“Tenemos a 45 millones de argentinos rehenes del Poder Judicial que falla siempre a favor de las empresas”

Martes 28 de diciembre del 2021

Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, presidente de FORJA, en diálogo con #NoNosQuedaOtra por #la990. Fallo en contra del Decreto 690 que declaraba a las telecomunicaciones como servicio público; las irregularidades del Poder Judicial; proyectos de ley presentados para reponer artículos de la Ley de Medios y financiar medios comunitarios.

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Gustavo López, vicepresidente de ENACOM:

Cautelares contra el derecho a la comunicación

“Estamos rehenes de la Justicia. La Justicia se ha convertido en un poder del Estado que suplanta al Ejecutivo y al Legislativo legislando a través de medidas cautelares. Lo hizo en favor del Grupo Clarín en abril de este año, lo vuelve a hacer en favor del Grupo Telefónica en este año. Según el artículo 99 de la Constitución, excepcionalmente el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia cuando existe una cuestión urgente que no puede esperar el trabajo legislativo, y a su vez no tenga que ver con impuestos, partidos políticos, hay una limitación de cuatro objetos. Y eso tiene que ser ratificado por el Congreso. El Poder Ejecutivo en agosto del año pasado dictó un decreto de necesidad y urgencia regulando el precio de las telecomunicaciones, declarándolas servicio público, y fue ratificado por el Senado de la Nación, significa que se convirtió en ley. Una ley que, en este caso, el Ejecutivo y el Legislativo, solo puede ser dejada sin efecto por una solo puede ser dejada sin efecto por una declaración de inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial. El Poder Judicial no la declara inconstitucional, pero suspende su aplicación a través de una medida cautelar. Entonces, lo que está haciendo es con una medida que no es de fondo, es simplemente una medida cautelar, reemplaza la voluntad del Ejecutivo y del Legislativo. Ya lo hizo con la Ley de Medios en el año 2009, y La Corte, en un fallo en el año 2010 les dice a los juzgados que no pueden a través de medidas cautelares legislar, es decir, reemplazar al Congreso. Tenemos a 45 millones de argentinos rehenes del Poder Judicial, porque cuando el Ejecutivo o el Legislativo sancionan una norma dentro de sus facultades, no analizan si es constitucional o no, la suspenden por las dudas. Esto es una barbaridad jurídica que ocurre en nuestro país, y lo hacen siempre en favor de las empresas. La cantidad de DNU que por cuestiones pandémicas dictó el poder Ejecutivo fueron algo más de 100, el único que fue suspendido por la Justicia es este. Todos los demás están corriendo, menos este”.

“Se supone que la sociedad a través de las instituciones que la representan. En este caso, el Congreso o el Poder Ejecutivo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la necesidad de reformar el Poder Judicial, que no significa un cambio de nombres o sólo un cambio de nombres. Significa un cambio de modelo, un cambio de sistema, un cambio de estructura. La mayoría de los países del mundo tienen lo que se llama Tribunal Constitucional. Es decir, hay un órgano que analiza la constitucionalidad o no de las leyes. No es cualquier juez en todas las instancias y que tarda cuatro años. Ese tribunal en 30 o 60 días tiene que decir si es constitucional o no una ley. Y se termina el debate. En nuestro país podemos estar cuatro años dando vueltas. Ahora, imagínate que una medida cautelar está suspendiendo la aplicación de una norma, ratificada por el Congreso de la Nación, que, oh casualidad, defiende el bolsillo de 45 millones de personas. Entonces o cambiamos el sistema… El problema aquí en parte es la política. Esto que afecta a todos los ciudadanos y a cualquier usuario es apoyado por un sector de la política que mira para otro lado. Claramente, la gente de Cambiemos no solo los cuatro años que gobernó, no se enfrentó nunca a la voracidad de estos grupos, sino que además le entregó todos los negocios. Y cuando nosotros lo declaramos servicio público y cualquier juez lo suspende, no hay ningún reclamo por parte de un sector de la política. Entonces, tenemos un problema político en nuestro país”.

