La Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio logró frenar las «listas negras» impulsadas por Triaca

El juicio iniciado por la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio -que contó con la adhesión luego la CTA de los Trabajadores y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal entre otras entidades- a raíz de la intención de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de elaborar «listas negras» con los datos de los letrados y trabajadores que iniciaran acciones legales contra la nueva ley de riesgos del trabajo  y a su presentación terminó dándole la razón a la agrupación de abogados.

El Juzgado Laboral  n° 4, a cargo de la Dra. Laura Castagnino, que lleva el juicio “Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio c/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo s/ Medida Cautelar”, dispuso el 16 de Agosto “…hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y disponer la suspensión de la resolución SRT N° 760/17 por el plazo de 6 meses o, en su caso y de ocurrir antes, la sentencia definitiva que recaiga en el proceso principal.”

La Resolución SRT N° 760/17 creó un Registro (S.I.R.E.L.) para asentar los datos personales de los trabajadores –y sus abogados patrocinantes- que iniciaran juicios por enfermedades o accidentes del trabajo planteando la inconstitucionalidad de la Ley 27.348 que fue sancionada por iniciativa del Presidente Macri y que obstruye el acceso a los trabajadores el acceso a la Justicia.

La misma magistrada había dictado el día 7 de agosto una medida interina hasta tanto la SRT presentara un informe de las razones que avalaran su resolución; y presentado el informe la jueza consideró que la SRT no logró justificar la creación del Registro que “…solo apunta a identificar a los litigantes y sus letrados, así como al órgano jurisdiccional que pueda emitir una sentencia de condena” lo que colisionaría con disposiciones legales y constitucionales.

Desde la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio señalaron que la resolución de la Superintendencia se enmarca en los ataques del Presidente Macri a los trabajadores que deben acudir a la Justicia en resguardo de sus derechos, a los abogados que los representan y a los jueces que aplican las leyes que garantizan los derechos laborales; y la calificaron como estigmatizante porque tiene como real finalidad armar una “lista negra” que viola la Ley de Protección de Datos Personales, la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

La agrupación de letrados logró impedir que se lleven adelante las "listas negras" que registre a quienes litiguen contra la nueva Ley de Riesgos del Trabajo.