La Corte Suprema de Italia condenó a prisión perpetua a 14 represores del Plan Cóndor

Domingo 18 de julio del 2021

Escribe: Mariana Vaiana (*), desde Roma, Italia

“Los juicios celebrados en Italia son el espejo de una justicia
que no olvida a las víctimas que dieron su vida
por la conquista de la libertad en América del Sur”

Francesco Mollace, fiscal general ante la Corte de Casación de Roma

Llegué a Roma el 8 de julio por la mañana. Las nueve horas que duró el viaje en tren fueron de ayuda para repasar los antecedentes del Proceso Cóndor que, horas más tarde, iba a presenciar en la Corte de Casación italiana, un equivalente a la Corte Suprema de Justicia de los países latinoamericanos. Minutos antes de las 10 ingresé al Palacio de Justicia, una construcción de dimensiones colosales que combina los estilos neobarroco y tardorenacentista con paredes recubiertas de travertino de un metro de espesura, pasillos de cinco que circundan un patio interior que exhibe un conjunto escultórico de figuras de proporciones hercúleas. Intenté concentrarme y contener el colapso de mis sentidos para encontrar un cartel que me ayudara a conocer la ubicación del Aula Magna donde se desarrollaría el juicio, aunque cualquier cartel en aquella sucesión de columnas jónicas, a la luz de los vitrales en ocre y cristal con voladizos encintados en peltre, que creaban una atmósfera surrealista, pasaría necesariamente desapercibido.

Mientras subía por las enormes escaleras de mármol, pensé en lo que representa este laberinto: emblema de la unificación italiana, símbolo de la era de los imperios, de la época de la formación de los Estados Nacionales con sus ejércitos creados para reprimir de manera coordinada, en cada país europeo, la avanzada del movimiento obrero organizado. Años antes los ejércitos habían sofocado con éxito la toma del poder del Estado comunal de París bajo control obrero, se había promulgado la autogestión de las fábricas abandonadas, creado guarderías y escuelas para les hijes de les obreres, instaurado la laicidad de Estado, obligado a las iglesias y a los vecinos a sumarse a las tareas sociales y sancionado la remisión de los alquileres impagos y la abolición de los intereses de las deudas para palear la miseria producto de la Guerra Franco-Prusiana. Para reprimir la toma de la Comuna de París (1871) los ejércitos francés y prusiano se aliaron dejando un saldo de 30 mil obreres muertos, 40 mil detenidos deportados a los Campos de las Colonias de Nueva Caledonia, y hubo cerca de 14 mil ejecuciones entre hombres, mujeres y niñes. El remate fue el diseño de una estrategia superadora de la 1era Guerra: una matanza de obreros en manos de obreros alistados bajo distintas banderas.

Tuve la certeza de que lo que estaba por ocurrir ese día en el Palacio de Justicia, marcaría un hito en la caída de aquel modelo de institucionalidad, el cual ya viene desmoronándose como aquel edificio, tan pesado, tan excesivo, construido sobre suelos aluviales y apodado despectivamente por los romanos como il Palazzaccio. La metáfora fue ineludible. Allí se estaba probando la existencia del Plan Cóndor, cuya naturaleza fue la coordinación de los ejércitos de las dictaduras latinoamericanas para la persecución, secuestro, tortura y desaparición de la oposición política en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. Dos años antes, el 8 de julio de 2019, la Corte de Apelación de Roma había declarado culpables y condenado a prisión perpetua a 24 represores.

Ingresamos al Aula Magna. Los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos tenían asignadas las tribunas ubicadas a la izquierda del tribunal, la prensa a la derecha. Elsilencio era rotundo. Abajo, por una puerta de mármol con cortinas de terciopelo, ingresaron los miembros de la Corte de Casación, tribunal de última instancia en los procesos de la Justicia Italiana. La Corte fue presidida por una jueza, quien ocupó el lugar detrás de un macizo y tallado escritorio del que se prologaban, como dos largos brazos también de madera, los escritorios de los jueces dispuestos en sillones proporcionados al mobiliario. A la derecha, en un púlpito se encontraba el fiscal general, y atrás, en sillas bastante alejadas unas de otras, los abogados de la querella y de la defensa. Todos bajo una rigurosa toga negra y con barbijos. El calor era aplastante y lo acentuaban, aún más, los rayos de sol entrando por los enormes vitrales. La secretaria comenzó la lectura de los términos jurídicos de lo que a continuación relataré en esta crónica.

