Una fiesta para pocos

Generalmente se habla de la plata de los jubilados, pero eso es una simplificación que esconde el verdadero origen de los fondos que financian el sistema de seguridad social, que hoy representa entre un 8 y un 9% del Producto Bruto Interno (PBI). Venimos de un proceso en el que la privatización de las jubilaciones, hizo que el estado tuviese que financiar al sistema previsional con fondos propios, utilizando para esto los impuestos que pagamos todos. Con la recuperación y la política de generación de empleo registrado, esa cuenta empezó a balancearse; pero aún así el 20% se sigue financiando con nuestros impuestos. Un 9% se explica por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), y otro 52% por aportes y contribuciones. Por lo tanto, la plata no es de los jubilados, sino de un programa económico que genera determinadas condiciones de política social. Como por ejemplo, la Ley de Movilidad Jubilatoria que, a través de diversas moratorias, posibilitó la entrada al sistema de quienes hubiesen trabajado en negro y por lo tanto, no tuviesen los aportes; hasta alcanzar una cobertura aproximada del 100%.

 

 

El modelo que hoy nos imponen, transita en una dirección diametralmente opuesta. La Ley de (falsa) Reparación Histórica, que representa un beneficio solamente para el 30% de los jubilados que cobran una pensión superior a la mínima; trajo aparejado la posibilidad de remate del FGS, compuesto por las acciones de empresas privadas que el estado recuperó junto con el sistema previsional durante el kirchnerismo. Esto le dió acceso a puestos en el directorio de las compañías y, por lo tanto, también a sus estructuras de costos; lo que no fue del agrado de esas empresas, y explica uno de los intereses que se esconden tras la ola reprivatizadora. Cuando hablan de bajar los aportes patronales o de vender las acciones, perdiendo también los intereses que devengan; hablan en realidad de desfinanciar el sistema social.

 

La ley previsional insignia de macrismo por otro lado, implica también el freno a las futuras moratorias, impidiendo el acceso tanto de aquellos que no han podido insertarse en el mundo laboral, como también de quienes hubiesen trabajado los años suficientes para acceder al derecho jubilatorio, pero nunca hayan sido registrados por sus empleadores. Para ellos, el plan gubernamental es ofrecerles una pensión no contributiva que alcanza al 80% del haber mínimo, convirtiéndolos de facto en jubilados de segunda. No obstante, la mejora que ofrecen a los sectores pasivos más acomodados, sumados al remate de las acciones del fondo y la pérdida de los intereses que generan, ampliarían el costo del sistema del 8 al 13% del PBI. Y esto no sería más que el preludio de la quiebra del sistema y su eventual reprivatización.

 

Alex-Kodric

Kodric en #NNQO: "La desfinanciación del sistema previsional, es el preludio de la reprivatización".