Lunes 15 de noviembre del 2020

Escribe: Lucía Tormey

El 27 de noviembre se tratará en Audiencia Pública el proyecto de ley presentado por Horacio Rodríguez Larreta en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que busca habilitar la construcción de un complejo de torres de hasta diez pisos en la Costanera Norte, sobre los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco.

El proyecto se basa en un diseño que surgió ganador de un “concurso nacional de ideas”, “Buenos Aires y el Río”, y consiste en la rezonificación de los predios del “Distrito Joven”, que va desde Costa Salguero hasta el Parque de la Memoria, tomando todo el borde de la Costanera Norte. La idea es utilizar 17 hectáreas de Costa Salguero para la construcción de un barrio náutico de lujo y un complejo de edificios de 10 pisos con fines administrativos y comerciales, similar a una urbanización como la de Puerto Madero, mientras que se piensa destinar el 35% de Punta Carrasco para construcciones privadas y un helipuerto.

La moción es de doble lectura (dos votaciones) y fue aprobada el 8 de octubre en primera lectura con 37 votos de la coalición oficialista mientras obtuvo 23 en contra de la oposición. Pero antes de darle paso a la segunda lectura y su posible sanción, el 27 de noviembre a las 14hs deberá realizarse una audiencia pública virtual y no vinculante donde todxs lxs ciudadanxs porteñxs podrán participar y manifestar su opinión, teniendo cinco minutos de exposición cada unx de ellxs. Para inscribirse hay tiempo hasta el 24 de noviembre a través del sitio web de la Legislatura y también será transmitida en vivo por el canal de YouTube .

En diciembre de 2019 la Legislatura Porteña sancionó la ley 6289 que permitía la venta de Costa Salguero y Punta Carrasco, inmuebles de dominio público pero concesionados hasta el año que viene. Muchos sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil sostienen que esto se contradice con el art. 8 de la Constitución de la Ciudad, que declara que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”.

Los procedimientos por los cuales se sancionó la ley que permitía la venta de los complejos también fueron duramente cuestionados. El director de la Escribanía General de la Ciudad, Martín Arana; y la secretaria de Legal y Técnica, Leticia Montiel, impulsaron la venta considerando a los predios como bienes de dominio privado, es decir de uso administrativo. Esto permitió que la ley 6289 se trate acorde a los procedimientos para la venta de inmuebles privados -que requiere de 40 votos para ser aprobada- de manera que pudiera ser asegurada por la mayoría automática del oficialismo antes de que se produzca el recambio en la composición de la cámara correspondiente a 2020. Pero el derecho de propiedad no puede ejercerse por fuera de las leyes que regulan su ejercicio. La ley se votó en una sola instancia, sin audiencia pública y de espalda a la sociedad. En este sentido, lxs legisladores de la Ciudad por el Frente de Todos (FdT), Javier Andrade y Lucía Cámpora, presentaron un proyecto de pedido de citación para lxs dos funcionarixs porteñxs involucradxs.

Finalmente, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad dio lugar al recurso de apelación presentado en febrero de este año por la diputada nacional Gabriela Cerruti (FdT); el Observatorio del Derecho a la Ciudad; y demás organizaciones, dictando una medida cautelar que declara inconstitucional la sesión sobre la venta de los predios y la suspende hasta que “recaiga sentencia definitiva o la Legislatura modifique expresamente la situación de dominio del predio”. Además, la justicia porteña denegó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Ciudad (GCBA) sobre la cautelar.

El fallo resulta ejemplar siendo que el GCBA se ha caracterizado por la venta ilegal de terrenos públicos durante su gestión. En los últimos 13 años se privatizaron más de 500 hectáreas de tierras públicas para la construcción de emprendimientos inmobiliarios, pero no para atender las problemáticas habitacionales y ambientales de la población. En una ciudad que atraviesa una fuerte crisis ambiental y que dispone menos de 4 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, la propiedad, tanto pública como privada, debe cumplir una función social y ecológica. El proyecto de ley podría aportar al acercamiento entre el río y la ciudad si se tratara de garantizar un gran parque público con dispositivos recreativos y culturales que convoquen esencialmente a la juventud, que aporte a la ampliación de los espacios verdes, o a la creación de viviendas sociales en una ciudad que cuenta con una gran crisis habitacional y pone trabas al acceso a la vivienda por parte de la población, pero lejos queda de esto.

“El 27 de noviembre a las 14hs deberá realizarse una audiencia pública virtual y no vinculante donde todxs lxs ciudadanxs porteñxs podrán participar y manifestar su opinión”

Lxs ciudadanxs de la capital más rica del país tienen esta vez la oportunidad de hacer escuchar y valer sus demandas para demostrar que el verdadero cambio implica disponer de los recursos de la ciudad en pos de construir una más inclusiva, que sea de todxs, y que no privilegie las rentas y los negocios por sobre los derechos y el bien común de la sociedad. La audiencia pública que se efectuará el 27 de noviembre, tiene un rol central en este sentido, donde se espera que todxs puedan participar.