Una cronología necesaria

La denuncia de la denominada causa Plan Cóndor fue presentada en 1999 por los familiares de las víctimas uruguayas, quienes ante la falta de respuesta institucional en su país de origen, impulsaron la búsqueda de verdad y justicia en Italia. Por aquel entonces en Latinoamérica estaban en vigencia las leyes de impunidad o amnistía como la Ley de Caducidad en Uruguay (1986), las Leyes de Obediencia Debida (1986), Punto Final (1987) y los Indultos (1989-1990) en Argentina. El arresto de Augusto Pinochet en Londres en 1998, por orden del juez español Baltasar Garzón, por los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas, abrió las puertas para conseguir justicia
en los tribunales transnacionales. Así se fueron sumando otros denunciantes, de distintos países quienes fueron aportando documentos, buscando testigos, haciendo una detallada reconstrucción de los hechos y localizando los domicilios de los denunciados para que fueran detenidos o notificados.

Pinochet fue condenado.

Las pruebas recolectadas y 140 indagados pusieron en evidencia la articulación entre las fuerzas represivas de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil. En 2007 la jueza que intervino a pedido de la fiscalía emitió una orden de arresto contra todos los acusados. De los más de 140 imputados, sólo llegaron a juicio 33 entre militares y civiles. De los 33, 14 fueron condenados. Muchos murieron, otros cumplen condena en sus respectivos países, otros tienen pedido de captura en Interpol. En 2013 la fiscalía presentó la acusación formal que dio inicio al juicio en febrero de 2015 donde se celebraron más de 60 audiencias en las que se escucharon las declaraciones de familiares, testigos y expertos, investigadores, periodistas e historiadores que ayudaron a comprender el contexto político de la época para comprender los alcances de la coordinación represiva. Todos los acusados se negaron a comparecer. En 2017 la Corte en primera instancia absolvió a la mayoría de los acusados por falta de pruebas.

El criterio del tribunal para dicha sentencia se basó en la condena a los imputados que formaron parte de los altos mandos de la jerarquía militar, mientras que a los de rango intermedio o bajo, por considerarlos simples subordinados, resolvió absolverlos. Fueron condenados a prisión perpetua 7 militares entre chilenos, bolivianos y peruanos y un civil, el ex canciller de la dictadura uruguaya Juan Carlos Blanco por los homicidios perpetrados en Argentina contra Daniel Banfi, Bernardo Arone, Gerardo Gatti, María Emilia Islas y Juan Pablo Recagno. A pesar de este duro golpe, quedó sentado el reconocimiento, en instancia judicial de un país europeo, de la existencia de la coordinación conjunta de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Organizaciones Paramilitares con sus correspondientes estructuras, entre las dictaduras de Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, para ejecutar de manera articulada y sistemática el secuestro, tortura y desaparición de los opositores políticos bajo elparaguas del Plan Cóndor.

Con el recurso de apelación resuelto el 8 de julio de 2019, el tribunal habilitó la presentación de nuevas pruebas. De este modo fue posible constatar la creación y el funcionamiento de una oficina en el Cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay conocida como La Computadora, encargada de un sofisticado sistema de inteligencia que sistematizaba toda la información obtenida bajo tortura de las personas secuestradas. Quien se encargaba de la misma era el militar uruguayo Jorge Tróccoli Fernández, quien había sido absuelto en 2017 por ser considerado un cuadro intermedio. La nueva instancia del debate abierta por la Corte de apelación permitió entonces revertir aquella sentencia, no sólo por semejante hallazgo, sino porque se tomó como probatoria la evidencia que había sido desestimada por la Corte en primera instancia, considerando que debido al perfil de los acusados, las tareas que llevaron a cabo, la articulación de la información y su utilización para llevar adelante la actividad represiva a gran escala, debían necesariamente contar con autonomía en la decisión de los tiempos, los lugares y los blancos, con espíritu de iniciativa y con la capacidad para encarar los imprevistos para asegurarse el éxito de la operación. Todos los acusados fueron condenados a la máxima pena, con resarcimientos económicos de van de los 10 mil al millón de euros, a excepción de Ricardo Eliseo Chávez
Dominguez, quien resultó absuelto.

