Firmas para frenar la privatización de Punta Carrasco y Costa Salguero

Domingo 27 de junio del 2021

Escribe: Lucía Tormey

El Frente de Todos porteño presentó en la Legislatura 4000 firmas en apoyo a la iniciativa popular por la derogación de la privatización de los predios de Punta Carrasco y Costa Salguero, y la construcción de un parque público.

Como indica la Ley de Procedimiento de Iniciativa Popular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cuando un proyecto alcanza el aval de 4000 electores, el Gobierno porteño se ve obligado a difundir la iniciativa a través de sus canales oficiales, como el Canal de la Ciudad, las emisoras radiales, carteleras y cualquier medio que posea el GCBA o la Legislatura.

El proyecto de iniciativa popular se presentó en marzo de este año a través del Frente de Todos junto al Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas y organizaciones ambientalistas, planteando que se construya un parque público de acceso libre y gratuito y la derogación de la Ley 6.289, que habilitó la venta de Costa Salguero. El objetivo es reunir 40.000 firmas, el 1,5% del padrón, para que la Legislatura porteña trate el proyecto en sesión ordinaria, y se estima que ya se lograron la mitad de las adhesiones necesarias.
En diciembre de 2019 la Legislatura Porteña sancionó la ley 6289 que permitía la venta de Costa Salguero y Punta Carrasco, inmuebles de dominio público pero concesionados hasta el año corriente. Muchos sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil sostienen que esto se contradice con el art. 8 de la Constitución de la Ciudad, que declara que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”.

Los procedimientos por los cuales se sancionó esta ley resultan cuestionables, porque se trató acorde a los procedimientos para la venta de inmuebles privados -que requiere de 40 votos para ser aprobada- de manera que pudiera ser asegurada por la mayoría automática del oficialismo antes de que se produzca el recambio en la composición de la cámara correspondiente a 2020. Pero el derecho de propiedad no puede ejercerse por fuera de las leyes que regulan su ejercicio. La ley se votó en una sola instancia, sin audiencia pública y de espalda a la sociedad.

La idea de la rezonificación y privatización de la Costanera Norte es utilizar 17 hectáreas de Costa Salguero para la construcción de un barrio náutico de lujo y un complejo de edificios de 10 pisos con fines administrativos y comerciales, que costarían 9000 dólares por metro cuadrado, mientras que se piensa destinar el 35% de Punta Carrasco para construcciones privadas y un helipuerto.

En este sentido, a fines del año pasado se convocó a una audiencia pública virtual y no vinculante para que todos los ciudadanos porteños puedan expresar su opinión con respecto al proyecto. La audiencia alcanzó un récord histórico de participación que superó los 7 mil inscriptos y un 97% de rechazo a la propuesta oficialista, con un argumento que resonaba en todas las exposiciones: reconciliar el Río con la Ciudad como un derecho de todxs. El Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas (CdA), que presentó las firmas con lxs legisladores, sostuvo que es importante “recuperar el sentido común de que lo que es público es de todos, de que la costa del río es de todos y que tenemos derecho a nuestro paisaje natural”.


En los últimos 13 años se privatizaron más de 500 hectáreas de tierras públicas para la construcción de emprendimientos inmobiliarios, pero no para atender las problemáticas habitacionales y ambientales de la población. En una ciudad que atraviesa una fuerte crisis ambiental y que dispone menos de cuatro metros cuadrados de espacios verdes por habitante, la propiedad, tanto pública como privada, debe cumplir una función social y ecológica, con dispositivos recreativos y culturales que convoquen esencialmente a la juventud, que aporten a la ampliación de los espacios verdes, o a la creación de viviendas sociales en una ciudad que cuenta con una gran crisis habitacional y pone trabas al acceso a la vivienda por parte de la población.