Lunes 19 de septiembre del 2022
Escribe: Agustín Ortiz
En el año 2019, la región latinoamericana comenzaba de manera significativa a mostrar cambios de presidente en sus gobiernos. La antesala de la pandemia estuvo marcada por la asunción de Jair Bolsonaro, el triunfo electoral del Frente de Todos en Argentina y el golpe de Estado contra Evo Morales. Algunos de estos casos, como Brasil por el perfil de su presidente y Bolivia por la interrupción de un gobierno constitucional, hacían poner en duda la calidad de la democracia. Mientras, en un pequeño país centroamericano, un joven presidente con apenas meses de gobierno daba órdenes a sus funcionarios por Twitter: «Se le ordena a la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, que remueva al hijo del ex Presidente de la República de su plaza en Fonavipo y que sus 4.000 dólares de salario pasen a la institución». La ministra, acató de inmediato por la misma vía, o en sus palabras: «ahorita mismo, Presidente». Este novedoso mecanismo comunicacional entre un primer mandatario y sus ministros sorprendió al mundo mientras que abría un interrogante, ¿puesta en escena o Twitter era una herramienta de gobierno? Ambas respuestas son correctas.
Nayib Bukele llegó a la presidencia salvadoreña siendo un empresario multimillonario de 38 años, hijo del magnate inmobiliario más grande de aquel país y posee un perfil más parecido al de un cantante de reggaeton que al de un primer mandatario. Por su constante utilización de redes sociales, en su país lo conocen como <<el presidente que gobierna por Twitter>>. Sin embargo, no son los excéntricos looks de gorra hacia atrás ni la comunicación oficial en 280 caracteres lo que caracteriza particularmente a su gobierno y que le permite gozar de un apoyo popular cercano al 80% de la población. Bukele ha obtenido su fama dotado de un exacerbado personalismo y llevando la institucionalidad democrática a los límites de lo permitido.
En lo económico y financiero, El Salvador está al borde del abismo, de una quiebra inédita, tan inédita como la solución que propone Bukele. El presidente ha decidido formalizar el bitcoin como moneda oficial y la emisión de bonos soberanos sustentados con la criptomoneda. En el mercado financiero, nadie sabe cómo afrontará la medida ni el pago de los US$1600 millones de deuda que El Salvador debe desembolsar entre 2023 y 2025 y que alcanza a un 90% del PIB. Los acreedores han perdido todo tipo de confianza y la incertidumbre de los compradores de bonos es total. Por su parte, el FMI instó a Bukele a retirar el bitcoin como moneda oficial: «La adopción de una criptomoneda como moneda de curso legal implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, la estabilidad financiera y la protección del consumidor y puede ocasionar pasivos fiscales contingentes», comunicó el organismo de crédito. La expectativa de Bukele consistía en revalorizar el precio de los bonos soberanos con la medida mencionada y así poder solventar los gastos que debe afrontar, lo que sería una recompra de la deuda. Sin embargo, la mira no está puesta únicamente en la solvencia o no, sino en que esto podría representar ni más ni menos que una estafa.
Desde el punto de vista democrático, Bukele es aún más preocupante. Hasta podría decirse que el abismo al que se conduce con la utilización del bitcoin es solo un detalle. El mandatario salvadoreño se reconoce a sí mismo en Twitter como <<el dictador más cool del mundo>>, algo que despierta alarmas en toda la comunidad internacional. Lo paradójico es que la tiranía con la que somete a la población cuenta con un 80% de apoyo popular. Y es que Bukele, primero gobernando por decreto durante la pandemia a la vez que desoía los fallos judiciales que se lo impedían, logró tener mayoría absoluta en el Parlamento, lo que le permite utilizar al congreso como un despacho para todas sus ambiciones. Para alcanzarlo, supo bien cómo construir las fuentes de aprobación y los lazos con la ciudadanía. La entrega de subsidios de 300 dólares, de computadoras y tablets para estudiantes y de bolsones de alimentos a una población desigual, estratificada y con la mayoría de su población bajo la pobreza y la informalidad, caló hondo a la hora de encontrar apoyos. Estos avales han sido fundamentales para desarrollar sus políticas absolutamente antidemocráticas.
