Sábado 16 de abril del 2022
Escribe: Bernardita Castearena
En marzo de 2020, al menos cuatro escuelas porteñas denunciaron intoxicaciones masivas derivadas de las viandas escolares. Tanto niños como adultos que asistían a establecimientos públicos sufrieron síntomas como vómitos, fiebre y diarrea. En otros casos, ni siquiera llegaban a probar bocado porque los gusanos salían de las manzanas a borbotones. Las empresas concesionarias eran las mismas para todos los casos: LAMERICH SRL y ORRICO SRL. A las denuncias mediáticas se les sumó una denuncia al GCBA por parte de la comunidad educativa de una de las escuelas afectadas y una solicitud de informes por parte de dos legisladoras del Frente de Todos.
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), lanzaron un comunicado en el que decían: “Venimos denunciando el ajuste en comedores escolares que Larreta y Soledad Acuña disfrazan con el nombre del plan de alimentación “Chau Paneras”. Este ajuste está acompañado por la pasividad de los entes de control del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de la empresa LAMERICH SRL, pese a tener multas anteriores, en 2018 el Gobierno renovó su contratación por un monto de $651.637.734”.
“No es posible garantizar el acceso a una alimentación adecuada si se adopta una perspectiva alimentaria subordinada al mercado”, afirma el Proyecto de Ley integral del derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas, presentado por Ofelia Fernández la última semana en la legislatura porteña. La perspectiva alimentaria plantea la necesidad fundamental de cumplir con el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.
El modelo que ofrece el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde hace años plantea todo lo contrario: comida chatarra, barata y conveniente en términos comerciales. Ya nada queda del antiguo modelo de comedores escolares que, sabiendo que podía ser el único alimento del día para muchos de los pibes, ofrecían platos abundantes y nutritivos. Los guisos, las carnes y la variedad de verduras fueron reemplazados por sanguches de jamón y queso, medallones pre cocidos, arroz, pizzas y barritas de cereal que lejos están de asegurar una buena nutrición.
El nuevo proyecto de ley propone garantizar el acceso a una buena alimentación a través de varios ejes. Por un lado, se propone diseñar una Guía de Alimentos y Bebidas Saludables (GABS) y elaborar Pautas de Alimentación Saludable (PAS) teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS, organizaciones y profesionales especializados.
Se plantea la creación de una comisión interdisciplinaria en el ámbito del Ministerio de Educación, conformada por diez actores de diversas áreas: dos de la Asociación sindical de trabajadores de la educación con mayor número de afiliados y uno por la siguiente cantidad de afiliados, dos del Ministerio de Educación, tres representantes de cooperadoras escolares, tres profesionales de la salud del ámbito público con trayectoria relacionada a la alimentación infantil y adolescente, y dos estudiantes de nivel medio en representación de los centros de estudiantes.
Además, se busca establecer la universalidad de todos los servicios alimentarios que se brindan en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidad, obligando al Gobierno de la Ciudad a garantizar la gratuidad y la variedad de alimentos. Con la obligación de ofrecer un menú especial para los estudiantes que lo soliciten por motivos de salud acreditados por certificado médico y un menú vegetariano, vegano, bajo en sodio, bajas calorías, sin TACC o sin harinas refinadas, para los estudiantes que por decisión propia lo requieran.
Los contratos con las empresas encargadas de la alimentación escolar, tienen que estar supervisados por la comisión interdisciplinaria. Por su parte, las asociaciones cooperadoras pueden decidir gestionar el servicio por su cuenta, con los costos correspondientes asumidos y pagados por periodo adelantado íntegramente por el Ministerio.
Uno de los puntos más importantes del proyecto tiene que ver con la garantía del 25% de participación en la gestión del total del servicio de comedor, refrigerio, vianda y desayuno/merienda por parte de Grupos de la Economía Popular, Social y Solidaria. Para ejecutarlo se crearía un registro de postulantes, donde se elegirían los más convenientes con costos de trabajo asumidos y pagados por periodo adelantado íntegramente por el Ministerio correspondiente.
Por último, la comisión estará encarga de elaborar un Programa de Educación Alimentaria Integral para todos los niveles y modalidades educativos que incluya: un abordaje transversal de la alimentación como práctica social situada y como derecho humano fundamental, la promoción de prácticas alimentarias saludables desde una mirada crítica y profunda sobre la salud, el fomento de programas de huerta y compostaje y el desarrollo de campañas permanentes de concientización con criterio pedagógico.
“La intención de este proyecto no es realizar meras reformas sobre el sistema actual sino modificar el paradigma y todo lo que sea necesario para que la alimentación escolar no sea una variable económica sino un derecho humano”, concluye el informe.