ES LAWFARE, ES PERSECUCIÓN POLÍTICA

Miércoles 24 de agosto del 2022

Escribe: Agustín Ortiz 

La vicepresidenta habló este martes desde su despacho del Senado en la defensa de la causa Vialidad. Al negársele el derecho a la defensa, se expresó vía Twitter y se transmitió en vivo por todos los principales canales de televisión. Por la cercanía entre jueces y fiscales con Mauricio Macri, el encubrimiento de los negocios del macrismo en esa causa y la escasez de pruebas en su contra, la vicepresidenta denunció persecución y guerra judicial (lawfare).

Exposición de defensa de CFK desde su oficina.

Así también Cristina afirma que «es un juicio contra el peronismo y si piden 12 años de condena en su contra es “por los 12 años de nuestro Gobierno”». En Argentina, el peronismo es la fuerza de la clase trabajadora organizada desde hace más de 75 años, y por este motivo la oligarquía intentó bajo todas las formas de destruirlo. Hoy en día, la oligarquía no es de igual composición que la que escribía <<Viva el cáncer>> en las paredes, es decir, no solo es terrateniente y ganadera como en los albores de Argentina como Estado nación, sino que también es financiera, exportadora de otros comodities más propensos al siglo XXI y dueña de los medios de comunicación. También controla a la principal fuerza de oposición política pero sobre todo el Poder Judicial, institución fundamental para manejar el país a su antojo. En otras palabras, es el famoso poder real.

A su vez, esta oligarquía ha modernizado sus prácticas políticas, utilizando como arma principal sus medios de comunicación. Desde allí desparraman la hegemonía cultural, con el objetivo de que el peronismo desaparezca y para que por consiguiente, también desaparezca quien lo capitaliza políticamente: Cristina Fernández de Kirchner.

El Pte. de la Cámara y el Fiscal que pidió 12 años de prisión para CFK juegan al fútbol con Mauricio Macri.

Para ello entonces las corporaciones utilizan los medios de comunicación en articulación con la creación de causas judiciales flojas de papeles. Buscan que primen en el clamor popular sus intereses y cosmovisiones en la construcción del sentido común. Por un lado taladran desde sus principales medios de comunicación, por el otro atacan líderes populares con persecuciones judiciales. Sin embargo, el lawfare no es un mecanismo nacional, ni made in Comodoro Py, más bien es un mecanismo aplicado regionalmente que ha atacado por igual a todos los presidentes y líderes de gobiernos populares aunque con distinta suerte.

Alcanza solo con mencionar los principales casos. Dilma Rousseff ha sido destituida en un circo mediático, Lula da Silva fue encarcelado sin pruebas por un departamento que desconocía, Rafael Correa está proscripto en Bruselas y no puede pisar Ecuador sin ser detenido y a Evo Morales le han hecho un golpe de Estado a la vieja usanza. Cristina Fernández de Kirchner no es un caso aparte pero sí puede decirse que hasta el momento ha corrido mejor destino: es la vicepresidenta en funciones, no ha sido proscrita ni condenada por ninguna causa.

Bolsonaro y Moro, secuaces.

En los ’70 y otras décadas utilizaban métodos distintos, lo deja en claro Cristina en su discurso: «El objetivo del poder real siempre fue claro: correr a los líderes populares de la región para volver a instaurar los procesos de reformas neoliberales y la restauración conservadora. Pudieron un tiempo pero de a poco la realidad encausada por la fuerza popular comienza a dejar al descubierto la situación», expresó en su defensa mediática por la causa Vialidad. Y en este sentido volvió a acusar el plan de lawfare: “El partido judicial va a protegerlos a ellos, no sabemos nada sobre los 45.000 millones dólares de la deuda que dejó Mauricio Macri».

Por lo tanto, ya no es solamente un general estadounidense el que decide por los destinos de los países latinoamericanos con gobiernos populares sino la perfecta articulación entre corporaciones económicas, medios de comunicación y el aparato judicial. En fin, el poder real funcionando como una maquinaria arrasadora contra todo movimiento popular de la patria grande que redistribuya la riqueza y genere mayores niveles de soberanía y justicia social.