El juicio del Proceso Cóndor

El Proceso Cóndor, nombre dado por la Justicia Italiana a la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras cívico-militares latinoamericanas articuladas por el Plan Cóndor entre los años 70 y 80, tuvo lugar en Italia en principio porque la totalidad de las víctimas de origen boliviano, uruguayo, chileno y argentino, eran además ciudadanos italianos. Esto permitió a la Corte de Roma iniciar la investigación sobre los homicidios perpetrados a sus ciudadanos fuera del país. Así lo determina la ley, al igual que el hecho de realizar el juicio in absentia de los acusados, como ya había sucedido en 1989 con la primera investigación iniciada por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, por la desaparición de su hija y sunieto, entre otros desaparecidos ítalo-argentinos. En aquella oportunidad fueron declarados culpables con la máxima pena siete represores argentinos.

Estela de Carlotto, Abuelas de Plaza de Mayo.

Luego se produjo una segunda investigación por desapariciones ocurridas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la cual finalizó en 2007. Entre los militares condenados en esta instancia, 24 en total, se encontraban dos militares bolivianos los cuales, aun fallecidos, conocieron las sentencias condenatorias a cadena perpetua. Luis Arce Gómez y Luis García Meza fueron parte del último golpe militar en Bolivia el 17 de julio de 1980. Los golpes en Bolivia contaron con el apoyo económico y logístico de la dictadura argentina cuyo régimen apoyó con estrategas del terror y paramilitares, durante la preparación del golpe y en los meses que duró el gobierno de facto. El régimen de García Meza, Arce Gómez y sus colaboradores fueron juzgados en el juicio de responsabilidades que duró casi 9 años y que fue tercamente impulsado por las víctimas y por las organizaciones sociales. Fueron sentenciados por la Corte Suprema el 21 de abril de 1993 a la pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, por ocho grupos de delitos: el genocidio perpetrado en la calle Harrington, asesinatos, crímenes de lesa humanidad, torturas, corrupción y negociados.

Ambos militares escaparon del país para evitar cumplir su condena. Luis Arce Gómez, quien fuera Ministro del Interior y Jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto del Ejército Boliviano, falleció en marzo de 2020. Previamente recibió una condena de 25 años por narcotráfico en Estados Unidos, fue deportado a Bolivia en 2009 y cumplió apenas un tercio de los 30 años a los que fue condenado en 1993 por el genocidio de la calle Harrington de Sopocachi y por su participación en los secuestros, torturas y desapariciones de más de 30 personas. El otro acusado, Luis García Meza, fue presidente de facto de Bolivia desde el 17 de Julio de 1980 hasta su renuncia el 4 de Agosto de 1981. Como el resto de los acusados, él también apeló a todos los recursos para retardar el juicio y dilatar el proceso. Presentó una lista de 432 testigos y antes de que sedictara la sentencia, escapó a Brasil. Fueron los familiares de las víctimas quienes una vez más lograron su extradición a Bolivia en 1994. Desde ese año recurrió a una serie de artimañas para incumplir su sentencia en la cárcel de Chonchocoro y estuvo la mayor parte de su sentencia cobijado en una suite del Hospital Militar Cossmil. Finalmente falleció en abril de 2018.

Arce Gómez, fue señalado por la Dra.Nila Heredia Miranda, detenida-desaparecida y torturada en 1976 por la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), como uno de los responsables de sistematizar el intercambio de información y los traslados de militantes políticos entre los que se encontraba su esposo Luis Stamponi, perteneciente al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y que, luego de ser detenido en Bolivia fue entregado a la dictadura argentina. Stamponi aún permanece desaparecido. Heredia Miranda, actualmente miembro de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (ASOFAMD) y Presidenta de la Comisión por la Memoria de Bolivia, declaró que durante la dictadura de García Meza (1980-1981), Luis Arce Gómez estaba a cargo de la represión en su país y que la misma fue organizada por grupos paramilitares argentinos. De aquellos
grupos participaban también ciudadanos italianos y alemanes vinculados al narcotráfico.

Respecto a Uruguay, el proceso se retrotrae a 4 meses antes del Golpe de Estado de Juan María Bordaberry, momentos de la constitución del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). Este organismo estaba compuesto por el Presidente, los ministros de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, y junto a los jefes de las Fuerzas Armadas impartía directivas a los servicios de inteligencia relativas a las operaciones de los grupos de tareas militares y paramilitares de Uruguay y Argentina. El COSENA fue clave en la violenta represión a los opositores políticos de la dictadura. Bordaberry y Blanco fueron condenados en su país en 2006, por el asesinato de Zelma Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw (Buenos Aires, 1978).

