¿Quién se queda con el trabajo y la riqueza de lxs argentinxs?

Domingo 25 de abril del 2021

Escribe: Enrique Aurelli (*)

Ilustra: Sol Re

Discutir la entrega del Paraná, toda nuestra red troncal de navegación, la logística y el comercio exterior, es defender quien se queda con el trabajo y la riqueza de lxs argentinxs.

Venimos hablando hace décadas de la pobreza. La investigamos, la cuantificamos, pero no entablamos esas mismas discusiones respecto de la riqueza ni de los factores que la causan. Son pocos quienes le ponen nombre y apellido a las maniobras o a los personeros de los intereses extranjeros que se benefician entregando la vida, los alimentos, la salud, el presente y el futuro de lxs argentinxs.

En este último tiempo, fuimos testigos de cómo un sector de la recalcitrante y nefasta oposición constituida por la derecha argentina lleva el cuchillo bajo el poncho y viene con una ley para crear una bandera de conveniencia argentina, como la panameña, liberiana o paraguaya, a fin de degradar los convenios colectivos de trabajo en el sector.

Vemos una maniobra conjunta en varios frentes, planificada en alguna “office” de embajada extranjera, para llevar adelante una reforma laboral encubierta en la que proponen candidatos sindicales desde la Fundación Pensar, meten cizaña en el sector de los trabajadores de Fluvio/marítimos con el objetivo de distraerlos de las causas madres que les dan trabajo y por las que deberían estar luchando junto a todxs lxs argentinxs: ser feroces guardianes del patrimonio argentino que son los recursos estratégico nacionales que dan sustento a nuestras vidas.

Poco se hace desde los últimos 38 años, y se continúa en las premisas fijadas a sangre en el inconsciente colectivo. Todo lo que deba ser del Estado y lxs argentinxs -como nuestro Comercio Exterior, los puertos o el servicio de dragado y balizamiento de la Red Troncal navegable que conforman el Río Paraná y de la Plata que están concesionadas, en el último caso a una empresa extranjera, Jan de Nul, asociada a una Argentina, EMEPA- permanecerá en manos de los privados.
Desde hace 25 años, el peaje lo cobran estas empresas y, a pesar de las condicionalidades impuestas en el pliego, jamás se hizo un contralor de cuánto recaudan por peajes; qué tareas se realizan realmente; ni cuál es el estado de las dragas argentinas que se le entregaron a la concesionaria para que trabaje.

Ni hablar de la falta de control sobre el dinero de los subsidios en millones de dólares que cobraron entre 1995 y 2002 por dicha empresa.

El negocio para los concesionarios fue perfecto. No así para la Nación, que desde hace décadas viene empobreciendo y perdiendo soberanía sobre el río y sus costas.

Ilustra: Sol Re.

Escuchamos a algunos funcionarios de gobierno decir que no importa quién drague; pero no es lo mismo que drague y cobre peaje una empresa extranjera, que generalmente hace giro de sus dividendos a bancos extranjeros, que lo haga el Estado Nacional, y use el dinero del peaje para mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino. Vemos llevar adelante licitaciones de dragados de puertos provinciales como si nada, o anunciar la construcción de una base naval de la Armada, pero por un privado. Yo no sé mucho, pero si es una base naval, ¿no es un blanco en hipótesis de conflicto?, ¿no debería ser construida en el más absoluto secreto su infraestructura?
La megaestafa de Vicentín, puso sobre el tapete la falta de control aduanero en los puertos y el Río Paraná, al verificarse cómo contrabandean productos hacia países limítrofes para evadir impuestos; práctica que se repite con grandes productores y exportadoras. Cosa que se podría evitar en cortísimo plazo de implementarse “controles inteligentes” con tecnología de todo el sistema logístico, carga, puertos, buques de los que entra y sale del país en manos y coordinados de los organismos estatales pertinentes.

El control aduanero, el control de cargas, el control de la evasión fiscal, puede y debe hacerlo el Estado Nacional.

Junto a la concesión de nuestra red navegable, en los años 90 se destruyeron la Flota Fluvial del Estado, y la Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, que supo ser el orgullo de nuestro país y tener hasta 160 barcos propios.

Los fletes marítimos se pagan en dólares. Al ser empresas extranjeras las que realizan dichos fletes, exigen el pago con dólares y no pesos. Todos los años se destinan 7 mil millones de dólares para el pago de fletes en manos de empresas extranjeras. Dólares que se llevan 5 empresas Navieras y Agroexportadoras que manejan el 85% de movimiento de cereales y otras 9 empresas el movimiento de cargas en contenedores. Todo un número, como dice un amigo, no cuentan la guita, la pesan…

El Estado podría hacer uso del derecho internacional y soberano de quedarse con el 50% del flete, “reserva de carga”. Esto es: establecer una preferencia en favor de los buques argentinos (que no tenemos) o con bandera argentina (que podríamos alquilar o comprar mientras se construyen nuevos en el país) para transportar la mercadería de exportación o importación desde o hacia nuestro país. Y tendríamos anualmente un ingreso de 3.500 millones de dólares, y podríamos a través del cobro de una pequeña tasa sobre los 7000 millones que mueve la argentina financiar la industria naval.

