Réquiem para 1983: Crónica de dos consensos en pugna

Escribe: Roberto Villarruel

Ilustra: TORRESCATIVA

El gobierno de la Alianza Cambiemos constituye el intento de demolición del consenso democrático de 1983. Una tras otra, sus acciones y decisiones, sus declaraciones y el sentido común que acompaña su gestión han violado, roto o estigmatizado todos los acuerdos y supuestos y hasta la legislación con la que trabajosamente las fuerzas políticas democráticas  y la sociedad civil se propusieron sentar las bases para que nunca más tuviesen lugar en nuestro país el Terrorismo de estado, el abuso de poder y la militarización de la vida civil. 

En 1983, la Argentina salía de la horrorosa noche del genocidio y comenzaba un proceso democrático que procuró restañar las profundas heridas del período más sangriento de nuestra historia. La marca de origen de esa democracia naciente fue el consenso sobre la necesidad de visibilizar la magnitud del horror, castigar a los culpables de los crímenes de la dictadura, defender los derechos humanos y desmilitarizar la política y la vida cotidiana.

Pero este consenso no fue espontáneo ni generalizado. Fue el resultado de un proceso iniciado con la lucha heroica, e inicialmente solitaria de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y los Organismos de Derechos Humanos, sumado al trabajo de organizaciones sociales locales e internacionales, de miles de exiliados en el exterior y de muchos gobiernos y figuras públicas que no dejaron de denunciar lo que ocurría detrás de la cortina de hierro de la Argentina.

Este consenso no fue espontáneo ni generalizado. Fue el resultado de un proceso iniciado con la lucha heroica, e inicialmente solitaria de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y los Organismos de Derechos Humanos.

Es imposible soslayar, en esta construcción colectiva, la importancia de las decisiones del entonces Presidente Raúl Alfonsín. La Ley de Defensa de la Democracia -tal vez el legado más importante del alfonsinismo- el informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) y el Juicio a las Juntas, con sus claros y oscuros, fueron hitos jurídicos y políticos con un mensaje contundente a nuestra sociedad y un ejemplo para todo el mundo.

Los años noventa significaron un retroceso en este camino. La propia debilidad de la joven democracia, la presión de las FF.AA. y los sectores del poder fuertemente concentrados, transnacionalizados y reconvertidos en el liberalismo pro mercado a ultranza, sumado a la claudicación de la dirigencia radical por una concepción concesiva de la política, dieron como resultado las vergonzantes «leyes de perdón» y el indulto. Fueron años difíciles en los que los genocidas se paseaban libremente por las calles y por los canales de televisión justificando sus acciones y negando el horror.

TORRESCATIVA

 

La acumulación política y social de esa primera etapa, sumado a la profunda sensación de impunidad que ensombreció a la «primavera democrática», fueron factores esenciales para que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con una enorme decisión política, impulsaran y consiguieran, con apoyo del Poder Legislativo y gran parte de los partidos democráticos, la derogación de las leyes de impunidad, la reapertura de los juicios a los represores y la adopción de los Derechos Humanos y de los conceptos de Memoria Verdad y Justicia como políticas de Estado.

Así, se aceleraron y aumentaron los juicios y condenas a genocidas -extendiéndose a partícipes civiles de la dictadura-, se crearon organismos públicos para ampliar esas políticas de memoria, se hicieron masivas las marchas conmemorativas del 24 de marzo    -con significativa presencia de jóvenes-, aparecieron nuevos testimonios y testigos, se recuperaron más nietos apropiados, y se divulgó la historia en las escuelas, en los medios y en la sociedad en general. 1983 parecía estar instalado, intacto y a salvo.

Sin embargo, en diciembre de 2015, diversos actos de gobierno, conceptos, palabras, artículos de prensa, ensayos, opiniones públicas, fueron construyendo una negación flagrante de estos supuestos trabajosamente forjados. En particular, se ha intentado avanzar contra la política de Memoria, Verdad y Justicia mediante la modificación de la legislación y la puesta en escena de una visión abierta y explícitamente cuestionadora del 83.

La lista es larga: la ley del 2×1 para genocidas condenados, la reducción de la edad de imputabilidad, habilitar a las FF.AA. para tareas de inteligencia y conflictos internos, la estigmatización de los organismos de DD.HH., la puesta en duda de los crímenes de la dictadura, el aliento público a las organizaciones pro militares y negacionistas del genocidio, la desfinanciación sistemática de todos los organismos y herramientas jurídicas que sostienen los Juicios de la Verdad y las políticas de Memoria y la habilitación de las fuerzas de seguridad para hostigar, perseguir y hasta matar a integrantes de pueblos originarios, organizaciones sociales, colectivos representantes de minorías o grupos vulnerables; o  bien para poder actuar obviando todos los protocolos de protección civil vigentes, inclusive la autorización para disparar por la espalda (Doctrina Chocobar).

En los años noventa los genocidas se paseaban libremente por las calles y por los canales de televisión justificando sus acciones y negando el horror.

Así, se generaron condiciones para naturalizar un cuerpo de ideas que consolide y defienda la visión elitista y conservadora de la sociedad y país con los que sueñan los sectores que ostentan hoy el poder.

Se generaron condiciones para naturalizar un cuerpo de ideas que consolide y defienda la visión elitista y conservadora de la sociedad y país con los que sueñan los sectores que ostentan hoy el poder.

Los medios hegemónicos y sus comunicadores, en general han acompañado y fortalecido este nuevo paradigma construyendo nuevos sentidos sobre el pasado, editorializando contra los juicios y las condenas, alentando el punitivismo, alimentando todos los prejuicios de clase y abriéndole las puertas a temas y personajes impensados de presentar públicamente hasta hace muy poco. Sorprende también el silencio, cuando no el apoyo explícito, de sectores del radicalismo a una política que pretende revertir un proceso virtuoso que ellos mismos habían contribuido a poner en marcha.

Sin embargo, resulta un soplo de aire fresco que una importante porción de la sociedad haya resistido estos embates, impidiendo incluso la aprobación de leyes de perdón a genocidas.

Pese a la creciente presencia policial en la vida cotidiana de los argentinos y a la repetición en cadena de un discurso contrario a los DD.HH., al gobierno se le hace todavía difícil barrer la red conceptual y social que estos años fueron consolidando en relación al uso de la fuerza por parte del Estado.

Si la represión y la legislación regresiva no son todavía una realidad totalmente efectiva y naturalizada en nuestros días es por la vigencia de 1983 en el imaginario colectivo. Un descomunal logro colectivo y un capital político democrático que es preciso atesorar y defender antes de que sea tarde.

Publicada originalmente en Revista Hamartia #32

Título imagen portada: Vos también sos el blanco (solo cambió el color), de TORRESCATIVA