Criminalizadas por abortar

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Martes 12 de enero de 2021

Escribe: Mireya Dávila Brito

El 28 de diciembre pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y el Centro Universitario San Martín, publicó un informe actualizado que revela más de 1500 mujeres criminalizadas por abortar entre 2012 y 2020.

Con apoyo de la Asociación de Pensamiento Penal y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la investigación llevada a cabo por las abogadas María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos, muestra que son varias las formas que utiliza o inventa el sistema judicial para registrar “supuestos delitos” de aborto u otros eventos obstétricos, bajo otras figuras penales, como homicidios. El informe se pregunta por cómo opera la criminalización; qué actores sociales intervienen en ésta; quiénes son aquellas mujeres criminalizadas; de qué manera la ilegalidad del aborto, la noción de delito, contribuye a su estigma y al castigo de las mujeres más pobres y vulnerables.

“La información oficial de diecisiete jurisdicciones suma 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos.”

Causas por aborto y por otros eventos obstétricos

Una de las dificultades que halló el equipo de investigación al interrogarse por la cantidad de mujeres penadas y condenadas por aborto fue el subregistro de casos o la ausencia total de información oficial. Para este informe se analizaron artículos de prensa digital provincial y nacional, entre 2012 y 2020. Así se obtuvieron 26 casos de criminalización de abortos, conocidos en la prensa, y 47 casos de criminalización de otros eventos obstétricos, identificados en 22 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exceptuando La Rioja donde no se identificaron casos.

Con base en el relevamiento en Ministerios Públicos Fiscales y Cortes provinciales de todo el país, el equipo indagó por procesos judiciales iniciados por “aborto, homicidio, homicidios agravado por el vínculo y abandono de persona en los casos que la víctima fuese un recién nacidx y la imputada fuese la progenitora”. También se solicitó información oficial “sobre las personas que están actualmente detenidas, procesadas o penadas por estos delitos”. Hasta la fecha diecisiete jurisdicciones aportaron información procedente de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Jujuy, San Luis, La Pampa y CABA.

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Fuente: Informe La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 2020.

El informe advierte que las causas pueden ser desde una sola denuncia, causas que contienen medidas investigativas y causas con imputaciones. La mayoría de las causas por aborto “resultan archivadas, desestimadas, o bien permanecen abiertas sin movimiento de ningún tipo”. Sin embargo, el proceso de criminalización y de disciplinamiento es llevado a cabo con solo el inicio de una causa penal, porque el grado de estigmatización que se somete a una mujer al estar sujeta a la ley patriarcal por este tipo de eventos, tiene costos en términos emocionales, personales y económicos, señala la pesquisa.

La disparidad entre provincias o jurisdicciones puede llegar a ser muy amplia. Mientras Catamarca indica que tiene seis (6) causas por aborto entre 2012 y 2020, Tucumán tiene 402 causas. La pregunta sería, ¿por qué Tucumán tiene una política criminal de persecución tan alta con respecto del país?

 ¿Quiénes son las mujeres criminalizadas?

La información recopilada en la prensa digital permitió conocer quiénes eran las mujeres criminalizadas por la justicia. Una perspectiva interseccional encuentra que las mujeres criminalizadas, acusadas y privadas de su libertad por abortar o presentar algún otro evento relacionado con la gestación son las mujeres pobres, racializadas, la mayoría tiene menos de 30 años y unx o más hijxs, y con escasos recursos materiales y simbólicos que les permitiera acceder a un aborto clandestino por particulares en condiciones más seguras. El racismo, la clase y el género son factores que atraviesan la criminalización. La prensa reveló que las mujeres que fueron denunciadas por abortar o presentar un parto prematuro, espontáneo o a término en situación de precariedad, pertenecen a los sectores sociales más bajos: sin trabajo remunerado, sin vivienda, con bajo nivel de escolaridad, sin redes de apoyo; algunas abusadas sexualmente, violentadas y/o con más hijxs a cargo. El sistema patriarcal no distingue a las mujeres en sus contextos, se les demanda “instinto materno” y “amor maternal” a todas por igual, y no todas se encuentran en las mismas condiciones. O el caso de algunas otras que no se adecúan al mandato social y desean interrumpir su embarazo, porque entre sus proyectos no está el de ser madres.

“El dispositivo de castigo tiene efectos disciplinantes, aleccionadores, no solo sobre una mujer específica sino sobre el colectivo de las mujeres”.

¿Cómo opera la criminalización por aborto?

Cuando a las mujeres no se les judicializa por abortar voluntariamente, se les infligen penas por otros hechos vinculados con la gestación, bajo otras figuras penales que añaden “intencionalidad” al evento. La justicia patriarcal persigue y acusa a las mujeres de ser “malas madres” o de no ejercer el rol de madre que históricamente se nos asignó al nacer junto con el sexo/género. Las mujeres que intentan romper con el mandato social y de género de la maternidad, según explica el informe, es la causa de su criminalización.