Jorge Tróccoli

El militar Jorge Tróccoli Fernández fue condenado por el secuestro, desaparición y muerte de seis ciudadanos de origen ítalo-uruguayos y de 20 uruguayos pertenecientes en su mayoría al Grupo de Acción Unificada (GAU). Asimismo quedó probada su participación en el Circuito Camps y en el Comando de Operaciones Tácticas de Banfield y Quilmes, centros clandestinos conocidos como Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes. Los planes de vuelo entregados por el gobierno de Uruguay confirman, por un documento de la Armada, los pasajes de los interrogatorios bajo tortura de Julio D’Elía Pallares, Raúl Edgardo Borelli Cattaneo, Alberto Corch Laviña, Guillermo Sobrino y Alberto Moyano Santander. Todos desaparecidos en Buenos Aires en 1977. El sistema represivo en Uruguay estaba a cargo del Servicio de Información de la Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Los testimonios de los sobrevivientes del Pozo de Quilmes, así como en los documentos de la COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS (CONADEP), señalan la presencia en interrogatorios y torturas de los miembros de la OCOA. El represor uruguayo José Gabazo admitió en su declaración en este juicio, que actuaban de manera coordinada en operaciones de inteligencia y en su diseño tanto en territorio argentino como uruguayo, teniendo como base el centro clandestino de detención Automotores Orletti.

El pasado 1 de Julio de 2021 la justicia italiana confirmó la prisión perpetua de los represores chilenos Rafael Ahumada Valderrama, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chauan por la desaparición de dos ciudadanos ítalo-chilenos, Juan José Montiglio y Omar Venturelli. Los abogados de la defensa no presentaron el recurso de apelación, por lo que la condena quedó firme. Los tres represores chilenos habían sido procesados “en ausencia”, junto a otros militares latinoamericanos, por este motivo luego de las condenas definitivas la justicia italiana pidió a Chile el arresto provisorio de los condenados a la espera de la extradición.

El pedido de extradición es un proceso complejo, difícil de concretar para algunos expertos, puesto que los tratados varían de un país a otro. En lo que respecta a Italia es una decisión política a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. Como antecedente, la extradición de otros militares chilenos solicitada por la justicia de Francia fue negada por la justicia chilena en 2013. En este sentido, los militares chilenos procesados y condenados, están cumpliendo condena en sus domicilios. Algo similar ocurre en Uruguay donde los represores cumplen condena en una cárcel VIP construida especialmente para alojarlos.

Las derivaciones del alegato

Ante esta situación, el fiscal general Francesco Mollace, sostuvo que la justicia italiana juzga a los ciudadanos, por lo que existen dos caminos en relación a los acusados: “se extraditan o se juzgan”. Entre los fundamentos expuestos por el fiscal ante la Corte de Casación, dos sientan las bases para definir el destino de los imputados argentinos que aún continúan en libertad en suelo italiano, Carlos Malatto y el sacerdote Franco Reverberi, ambos prófugos de la justicia argentina. Otro fundamento refiere a la condena del militar uruguayo Jorge Tróccoli Fernández, a quien finalmente el Estado uruguayo pidió condenarlo. Otro de los puntos fue el denominado “Concurso en Homicidio”, según el cual todos los participantes en la ejecución de un homicidio, aunque no hayan sido los ejecutores materiales, a sabiendas de que existía la mínima posibilidad que las acciones emprendidas podían derivar en la muerte de la víctima, son culpables ya que contribuyeron a que el homicidio se consumara. Este punto es de particular importancia puesto que sienta precedente para determinar la responsabilidad tanto de los altos mandos militares como de los intermedios, y de su participación voluntaria en la persecución y en los secuestros seguidos de torturas, desapariciones y homicidios.

