Viernes 23 de diciembre del 2022
Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, en diálogo con Eva Moreira y Julián Saud en #CuántoCuento por #AM530 #Somos Radio, la radio de las Madres. La Corte Suprema falla y manda por sobre las medidas de gobierno respecto a la coparticipación federal. El rol de los gobernadores y su posibilidad de acción frente al fallo de los cuatro jueces. Nota realizada el jueves 22 de diciembre del 2022.
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El gobierno de la Corte
“Otro absurdo, otra vez la Corte Suprema que asume función de legislador. Suspende la aplicación de una ley de la Nación dictada en el marco de sus incumbencias específicas y con extrema razonabilidad, diría, que convalidó el Decreto previo del presidente de la Nación fijando en 1.4%, que era el índice histórico que tiene la Ciudad de Buenos Aires de coparticipación federal. Este índice lo fijó en el año 2003 el ex presidente Duhalde. Y no por objeto de impugnación ni de reclamo alguno. Lo que hace a la transferencia y creación de la Policía Metropolitana se contempló especialmente con un aporte extraordinario del 0,92%. De manera que también estaba todo cubierto. La actitud de la Corte de dictar una medida cautelar que supone urgencia o peligro en la demora, dos años después, ya por sí solo descalifica el pronunciamiento y demuestra la manera absurda y arbitraria en que opera la Corte Suprema en beneficio, por supuesto, del mismo color político de siempre. A esto creo que hay que responderle con varias medidas institucionales».
“Sé que hoy (por el jueves) están reunidos los gobernadores con el presidente. Mi sugerencia para enfrentar esto han sido, y las repito acá: primero, la del pedido de juicio político, que deberían hacer los gobernadores. Porque por más que diga el fallo, de que este incremento de 2.35 a 2.95 se sufraga con fondos de la parte que le corresponde a la Nación, lo cierto es que esos fondos son empleados en obra pública en todo el país. De manera que sí o sí afecta la obra pública en la totalidad de nuestro país. Entonces, los gobernadores están perfectamente legitimados para impugnar el fallo. Y creo también, que debe hacerlo el Poder Ejecutivo nacional, reposando en la acción de fondo, porque sobre la acción de fondo no se pronuncian. Estos dos años se los han tomado solo para dictar una medida cautelar, que se superpone con el fondo de la cuestión que está en otro juicio, también en la Corte, con lo que han caído en prejuzgamientos. Por lo tanto el Poder Ejecutivo está perfectamente habilitado para recusar en la acción de fondo a los ministros de la Corte Suprema y pedirle integración con un tribunal de conjueces. Esto sería muy efectivo. Pero la medida ejemplar, para mí, es que los gobernadores pidan el juicio político a los ministros de la Corte por mal desempeño y posible comisión de delito. Esto se radica ante la Cámara de Diputados. Requiere una mayoría especial para la acusación. Pero hay que hacerlo porque si no esta Corte se lleva puestas todas las funciones de gobierno. Creo que es momento de actuar y no dejar que se consoliden los agravios institucionales que se están cometiendo porque esto afecta la división de poderes. Eso de dejar en suspenso una ley de la Nación por tiempo indeterminado es un disparate jurídico”.
«La medida ejemplar, para mí, sería que los gobernadores pidan el juicio político a los ministros de La Corte por mal desempeño y posible comisión de delito»
“Han desbordado sus competencias constitucionales para usurpar las competencias de los otros poderes del gobierno federal. Y una vez más, le recuerdo a la audiencia que el orden en que vienen propuestos y regulados los Poderes del gobierno federal son: primero el Poder Legislativo, después el Ejecutivo y finalmente el Judicial. La Corte en sus pronunciamientos pretende interferir en este orden de relación y apropiarse de atribuciones que son exclusivas de los otros poderes del gobierno federal que son, además, electos por la voluntad popular. Y son Poderes republicanos, porque sus mandatos tienen término. No así el de los jueces, que son un poder vitalicio y eso afecta la idea de República”.
“Los argumentos que dio para la cautelar son los mismos que va a utilizar, si es que prosigue en su mandato, en la cuestión de fondo. Si lo ha hecho como una cautelar es para medir un poco fuerzas, a ver como va la cosa. Si lo hubiera hecho como sentencia de fondo probablemente la reacción sería aún mayor que la que ya está concitando esta inopinada medida cautelar dictada dos años después, sin que el requisito de urgencia o peligro a la demora pueda invocarse. Porque sería ridículo, en ese caso, haber esperado dos años para dictarlo. Entiendo que hay que terminar de una vez por todas con este perverso gobierno de los jueces. Y tener una administración de Justicia condigna al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Lo que yo digo son las formas constitucionales de impugnar el fallo. Le doy un cauce institucional para que nadie salga a decir que es una especie de bravuconada del Poder Ejecutivo, sino una actitud conjunta de gobernadores y del Poder Ejecutivo de articular los mecanismos institucionales para enervar la continuidad de la Corte Suprema en el tema y para sr enjuiciada y removida por su ostensible mal desempeño”.