En el proceso de criminalizar a las mujeres interviene el personal de salud (médicxs y enfermerxs) y la policía, principalmente. El informe también señala casos de terceros como familiares y vecinxs que denunciaron a estas mujeres. Las mujeres que acudieron a los centros de salud fueron maltratadas, extorsionadas y violentadas por el personal sanitario, a la vez, lxs médicxs, violando el derecho a la confidencialidad de sus pacientes, recurrieron a la policía para castigar a estas mujeres. No solamente fueron puestas a la orden de la justicia patriarcal, sino que sobrevivientes al aborto clandestino u otro evento obstétrico les fue aplicada violencia obstétrica, en ocasiones, para obtener confesiones, convirtiéndose ya en tortura. La prensa registró que las acusadas de practicarse un aborto, durante la recuperación, terminaron esposadas en la cama o detenidas en comisarías.

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Los porcentajes corresponden a los casos analizados en la prensa. Fuente: Informe La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina. CELS, 2020.

Las confesiones forzosas, arrancadas por tortura, amenaza u condición para ser atendidas por el personal sanitario, son utilizadas en las causas judiciales. Aplicadas por médicxs, policías y fiscales, estos testimonios que no son obtenidos bajo procedimientos legales, atentan contra la integridad de las mujeres. También los llamados de emergencia cuando corre peligro la vida de la mujer son atendidos por la policía, y estos casos son aprovechados por el cuerpo policial para realizar allanamientos arbitrarios en sus domicilios y calificar el aborto como flagrante. Por último, el informe señala que la ausencia de una defensa eficaz es también uno de los factores que posibilita la criminalización. Estas mujeres, por lo general, son representadas por la defensa oficial que, con frecuencia, no apela la condena, no impugna que se viole el derecho a la confidencialidad de la paciente, sino que se limita a “convalidar lo actuado por policías y fiscales”.

Causas por aborto

El informe basado en los datos obtenidos de las diecisiete jurisdicciones, se puede identificar «siete con menos de 10 investigaciones por aborto cada una (Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa, San Luis y Río Negro), cinco de entre 10 y 50 investigaciones por aborto (Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Santa Fe), la provincia de Corrientes con 65 investigaciones, Salta con 156, la jurisdicción de la Justicia Nacional-Federal con 187 investigaciones casi con exclusividad en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires con 539 investigaciones y el caso extremo de la provincia de Tucumán con 402 investigaciones.” Muchas de estas causas iniciadas en Tucumán fueron caratuladas de aborto cuando, en realidad, se trataba de abortos espontáneos o natural, según informó la abogada feminista Alejandra Iriarte, directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos en la Defensoría del Público, autora de Jaque a la Reina (2014), junto con Soledad Deza.

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Las causas iniciadas por aborto propio son mayores que las causas con condenas obtenidas. En CABA, entre 2006 y 2012, se realizaron 445 denuncias por aborto. Solamente catorce (14) llegaron a juicio y en dos (2) se aplicaron condenas. Más adelante, entre 2011 y 2016, se iniciaron 167 causas por aborto y hubo dos (2) condenas y una (1) suspensión de juicio. El informe advierte que, aunque no llegaran a tener condena, el hostigamiento, las humillaciones y la violencia institucional que se ejerce contra las mujeres ya es de por sí mismo una estrategia punitiva.

En las causas por eventos obstétricos, las condenas por hechos vinculados a la mujer gestante o parturienta van desde cadena perpetua o a una escala de 8 a 25 años de presidio si “encuentran” circunstancias de atenuación.

Sobreseimiento de las causas

Desde ya las organizaciones feministas reclaman el sobreseimiento de las causas iniciadas a mujeres por abortar o por algún evento obstétrico cuando se castiga una “supuesta” intención de aborto. Su petición cuenta con la aprobación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo que despenaliza y legaliza el aborto hasta la semana 14 inclusive de gestación, aprobada el pasado 30 de diciembre por el Congreso de la Nación. Se espera por su reglamentación y sanción para exigir la suspensión de estos procesos judiciales.

La persecución penal que las mujeres han sufrido por abortar está vinculada a la criminalización de la pobreza, porque las mujeres con recursos económicos y simbólicos pueden acceder de manera más segura y confidencial a una interrupción sin ser penadas. La aplicación de esta ley permite, en cambio, superar la desigualdad en términos de acceso a la salud integral y también abrir varias discusiones en la sociedad argentina como el poder de decisión de las mujeres y personas gestantes sobre sus propios cuerpos; en continuar o no un proyecto de maternidad, o la posibilidad de recurrir a la interrupción cuando el embarazo es producto de una violación sin retrasos judiciales.