La jornada del pasado 8 de julio se extiendió a lo largo de 11 horas con dos intermedios de 15 minutos y un último de 30. En este último y, para sorpresa de todos los presentes, la Corte tuvo que decidir si suspendía o no la audiencia. El fiscal general advirtió la falta de los certificados de defunción de dos represores peruanos, quienes habían sido condenados por el secuestro y desaparición de Stamponi, por la Corte de Apelación en 2019, cuando aún estaban con vida. Ante la posibilidad de la suspensión, la sala se colmó de bronca, decepción y enojo. Finalmente el tribunal decidió separar el caso y continuar la audiencia el día siguiente. El día de la lectura de la ratificación de la sentencia muchos familiares ya no estaban. Aún así no ahorraron agradecimientos y abrazos a sus abogados Andrea Speranzoni, Giancarlo Maniga, Arturo Salerni, Alicia Mejía, Mario Angelelli, Alessia Liistro, al fiscal general Francesco Mollace, y al apoderado de los familiares y miembro de la ONG 24 de Marzo, Jorge Ithurburu.

De los 24 condenados en la Corte de Apelaciones de 2019, solo llegaron a la sentencia de este juicio, 20 imputados. Seis murieron, entre ellos los militares peruanos y 14 recibieron la condena a prisión perpetua. Tres militares chilenos: Daniel Aguirre, PedroEspinoza, Carlos Luco Astrosa. Once uruguayos, entre ellos el civil Juan Carlos Blanco -ex ministro de exteriores de la dictadura uruguaya-, José Arab Fernández, Juan Carlos Larcebeau, Pedro
Mato Narbondo, Ricardo Medina Blanco, Ramas Ernesto, José Sande Lima, Jorge Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli Fernández y Giberto Bissio, Nueve de ellos operaron en el CCD Automotores Orletti de Buenos Aires.

El 10 de julio de 2021, un día después de la sentencia, Jorge Tróccoli Fernández, de 72 años, fue arrestado en Nápoles cuando salía del Hospital de Battipaglia por dos carabineros del ROS di Roma, grupo de elite que cumple las funciones de arresto de la mafia. Pasará los últimos días de su vida en una cárcel de máxima seguridad, los dos primeros años con reclusión diurna.

Las víctimas

Argentina
Guillermo Alfredo Tamburini, secuestrado en Buenos Aires junto a su esposa el 16 de julio de 1976; Luis Stamponi Corinaldesi y su madre, Mafalda Corinaldesi de Stamponi, siendo el primero secuestrado en Bolivia el 28 de septiembre de 1976 antes de ser trasladado en Argentina y posiblemente a Uruguay y la segunda secuestrada en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1976 luego de su viaje a Bolivia en busca de su hijo; José Alejandro Logoluso Di Martino y Dora Marta Landi Gil, secuestrados en Paraguay el 29 de marzo de 1977; Lorenzo Ismael Viñas Gigli, secuestrado en la frontera Argentina/Brasil el 26 de junio de 1980; y Horacio Domingo Campiglia Pedamonti, secuestrado el 12 de marzo de 1980 en Rio de Janeiro.

Chile
Juan José Montiglio Murua, secuestrado en Santiago de Chile el 11 de setiembre de 1973; Omar Roberto Venturelli Leonelli, secuestrado en Chile el 4 de octubre de 1973; Jaime Patricio Avendaño, secuestrado en Santiago el 5 de mayo de 1976; María Cecilia Magnet Ferrero de Tamburini, secuestrada en Buenos Aires junto a su esposo Guillermo Tamburini el 16 de julio de 1976 y Giovanni Maino Canales, secuestrado en Chile el 16 de septiembre de 1976.

Uruguay
Daniel Álvaro Banfi Baranzano, única víctima del juicio cuyo cuerpo fue encontrado el 30 de octubre de 1974,Gerardo Gatti, secuestrado en Buenos Aires en junio de 1976, Armando Bernardo Arnone Hernández, Juan Pablo Recagno Ibarburu, María Emilia Islas de Zaffaroni, lostres secuestrados a fines de setiembre e inicios de octubre de 1976 en Buenos Aires; Andrés Humberto Domingo Bellizzi, secuestrado el 19 de abril de 1977; Julio César D’Elía Pallares, Yolanda Iris Casco de D’Elía, Ileana Sara María García Ramos de Dossetti, Edmundo Sabino Dossetti Techeira, Raúl Edgardo Borelli Cattaneo y Raúl Gámbaro Núñez, todos secuestrados entre el 21 y el 27 de diciembre de 1977 y Héctor Orlando Giordano Cortazzo, secuestrado

(*) Periodista de investigación y editora. Se especializó en estrategias de la comunicación y gestión de la información. En Argentina editó libros y revistas sobre Independencia Tecnológica, Desarrollo Industrial y Soberanía Política como fundamentos para el desarrollo económico y social.