo, Daniel Feierstein, en su reciente libro “Juicios. Sobre la elaboración del genocidio II” (Ed. Fondo de Cultura Económica, 2015) señaló una tendencia de aquellos tribunales que reconocen la existencia del genocidio a otorgar penas más altas dentro de los rangos previstos por la ley.

La calificación como delitos de lesa humanidad o como genocidio permite iluminar o invisibilizar aspectos de nuestra propia histórica cruciales para comprender los efectos reorganizadores del genocidio sufrido. Según el Estatuto de Roma de 1998, los delitos de lesa humanidad se caracterizan por ser ataques sistemáticos y generalizados a la población civil; mientras que el genocidio, según la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, requiere la intención de destrucción total o parcial de un grupo determinado de la población como tal, siendo los grupos protegidos: el nacional, étnico, racial o religioso. De ambas miradas se desprende que mientras la primera intenta dar cuenta de procesos donde las víctimas se caracterizan por su cantidad, por su extensión territorial y por ser elegidas en su calidad de miembros de la sociedad civil (ciudadanos); la segunda hace referencia a una práctica intencionada, sistemática y dirigida, ya que las víctimas lo serán en tanto parte de una identidad colectiva.

En el caso argentino se viene debatiendo sobre la calificación jurídica desde la reapertura de los juicios en 2005. Entre los que reconocen la existencia del genocidio, ha ido ganando lugar la interpretación de que el “grupo atacado” sería el grupo nacional argentino mediante la destrucción de una parcialidad del mismo. Esta calificación jurídica, al poner al conjunto social como blanco, permite a la sociedad pos genocida interrogarse sobre lo sufrido en primera persona del plural. Lo que pasó, nos pasó, y por lo tanto las consecuencias y los modos en que reconstruyamos esa historia nos tendrán como protagonistas a todos.

Desde un punto de vista sociológico, Feierstein resalta que las prácticas sociales genocidas tienen como objetivo la transformación estructural de la sociedad mediante la destrucción de un conjunto de relaciones sociales que resultaban fundamentales en la constitución identitaria de la sociedad preexistente. Estas relaciones sociales, construidas a partir de décadas de organización y lucha de las clases populares, estaban basadas en la solidaridad y la cooperación, en el reconocimiento de los pares, y por tanto constituían cimientos sólidos para la sociedad pre existente. Estos modos de relacionarse entre pares, los altos grados de organización alcanzados y el conjunto de valores fuertemente arraigados en la identidad de nuestro pueblo no eran solamente un potencial peligro para los sectores dominantes frente a la consolidación de los proyectos emancipadores, sino que, por sobre todas las cosas, eran absolutamente incompatibles con las necesidades del nuevo modelo de acumulación capitalista: el neoliberalismo.

Las dos primeras sentencias en 2006 (causas Etchecoltaz y Simón) de esta nueva etapa de enjuiciamiento se encuentran divididas entre estas dos calificaciones. Mientras que en la Causa Etchecolatz del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº1 de La Plata, la sentencia fija la responsabilidad por los delitos particulares cometidos en el marco del genocidio, en la Causa Simón del TOF Nº5 de la Ciudad de Buenos Aires el tribunal califica los crímenes como de lesa humanidad y no recepta los pedidos de la querella de calificar como genocidio.

A diciembre de 2013, hay 113 sentencias de los tribunales orales. En dichas causas han intervenido 308 querellas, con la particularidad de que muchas de ellas ya no lo hacen en representación de casos particulares sino de organizaciones gremiales o políticas. Incluso el mismo Estado, mediante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se ha convertido en querellante. Así distintas organizaciones han podido querellar, reclamando justicia por sus compañeros aunque no mediara vínculo de parentesco con las víctimas.

