Las patentes que dominan al mundo

Domingo 16 de mayo del 2021

Escribe: Bernardita Castearena

Mientras Alberto Fernández, Carla Vizzoti y los gobernadores de las provincias hacen malabares para poder vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, los pocos que pueden eligen pagar un vuelo a Miami y vacunarse contra el COVID-19 de forma gratuita. El sistema es muy sencillo: entrás en una farmacia, vas a una playa o simplemente encontrás los carteles LED que indican el puesto de vacunación, haces fila, te registras y diez minutos después tenés a un trabajador de la salud traspasando la piel del brazo que elijas con la aguja de una jeringa. 

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Hace unos días, el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que apoyaría la liberación de la propiedad intelectual -conocida como patente- de las vacunas, y eso, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, nos afecta de forma directa. Para entender un poco más sobre el tema, hablamos con la Investigadora de CONICET en el Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades y especialista en Salud Internacional y Políticas de Salud, Marcela Belardo:

¿Qué son y para qué sirven las patentes? 

La patente es un título que expide la autoridad nacional a una persona para que tenga el monopolio temporal de la explotación de su creación… Una temporalidad que dura 20 años. 

¿Cuál es la traba que producen a nivel internacional?

—La traba es el acceso: en una situación de pandemia como la que vivimos hoy, son siete u ocho laboratorios a nivel mundial los que producen vacunas. En paralelo, la demanda mundial es gigantesca, y estos productores que son pocos, que son oligopolios, lo que hacen es fijar los precios en el mercado y las condiciones de venta; tienen el poder para condicionar mucho esa compra y venta de vacunas. Además, en la situación actual no dan abasto en la producción. Por eso, la liberación de las patentes permitiría que esos laboratorios puedan compartir la tecnología con otros laboratorios que, a su vez, podrían escalar en la producción de vacunas, que es lo que hoy por hoy necesita la humanidad.

Esto no significa que los laboratorios originales vayan a perder dinero, ellos van a seguir ganando por eso, e incluso van a obtener regalías. Lo que no van a tener son las ganancias exorbitantes que tienen hoy. Se estima que Pfizer este año va a ganar lo que no ganó en la última década. Esto, en un momento de pandemia, es casi inmoral, pero no se le puede pedir moralidad a una empresa farmacéutica.

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En términos de Ciencia y Tecnología, ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros? 

Los que tienen vacunas hoy son las potencias mundiales: EEUU, Rusia, China, Alemania, Reino Unido. La excepción a la regla de las potencias es Cuba, que tiene en su plan de Estado estratégico una inversión en ciencia y tecnología desde hace al menos 30 años. Entonces, en ese sentido, tiene las mismas condiciones que muchos países desarrollados. Para llevar a cabo un proceso de investigación, producción y distribución de vacunas, hace falta mucha inversión sostenida en el tiempo, que como política de Estado es estratégica.

Estados Unidos tiene Pfizer y Moderna. Además, tiene una industria y una capacidad productiva muy fuerte que en estas circunstancias escaló de forma exponencial. Es interesante ver cómo en estas vacunas de laboratorios privados, la inversión fue pública: en Pfizer, por ejemplo, Alemania financió la etapa de investigación y el gobierno de EEUU la etapa productiva. Esto es, como mínimo, polémico, porque quiere decir que los privados pudieron desarrollar vacunas gracias al financiamiento público y que una vez que lanzan las vacunas se quedan con todo ellos, desde el financiamiento hasta la venta.

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Dice Amnistía Internacional: “Los países más ricos representan el 16% de la población mundial, pero se quedaron con más del 60% de las vacunas. Eso quiere decir que más de 100 países pobres aún no tienen ni una sola dosis. Los Estados ricos y las empresas rechazan que se liberen las patentes y transferir la tecnología e insumos necesarios para producirlas. Las normas internacionales de derechos humanos son claras: la salud pública debe tener prioridad sobre la propiedad intelectual”.