Proyectos de ley para las comunicaciones

“Lo que presenté respecto de la reposición de una serie de obligaciones de la Ley de Medios yo lo llamo un proyecto reparador, porque viene a reparar el daño que el DNU de Macri, que sanciona en el año 2015 generó a la Ley de Medios. La ley de Medios regulaba la televisión por aire, la televisión por cable, la televisión satelital y las radios. Lo que hace Macri es quitar la televisión por cable de la regulación de la ley y lo pasa como si fuera una empresa de Internet y no una empresa de contenidos audiovisuales. Entonces, se cayeron las regulaciones con respecto a las obligaciones de transportar canales, se perdió la diversidad, se niegan a transportar canales en las áreas de cobertura del interior del país: dicen, a este canal comunitario no lo pongo, a este canal universitario no lo pongo o a este canal privado no lo pongo porque no me gusta, o a la competencia de mi señal de noticias la mando 30 canales más atrás para que nadie la vea. Entonces, lo que nosotros hicimos fue respecto de la libertad de expresión, establecer la obligación de transportar todos los canales de noticias, de transportar todos los canales de aire donde los canales de aire tienen su área de cobertura, la obligación de ordenar la grilla por eje temático, para que nadie pueda ser quitado de ese eje en mala competencia y repusimos además la obligación de las señales de la cuota de producción nacional; es decir, hay un porcentaje de películas nacionales en estreno que tiene que estar en la grilla. Esto significa mayor producción y obviamente mayor posibilidad de verse”.

“Pasan dos cosas: primero hay que tener fuerza política para volver a poner la cláusula antimonopólica y yo evalúe que en este momento no nos dan los números para reponer eso. Y segundo, a mí me parece que eso ya quedó viejo, y que sí hay que hacer una ley, en la que estoy trabajando junto con otros sectores del Poder Ejecutivo, para incorporar lo que se llaman las empresas de streaming o las OTT: esto es, incorporar lo que no es técnicamente televisión, pero lo vemos como televisión. Entonces, me parece que en lugar de pelear y dar una batalla que vamos a perder por algo que es viejo, porque ya pasó, deberíamos reponer esto y legislar hacia adelante”.

FOMECA

“En la Ley de Medios se crea lo que se llama el FoMeCa, que es un fondo para la comunicación comunitaria. Ese fondo se financia con el 10% de los ingresos que tiene el ENACOM. Pero ese fondo cuando se sancionó, no son lo que se llama un fondo fiduciario. Esto es, vos recaudas 500 millones de pesos, pero no los podés usar, en tanto y en cuanto, el Presupuesto nacional año por año no te diga cuánto podés usar. Entonces muchas veces el Presupuesto te dice “este año vos podés usar 300” y vos recaudaste 500, y entonces la gente de la comunicación comunitaria pierde esos 200 porque no los podés usar. Y quedan bollando por allí porque es un gravamen específico. Entonces, lo que yo presenté es: hagamos de esto un fondo fiduciario. Es decir, esta plata entra automáticamente a un fondo que solo se puede usar para esto como dice la ley, pero no depende de la asignación presupuestaria. Ni siquiera depende de lo que usé este año. Porque si este año usé 300 y sobraron 200, los puedo usar el año que viene. Nosotros tenemos un fondo fiduciario, que es para Internet, el Fondo de Servicio Universal. Bueno, lo convertimos en un fondo donde la plata no se pierda y que pueda ser utilizada, porque la ley lo dice específicamente, para la comunicación comunitaria. Y un tercero, que se lo elevé al Ejecutivo, que en realidad no lo presenté, es pauta oficial. Mi opinión personal es que la pauta tiene que servir para sostener un sistema de medios más independientes, e hice una propuesta de que hasta el 50% se pueda utilizar, de acuerdo a la cantidad de oyentes, televidentes o audiencias; y el otro 50%, el 30% se reparta de manera federal, a pymes y cooperativas del interior, y el 20% a comunicación sin fines de lucro. Lo consulté con el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo me dijo que le parecía muy bien y que querían estudiarlo para presentarlo directamente. Creo que eso es fundamental, por una cuestión de ser parte transitoriamente del Legislativo, decidí enviárselo a quien se lo tenía que enviar en el Ejecutivo, para que sea el propio Ejecutivo el que lo avance”.