Las causas relevadas se han desarrollado contra 637 imputados de los cuales 575 fueron encontrados culpables. Entre los que fueron efectivamente condenados, el promedio de la pena es de 30 años. Así, las penas promedio resultan elevadas si consideramos que la pena máxima al momento en que se cometieron los delitos era de 25 años, superada solamente por la condena a «reclusión perpetua» que en la normativa nacional habilita al condenado a solicitar la libertad condicional con 35 años de cumplimiento efectivo de la misma.

A medida que los juicios fueron avanzando en distintas provincias, el debate sobre si la calificación apropiada para el proceso argentino era genocidio o lesa humanidad se fue extendiendo y complejizando. Si bien en sus comienzos el pedido de calificación como genocidio se produjo de la mano del colectivo querellante Justicia YA!, con el tiempo muchas querellas, e incluso fiscalías, se fueron sumando al pedido lo que obligó a los tribunales a dar el debate.

De las 113 causas con sentencia a diciembre de 2013 el 25,7% reconoce la existencia del genocidio mientras que el 74,3% califica los hechos como lesa humanidad. Del conjunto de sentencias en las que se reconoce la existencia del genocidio, 10 sentencias lo hacen sólo en términos histórico-sociológicos, mientras que las 19 restantes incorporan la calificación jurídica de acuerdo a lo establecido por la Convención de Genocidio. Lejos de estar cerrados, todos estos debates continúan en desarrollo en las distintas jurisdicciones del país donde se desarrollan las causas.

A casi 40 años del golpe cívico-militar de 1976, las «Justicias» (en sus diferentes acepciones) avanzan, aunque con sus contradicciones. A diciembre de 2014, los casos que han sido llevados a juicios apenas superan los 3.700, cuando ya en septiembre de 1984 la CONADEP calculaba que los detenidos-desaparecidos ascendían a 8.960. Muchos de los casos no habían sido denunciados en ese momento y se fueron incorporando a medida que pasaron los años y más sobrevivientes y familiares pudieron comenzar a hablar de lo ocurrido. Incluso aún hoy, en las sedes judiciales, siguen apareciendo nuevas denuncias de casos no registrados, por lo que los números no oficiales de detenidos-desaparecidos duplican y hasta triplican la cifra de la CONADEP.

A este ritmo, quedarían aún 20 años de juicios para juzgar el conjunto de casos estimados. Si a esto le sumamos los retrasos de las instancias superiores (Cámara de Casación y Corte Suprema de Justicia) en resolver los recursos que se presentan con posterioridad a las sentencias y la falta de nombramiento de jueces para integrar los tribunales, la demora de justicia evidentemente va a ser mayor aún. Por otro lado, se vienen poniendo trabas al juzgamiento de los responsables civiles del genocidio al no reconocer la relación estrecha entre las fuerzas de seguridad y los empresarios en el periodo en cuestión. Hasta el momento no se acepta el tratamiento de los crímenes civiles en los marcos de la imprescriptibilidad de los instrumentos internacionales de los derechos humanos.

A pesar de todo esto, se puede resaltar que el proceso de juzgamiento se viene desarrollando en casi todo el país y ha tenido importantes resultados tanto dentro como fuera de los tribunales. La participación de las comunidades locales en estos procesos permite la apropiación de lo sucedido y la recuperación de las identidades de las víctimas en sus lugares de inserción. Así, se recuperan las experiencias obturadas por el proceso genocida en barrios, empresas, establecimientos educativos y en la comunidad en general. Sin duda, estas experiencias son el resultado más importante del proceso judicial, aunque probablemente nunca haya sido planificado para tal fin. Porque en definitiva, la importancia de conocer y comprender el pasado radica en que nos proporciona mejores herramientas para construir y soñar el futuro.

(*) Malena Silveyra es socióloga egresada de la UBA. Actualmente trabaja en la Comisión de la Memoria de la UBA e integra el EASQ (Equipo de Apoyo Sociológico a Querellas).

 

A 15 años de la reapertura de las causas judiciales por los crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar, y a casi 40 años del golpe, resulta un buen momento para comenzar a ensayar algunos balances y evaluar las implicancias y las perspectivas en el proceso de juzgamiento.