Con tan solo 2 medidas, Argentina estaría en condiciones de asegurarse un ingreso de 4.000 millones de dólares anuales y recupera la soberanía logística y el control sobre sus exportaciones. Hay leyes con estado parlamentario en el congreso de la nación al respecto, con estado parlamentario desde hace años que no se implementan, a esto sumemos la destrucción de la ley de la industria naval mutilada por el macrista Dujovne en durante el Cipayato que deja sin recursos al sector.

Este año también se vencen las concesiones de los principales puertos sobre la ribera del Paraná. Hoy casi todos en manos extranjeras.

Si cada provincia y la nación recuperan dichos puertos, ya no hay nada que obstaculice el control soberano sobre el comercio exterior o el combate de delitos graves como el contrabando, tráfico de drogas o la trata de personas.

El decreto 949/20 propone licitar, es decir, volver a poner en manos extranjeras, el control de los ríos Paraná y de la Plata.

Pero además, habla de profundizar el canal para que puedan entrar a nuestras aguas territoriales barcos más grandes. Verdaderas ciudades moviéndose por nuestros ríos que solo benefician económicamente a unos pocos muy ricos. Ellos concentran miles de millones de dólares mientras nosotros nos quedamos sin rio, el daño ambiental, y la heladera vacía.

Para que no queden dudas: dragar es extraer barro, piedras o arena del fondo de un puerto de mar, un río o una corriente navegable para limpiarlo o darle mayor profundidad.

Con el sistema de barcazas (una gran plancha de acero flotante, empujada por un barco pequeño) Argentina puede transportar de manera económica su mercadería hasta puertos de aguas profundas y transbordar la misma hacia barcos de mayor calado sin necesidad que entren estas mega monstruosas ciudades flotantes.

Ilustra: Sol Re.

¿Realmente necesitamos destruir el lecho del río Paraná, con el consiguiente disturbio ecológico sobre sus costas y el acuífero Guaraní, principal reserva de agua dulce de más del 50% de la población argentina?

Cualquier disturbio en el lecho fluvial impacta directamente sobre flora y fauna de agua dulce y también de la marina, ya que el nuevo caudal – en la actualidad algo así como 2100 tanques de agua de esos que tienen las casas en el techo bajando por segundo por el Río Paraná-, arrastrará más sedimentos hacia el Atlántico y las costas bonaerenses. ¿Tolerarán las especies marinas la baja en la salinidad? ¿Soportará el ecosistema los barros contaminados con agrotóxicos que según el Conicet, se encuentran en el Río en cantidades alarmantes? ( Recordemos que las tomas de agua para potabilizar el agua que consumen los porteños y el AMBA, están en el Río de la Plata)
¿Estaremos contribuyendo a la creación de una zona muerta marítima?¿Cómo afectaría a las poblaciones ribereñas y las economías locales?

Depositar arena y barros sobre los humedales costeros, genera aumento de cota terrestre ribereña, y se obstaculiza la escorrentía natural y se comprime la zona de descarga de las napas, por lo que se generarán, tierra adentro, zonas anegables más amplias que las actuales.
¿Podemos seguir destruyendo el campo y las ciudades ribereñas para que 5 agroexportadoras multinacionales tengan más ganancias que ahora? ¿Qué pensar de esto los ministros de medio ambiente de la Nacion y de las provincias? ¿Es razonable despojar a la mitad de la población de sus derechos humanos básicos- sustentabilidad, alimentación, vivienda, ambiente digno- para beneficiar a unas pocas empresas?

Aunque el “contrabando”, perdón quise decir contrato, de concesión lo requería, no se hizo ningún estudio de impacto ambiental a lo largo de los 25 años de privatización de la vía navegable. Y tampoco se hizo ahora para hacer la nueva entrega a través de una licitación.

Toda la producción del país recorre las rutas, va por tren y termina en el sistema troncal de navegación, ríos y canales interconectados que mueven entre el 80 y 85 por ciento de las exportaciones argentinas, (no sólo granarias y derivados, sino también minera, autopartista, ganadera y frutícola). En la Cuenca del Planta hay 3500 km de ríos interiores que conectan con países como Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina y a nuestras siete provincias ribereñas – Bs. As., Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones-. Es hora de poner en funcionamiento un proyecto Multimodal estatal que concentre, regule y defienda los intereses del pueblo argentino. Es hora de una empresa de dragado y balizamiento sociedad del estado y de poner el Capital en función social – lo llamó un viejo sabio-.

Recuperar la soberanía sobre nuestros ríos y el comercio exterior es proteger los intereses de la nación y la felicidad de cada habitante de nuestro suelo sin distinción, de tener los recursos para una comunidad organizada.

Los pueblos del mundo enfrenta la prolongación de un contexto económico y social complejo e incierto. La pandemia de la financiarización de la vida sumada a la de COVID-19 continúa impactando a la región.

En unos días acaba la oprobiosa concesión de la “Hidrovía”. Derogar el decreto 949/20 es fundamental para recuperar nuestros recursos estratégicos nacionales y con ellos la Argentina, para ponerla de pie. El capitalismo mata, y su virus es el neoliberalismo.

Está en manos de los legítimos representantes del pueblo argentino defender los intereses de la Nación y no los de las corporaciones multinacionales. El pueblo argentino espera de ellos que cumplan con el contrato electoral y el mandato otorgado en las urnas.

“Neoliberalismo y sótanos de la democracia, nunca más»

(*) de MT Recuperaciòn Nacional y Templanza Suramericana