Una de las cruzadas más importantes de su gobierno es lo que ha denominado como guerra contra las pandillas, una política represiva pero eficaz decidida a acabar con las organizaciones criminales, las maras, una estructura paraestatal con presencia en absolutamente todo el país. Con el objetivo de ejecutar su propuesta, bajó la edad de imputabilidad a 12 años y detuvo a cientos de miles de jóvenes bajo la acusación de pertenecer a las pandillas. No obstante, los organismos de DDHH miran con absoluta preocupación el mecanismo represivo de Bukele, argumentando que las detenciones son arbitrarias e ilegales, llevando detenidos a jóvenes de las zonas más pobres sin ninguna prueba de pertenencia a estos grupos criminales para su aprehensión. A esto se le suman las acusaciones de tortura de las fuerzas policiales en las cárceles hacinadas en las que ubican a los detenidos. La población salvadoreña, agotada de décadas de violencia desarrollada por las organizaciones criminales y su articulación con el Estado para la supervivencia de las mismas, apoya de manera casi unánime a Bukele en ese sentido, según encuestas ya que la reducción de la violencia criminal ha superado niveles históricos. Lo cierto es que desde los números oficiales, el apoyo es de un 65% si se utiliza a las urnas como fuente de validez.
Además, Nayik Bukele es el presidente que rompió con la hegemonía de los partidos tradicionales de El Salvador desde el fin de la guerra civil, y que ya alcanzaban niveles de total rechazo por su carácter corrupto y endógamo, y esto no es un detalle menor. Transitar por el sendero anti partidos tradicionales ha dotado al presidente de El Salvador los recursos de poder necesarios en la construcción de su liderazgo fuerte. A efecto de esto último, el autoritarismo es su herramienta para encontrar eficacia.
En este sentido, la institucionalidad democrática se encuentra en jaque también por los constantes ataques a la libertad de prensa y la persecución a periodistas que cuestionan su gobierno. Las amenazas con prisión para los periodistas que reproduzcan alguna información, noticia o mensaje relacionado a las pandillas son moneda corriente, lo que significa un claro avance contra la libertad de prensa. Para Bukele, todo aquel periodismo que no se pliegue a sus intereses de gobierno debe ser censurado y que dicho autoritarismo encuentre elevados índices de apoyo popular es absolutamente preocupante.
Por la reelección
El último capítulo de autoritarismo y que termina por consolidarse como dictador, según sus propias palabras, es el anuncio de su candidatura a la reelección presidencial para 2024. Lo llamativo es que la Constitución salvadoreña no permite que un presidente sea reelegido y Bukele tampoco ha impulsado una reforma de momento como para poder utilizar este recurso. Por lo tanto, el intento de continuar en el poder representa el cruce de los límites democráticos permitidos. Los fundamentos que utiliza Bukele y en los que centra su candidatura a la reelección es que un fallo de la Corte Suprema permite que la decisión recae en los electores. Y esto último se compone de manera indirecta: los electores han elegido a los miembros de la Asamblea Nacional, de la cual el presidente cuenta con mayoría absoluta y este Poder Legislativo ha elegido a los miembros de la Corte Suprema. Por consiguiente, se deriva que la decisión de la Corte Suprema está avalada popularmente. Sin embargo, lo que establezca en este sentido la Corte Suprema no tiene lugar en lo que establece la Constitución Nacional de El Salvador, la cual indica que el mandato tiene una duración de cinco años sin posibilidad de reelección. El artículo 152 de la Constitución, señala la necesaria alternabilidad en el cargo de presidente. Y el artículo 88 refiere que dicha alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político. Y a su vez establece que «la violación de esta norma obliga a la insurrección». Y tras el anuncio del intento de reelección, Bukele se encuentra totalmente dispuesto a violar la normal y erigirse como insurrecto.
Nayib Bukele es el claro ejemplo de que la elección de outsiders, excéntricos o de candidatos modernos que suponen la ruptura con la partidocracia tradicional no significan la sanidad para un sistema político corrupto o en crisis de representación. Si tomamos el caso brasileño, Jair Bolsonaro transita por el mismo sendero. En la experiencia salvadoreña, Bukele ha dado claras muestras de ser un peligro para la institucionalidad democrática y los Derechos Humanos, atravesando los límites de lo permitido y tomándose en serio su autoproclama de mote de dictador.